Una semana antes de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que cambió el escenario para el control de los pesticidas en Perú.
El 21 de julio de 2026, el tribunal concluyó que la vigilancia sanitaria y la fiscalización destinadas a garantizar que los alimentos vegetales vendidos en el país sean seguros para el consumo eran “estructuralmente insuficientes”. No se limitó a pedir mejoras: declaró un “estado de cosas inconstitucional”, una figura que utiliza cuando considera que el problema no responde a una falla aislada, sino a deficiencias más profundas que comprometen a varias instituciones del Estado.
El fallo fijó plazos para empezar a corregirlas. Una de las tareas más inmediatas recae sobre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) encargado, entre otras funciones, de controlar los pesticidas de uso agrícola y vigilar sus residuos en los alimentos que llegan al mercado.
Senasa debe reevaluar en 90 días hábiles cinco ingredientes activos: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin. El clorpirifos ya estaba prohibido desde agosto de 2024; los otros cuatro seguían autorizados.
Mientras dure la revisión, el Tribunal Constitucional ordenó suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos que contengan estas sustancias cuando se empleen para producir alimentos vegetales destinados al consumo interno. El tribunal tomó en cuenta sus riesgos para la salud humana y el ambiente. Para los otros cuatro ingredientes, al final de la revisión el Senasa deberá decidir, con evidencia científica actualizada, si pueden seguir autorizados, necesitan nuevas restricciones o deben prohibirse de manera definitiva.
Durante las semanas siguientes, el Senasa no explicó públicamente cómo estaba cumpliendo esa orden y no respondió a las solicitudes de entrevista de Salud con lupa. Recién el 9 de septiembre, cincuenta días después de la sentencia, formalizó mediante una resolución cómo aplicaría la suspensión. Esta no retira esos pesticidas del mercado, sino que congela su venta.
Los documentos obtenidos por este medio muestran, además, que la reevaluación empezó con demora y, hasta ahora, ha producido pocas definiciones nuevas.
El Senasa pidió los primeros pronunciamientos técnicos el 13 de agosto. Solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud y a la oficina ambiental del Midagri que revisaran las evaluaciones existentes sobre glifosato y metomil y que se pronunciaran sobre imidacloprid y clothianidin.
Digesa respondió dos semanas después. Para el glifosato, mantuvo su posición de 2025: recomendó que siga autorizado, pero que su etiqueta lo identifique como “probable carcinógeno”. La controversia científica y regulatoria sobre esta sustancia continúa. En Estados Unidos también permanece autorizada, pero la Agencia de Protección Ambiental está actualizando su evaluación de los riesgos para la salud humana, incluido su potencial cancerígeno, y prevé concluirla a fines de este año.
Para el metomil, Digesa también ratificó lo que ya había propuesto: limitar su uso en hortalizas, exigir la autorización de un ingeniero agrónomo y prohibir las aplicaciones aéreas y con drones. Este pesticida afecta el funcionamiento del sistema nervioso y puede provocar intoxicaciones agudas. La OMS lo clasifica como “altamente peligroso” por su toxicidad aguda. En la Unión Europea dejó de estar autorizado en 2019 y se retiraron los permisos de los productos que lo contenían.
En el caso de imidacloprid y clothianidin, Digesa no recomendó si debían seguir o no en el mercado. Consideró que la evaluación pendiente correspondía al ámbito ambiental y la dejó en manos de la oficina especializada del Midagri.
Esa oficina emitió cuatro opiniones técnicas, pero el Senasa consideró que aún no permitían llegar a una decisión: no incorporaban evidencia científica actualizada ni concluían cuál era el riesgo de las sustancias evaluadas. Por eso, le pidió revisar y completar los informes.
Ambas sustancias presentan riesgos para las abejas. En la Unión Europea, desde 2018 está prohibido aplicarlas al aire libre y solo se permiten determinados usos en invernaderos permanentes.
La coordinación entre las instituciones ha tenido dificultades. El 27 de agosto, Digesa no asistió a una reunión que el Senasa había convocado con carácter “muy urgente” para coordinar el cumplimiento de la sentencia. Dos días después, la jefa del Senasa, Vilma Gutarra, pidió mediante un oficio su participación y la calificó como “indispensable e insustituible”. Digesa designó a sus representantes el 1 de septiembre y asistió a una segunda reunión tres días después.
En ese encuentro, Digesa y la oficina ambiental del Midagri se comprometieron a revisar sus informes para que fueran “suficientemente motivados y concluyentes”.
Un nuevo gobierno frente a fallas ya conocidas
El Tribunal Constitucional ha dado también 180 días hábiles al Senasa, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Ministerio de Salud, a la Presidencia del Consejo de Ministros y a las municipalidades para poner en marcha un plan conjunto que corrija fallas en distintos puntos del sistema de control de pesticidas e inocuidad de alimentos de origen agrícola.
Entre las medidas ordenadas están reforzar la fiscalización, contar con laboratorios y personal especializado, rastrear el origen y recorrido de los alimentos, retirarlos con rapidez cuando incumplan las normas de residuos de pesticidas y hacer públicos los resultados de los monitoreos oficiales y las acciones tomadas después de cada hallazgo.
Estas obligaciones llegaron mientras el propio sector agrario entraba en un proceso de cambios. Pocos días después de asumir el gobierno, el Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante 120 días. Su nuevo titular, Marco Vinelli, tiene más de 15 años de experiencia en el sector agroindustrial y, antes de asumir el ministerio, era gerente general de Allpu, una empresa dedicada a la agroexportación.
En el Senasa, en cambio, permanece la misma autoridad. Vilma Gutarra dirige la entidad desde agosto de 2024. Durante su gestión ya se habían documentado algunas de las fallas que ahora la institución debe corregir.
En los últimos años, operativos de fiscalización encontraron pesticidas prohibidos que todavía se vendían y circulaban en el país. Los controles oficiales y cinco monitoreos ciudadanos, en los que participó Salud con lupa, detectaron además residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos y sustancias prohibidas en alimentos vendidos en mercados y supermercados.
Tres años siguiendo la pista de los pesticidas en los alimentos
Entre 2023 y 2025, el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos analizó frutas y verduras vendidas en mercados y supermercados de distintas ciudades del país. Revisa qué encontró en cada etapa.
La PCM, otra de las entidades obligadas a participar en el plan, no ha informado qué medidas había adoptado para cumplir la sentencia. Ante un pedido de acceso a la información pública de este medio, su Procuraduría respondió el 9 de septiembre que la entidad no había sido notificada con la demanda ni figuraba como parte del proceso, aunque reconoció que el mandato del Tribunal Constitucional le resulta exigible.
La sentencia ha recibido el respaldo de Conveagro y el Consorcio Agroecológico Peruano, organizaciones que han promovido una reducción de la dependencia de pesticidas y una transición hacia formas de producción más sostenibles.
Antes del fallo, los gremios vinculados a la industria habían advertido que restringir pesticidas elevaría los costos de producción y los precios de los alimentos. Tras la sentencia, en cambio, no se han pronunciado públicamente. Salud con lupa solicitó una entrevista a CultiVida —que reúne a empresas como Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, FMC y UPL—, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, CultiVida ya participa del proceso. El Senasa lo convocó a una mesa de trabajo instalada el 28 de agosto, donde los fabricantes podrán aportar información técnica sobre las sustancias suspendidas y comentar la propuesta de mecanismo para el control y la trazabilidad de pesticidas.
Qué pasa después de una inspección
En sus reportes públicos, Senasa afirma haber realizado 18.075 operativos de fiscalización en establecimientos que venden pesticidas agrícolas desde 2019. Solo en los primeros meses de 2026 informó que había supervisado cerca de 700 locales. En todo el país existen alrededor de 6.000 establecimientos autorizados para comercializar estos productos.
Pero esas cifras no muestran cuántos locales distintos fueron inspeccionados durante esos años ni qué ocurrió cuando se encontraron infracciones. Salud con lupa revisó la información pública disponible y no encontró datos que permitan seguir esos casos hasta saber si terminaron en sanciones o si las tiendas volvieron a incumplir.
Una auditoría del Órgano de Control Institucional (OCI) del propio Senasa muestra algunos de esos problemas de seguimiento. De 571 inspecciones realizadas en 2023 y 2024, en 502 se detectó que los establecimientos vendían pesticidas sin la presencia del asesor técnico exigido por la norma: casi nueve de cada diez. Este profesional debe orientar a los compradores sobre el manejo adecuado de los productos y supervisar que su venta cumpla las condiciones establecidas.
La auditoría también encontró demoras para iniciar sanciones. En una muestra de 27 expedientes, los informes necesarios para abrir un procedimiento sancionador tardaron entre nueve meses y un año y nueve meses. En uno de los casos, Ferreagro S.A.C. vendía pesticidas sin autorización y en un espacio compartido con alimentos y bebidas. Senasa detectó la infracción en octubre de 2024, pero el informe que recomendó iniciar el proceso sancionador se elaboró casi siete meses después.
El OCI encontró además problemas con el seguimiento de pesticidas que ya habían sido inmovilizados. En 13 expedientes revisados no halló documentos que acreditaran cuál había sido el destino final de esos productos. En La Tienda del Inge, en Huacho, Senasa inmovilizó once pesticidas vencidos en septiembre de 2023 y regresó al local recién en junio de 2025. Para entonces, el negocio ya no funcionaba en esa dirección y los productos habían sido desechados por el personal sin supervisión técnica.
La auditoría deja ver algo que las cifras de operativos no muestran: detectar una infracción no garantiza que el caso sea sancionado a tiempo ni que los productos inmovilizados permanezcan bajo seguimiento.
Sin rastro del origen
Cuando un alimento aparece con residuos de pesticidas fuera de norma, saber dónde fue comprado no basta para encontrar el origen del problema.
Una supervisión de la Defensoría del Pueblo publicada en marzo de 2026 mostró hasta qué punto esa información puede faltar. El organismo analizó 92 muestras de productos agrícolas recogidas en mercados de distintas regiones. En 41 encontró rastros de pesticidas y 23 superaron los límites máximos de residuos. En un tomate detectó además clorpirifos, cuyo uso agrícola ya estaba prohibido.
Al revisar los 73 puestos donde realizó la supervisión, halló que el 72,6% no registraba de qué distrito, provincia o región procedían sus productos; el 83,6% no conservaba documentos de compra, como boletas o guías de remisión, y nueve de cada diez no anotaban cuándo ni en qué vehículo habían ingresado los alimentos al mercado.
Rastrearlos hasta el lugar donde se produjeron requiere que esa información los acompañe a lo largo de la cadena y que distintas autoridades puedan compartirla y actuar de manera coordinada. Senasa interviene en la producción primaria de los productos agropecuarios, mientras que, a medida que estos avanzan hacia los mercados y puntos de venta, entran en juego competencias de las municipalidades y otras autoridades sanitarias. El propio Tribunal Constitucional concluyó que la respuesta de las entidades involucradas había sido insuficiente.
La capacidad para ejercer esos controles también ha sido motivo de discusión. Durante el debate de una reforma anterior de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, Senasa estimó que necesitaría más de 2.600 inspectores especializados para asumir la vigilancia de los 2.612 mercados de abasto registrados en el país y advirtió que disponía de una capacidad de laboratorio muy limitada para analizar contaminantes en alimentos frescos. La propuesta obtuvo dictámenes favorables en dos comisiones, pero no llegó al Pleno antes de que terminara el anterior Congreso.
Ahora el Tribunal Constitucional ha convertido la trazabilidad en una obligación concreta. Su sentencia ordena implementar un sistema que permita identificar rápidamente el origen de los alimentos con problemas, determinar en qué punto de la producción o comercialización ocurrió el incumplimiento y actuar mediante su inmovilización, retiro o una alerta sanitaria. Sin ese mecanismo, advirtió el tribunal, los hallazgos pueden terminar siendo tardíos y no impedir que el riesgo continúe.
El 10 de agosto, la bancada Ahora Nación presentó un proyecto para reformar el sistema de control de los alimentos. La iniciativa plantea crear un sistema de trazabilidad que permita seguir los productos desde el campo o la granja hasta el consumidor y fortalecer las responsabilidades de Senasa, Digesa, Sanipes y los gobiernos regionales y locales en su transporte, almacenamiento y comercialización.
La diferencia es que el proyecto todavía debe pasar por el Congreso. La orden del Tribunal Constitucional para implementar la trazabilidad ya está vigente. El tribunal vinculó además esta carencia con una desigualdad más amplia en el sistema de control: mientras los alimentos destinados a la exportación deben cumplir exigencias que permiten identificar su origen y responder ante un problema, esa capacidad no está garantizada de la misma manera para los productos que consumen los peruanos.
La industria y las decisiones que vienen
El control de los pesticidas no depende solo de cómo los utilizan los agricultores. Las empresas que los fabrican y comercializan también participan en discusiones sobre las reglas que determinan qué productos llegan al mercado y bajo qué condiciones pueden usarse.
Esa relación adquiere especial relevancia con la nueva conducción del sector agrario. Antes de asumir el Midagri, Marco Vinelli dirigía el Instituto de Desarrollo Económico de ESAN. En octubre de 2024 participó, en representación de la universidad, en la renovación por dos años de un convenio con CultiVida. La colaboración había comenzado en marzo de 2022 y dio origen a un Diploma en Gestión Comercial de Insumos Agrícolas dirigido a trabajadores de las empresas asociadas al gremio de pesticidas.
CultiVida se define como representante de la “industria de la ciencia de los cultivos” en Perú y señala entre sus objetivos promover marcos regulatorios e involucrar al Gobierno. Tras la designación de Vinelli, el gremio lo felicitó públicamente y manifestó su disposición a aportar al “diálogo técnico” con la nueva gestión. El 10 de agosto volvió a ofrecer trabajar coordinadamente con el Midagri mediante capacitación y asistencia técnica para agricultores.
El gremio ya había fijado posición frente al proceso que terminó en la sentencia del Tribunal Constitucional. En mayo, cuando el caso todavía estaba pendiente, advirtió que restringir pesticidas sin alternativas equivalentes podía reducir la producción, elevar los costos y afectar el precio de los alimentos. Su director ejecutivo, Rubén Carrasco, sostuvo que cualquier decisión debía basarse en evidencia científica y considerar también sus consecuencias económicas y sociales.
CultiVida planteó además que parte del problema está fuera del mercado formal. Puso como ejemplo al paraquat, metamidofos y carbofurano, que han seguido utilizándose después de ser retirados debido, según el gremio, al contrabando desde países vecinos.
En sus comunicaciones sobre residuos de pesticidas en alimentos, CultiVida sostiene también que superar un límite máximo no significa automáticamente que el alimento sea tóxico y pone el énfasis en evaluar el riesgo, respetar las dosis y los tiempos entre la aplicación y la cosecha y mejorar las buenas prácticas agrícolas.
La participación de CultiVida en discusiones técnicas con el Estado viene de antes. Una investigación de Salud con lupa publicada en 2024 documentó al menos tres reuniones realizadas en 2023 entre funcionarios del Midagri, representantes del gremio y especialistas de empresas de pesticidas para promover dos herramientas desarrolladas a través de CropLife, la red internacional de la industria y que integra CultiVida. Una de ellas, el modelo ANDES, terminó incorporada a una plataforma del ministerio para evaluar la posible exposición de fuentes de agua a pesticidas.
CultiVida sostuvo entonces que esas herramientas eran un aporte técnico y que su participación no implicaba interferencia. El antecedente cobra relevancia ahora que el Midagri deberá tomar nuevas decisiones sobre estas sustancias y reformar parte del sistema de control. En los próximos meses tendrá que mostrar no solo qué decisiones adopta, sino con qué evidencia las sustenta y cómo garantiza que las evaluaciones que corresponden al Estado se realicen con independencia.
Paul Tuesta colaboró con datos para este informe.
