Lucinda Quispealaya tenía diez años cuando aprendió a fumigar la papa en las chacras de Junín donde creció. Llenaba un balde con Furadan, un pesticida a base de carbofurano que décadas después sería prohibido en Perú, y, con una pajilla, lo aplicaba planta por planta contra el gorgojo de los Andes. Lo hacía como había visto hacerlo a su madre: sin guantes ni mascarilla, y a veces el producto le salpicaba las manos. Al terminar, volvía a casa con esa misma ropa y se sentaba a comer. Nadie les había explicado cómo protegerse ni qué riesgos implicaba manipular esos productos. Los llamaban, sencillamente, “el remedio de la papa”.
Ahora, mientras recorre su parcela en Misquipata, Lucinda recuerda que los dolores de cabeza, los problemas respiratorios y los cólicos eran frecuentes entre quienes fumigaban. Entonces no sabían por qué ocurrían. Ella misma dice que hoy tiene dolores en los huesos y episodios de migraña, pero nunca se había preguntado si podían tener alguna relación con los años que pasó trabajando con pesticidas. Con el tiempo, empezó a escuchar cada vez más historias de agricultores enfermos, algunos con cáncer, y volvió a pensar en todo ese tiempo de exposición. “Ahora es común hablar del cáncer”, dice.
Las formas de aplicar los productos han cambiado, pero algunas escenas siguen siendo familiares. En una chacra de Sicaya, cerca de Huancayo, un joven de unos veinte años avanza entre surcos de ajo con una fumigadora a motor sobre la espalda. Una nube fina sale de la máquina y lo rodea mientras camina. Tiene el rostro y las manos descubiertos. A pocos metros, un barril contiene la mezcla que utiliza para recargar la fumigadora antes de volver al cultivo.
Para muchos agricultores, estas situaciones se repiten temporada tras temporada. No todos cuentan con equipos de protección ni reciben orientación suficiente para manipular los pesticidas. Lucinda aprendió recién de adulta, ya como dirigente agraria, a reconocer las etiquetas de peligro y tomar mayores precauciones. Pero conocer mejor los riesgos no elimina la presión por salvar la cosecha: cuando aparece una plaga, dejar de fumigar puede poner en juego parte del sustento de la familia.
La exposición a pesticidas deja rastros medibles en el cuerpo. En 2020, investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD) analizaron muestras de cabello de 50 adultos de Junín, Huancavelica, Ica y Lima. Buscaron residuos de 170 sustancias vinculadas a pesticidas y detectaron 67. En promedio, cada persona tenía casi doce sustancias distintas en el cabello.
Perú: casi 12 rastros de pesticidas en el cabello por persona
Cada punto es una de las 147 personas analizadas. La posición indica cuántas sustancias vinculadas a pesticidas se hallaron en su cabello, de 170 buscadas.
Gráfico: Salud con lupa. Fuente: Exposure assessment of 170 pesticide ingredients and derivative metabolites in people from the Central Andes of Peru.
Entre los participantes peruanos, las concentraciones fueron mucho mayores que las registradas en los grupos estudiados en Francia y Laos. Incluso las personas con los niveles más bajos en Perú presentaban concentraciones superiores a las de las personas más expuestas de los otros dos países.
En Junín y Huancavelica se registraron la mayor variedad de pesticidas y algunas de las concentraciones más altas. Más de la mitad de las 50 personas estudiadas dijo usar estos productos con regularidad y, entre quienes los aplicaban como parte de su trabajo, el 35% reconoció hacerlo sin equipos de protección.
Seis años después, parte del mismo equipo quiso averiguar si las zonas donde estimaban un mayor riesgo de exposición a pesticidas coincidían también con lugares donde se concentraban más casos de cáncer. El estudio, publicado en abril de 2026 en la revista científica Nature Health, analizó 31 pesticidas de uso agrícola y los registros de 158.072 pacientes con cáncer atendidos por el INEN entre 2007 y 2020.
Para estimar dónde podía ser mayor la exposición, los investigadores combinaron información sobre las zonas agrícolas y el comportamiento de cada pesticida con factores como las lluvias, la pendiente y el tipo de suelo, que influyen en cómo estas sustancias permanecen o se desplazan en el ambiente. Luego compararon ese mapa con los lugares donde vivían los pacientes.
Así identificaron 436 focos donde un mayor riesgo estimado de exposición coincidía con una mayor presencia de casos de cáncer. Estos aparecieron en distintas zonas agrícolas del país. En Junín, Huánuco y Pasco abarcaban áreas extensas; también se encontraron en Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco, y en partes de la costa de Áncash, Piura e Ica.
En Junín, uno de esos focos reunía varios tipos de cáncer. En Chanchamayo, además, los casos de cáncer de hígado se concentraban en una zona donde el estudio estimó un mayor riesgo de exposición a pesticidas. Este tipo de cáncer ya había llamado la atención de los investigadores porque en Perú afecta de manera desproporcionada a personas jóvenes, sin cirrosis y de ascendencia indígena, sobre todo en regiones del centro del país.
Para explorar qué podía estar ocurriendo, el equipo analizó muestras de hígado de 36 pacientes con cáncer, todos sin cirrosis y residentes en zonas consideradas de riesgo. En partes del órgano donde todavía no había tumor encontraron una señal compatible con la exposición a sustancias capaces de favorecer el desarrollo de cáncer.
Sandro Casavilca, jefe del Banco Nacional de Tumores del INEN y uno de los autores del estudio, explica que el análisis no busca atribuir el cáncer a un pesticida en particular, sino entender qué ocurre cuando distintas sustancias se acumulan durante años. “La suma de todos estos compuestos en altas cantidades durante exposición prolongada tiene un riesgo incrementado para cáncer”, dijo durante una exposición en la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Para Casavilca, los hallazgos ya plantean una responsabilidad para las autoridades, aun cuando queden preguntas por investigar. “Nuestro trabajo es plantear los hechos y los riesgos. El trabajo del Estado es tomar las medidas”, sostuvo.
La exposición que el sistema no vigila
Germán Huaynalaya ha visto cómo las heladas y el calor cada vez más intenso vuelven inciertas las campañas agrícolas en el distrito de Matahuasi, en el Valle del Mantaro. Agricultor, profesor y presidente de la Federación Agraria Regional de Junín, cuenta que esas condiciones agravan los problemas de plagas y obligan a fumigar varias veces durante una misma campaña. El tomate, por ejemplo, puede recibir hasta ocho aplicaciones de pesticidas antes de la cosecha. Y si el problema regresa, dice, “tienes que volver a fumigar”.
A Germán le inquieta lo que ocurre con quienes realizan esa tarea una y otra vez. Si el pesticida se derrama sobre el cuerpo o provoca una reacción fuerte, suelen buscar atención de emergencia. Con los dolores de cabeza o de estómago que aparecen después ocurre algo distinto. Muchos, dice, se quedan en casa porque en el centro de salud no reciben la atención que necesitan. Cuando se sienten mejor, regresan a la chacra.
En la práctica, el sistema de salud vigila principalmente las intoxicaciones agudas: los casos en que una persona presenta síntomas poco después de entrar en contacto con un pesticida y llega a atenderse. “Los servicios están preparados sobre todo para responder a esas emergencias”, dice la doctora Carmen Castañaga, exintegrante del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) del Minsa. Lo que ocurre cuando la exposición se repite durante meses o años y los posibles efectos aparecen más tarde, en cambio, no se sigue de manera sistemática.
Entre 2021 y 2025, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades registró, en promedio, unas 1.560 intoxicaciones agudas por pesticidas cada año. Solo en 2025 fueron 2.011 y, hasta mediados de mayo de 2026, ya se habían notificado otras 783. Los agricultores son quienes más aparecen en estos registros, y Lima, Piura, Cusco, Junín y Huánuco están entre las regiones con mayor número de casos notificados.
Para la doctora Castañaga, saber hasta dónde llega el problema y diseñar políticas que protejan a las personas exige que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) integren la información que ya recogen sobre el uso de pesticidas en el campo: cuántos trabajadores están expuestos, qué productos aplican, en qué lugares, en qué cantidades y con qué frecuencia.
En Perú hay más de dos millones de personas dedicadas a la agricultura y la crianza de animales. Entre quienes tienen tierras, 97 de cada 100 forman parte de la agricultura familiar. Muchos trabajan con pocos recursos y escaso acceso a asistencia técnica. Aun así, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la agricultura familiar provee alrededor del 70% de los alimentos que consumen los peruanos.
Lo que encontró Salud con lupa es que la falta de vigilancia sobre quienes están más expuestos no se explica por un vacío en las reglas. Desde 2014, el propio Ministerio de Salud tiene una norma para detectar riesgos entre quienes están en contacto frecuente con pesticidas por su trabajo o por el lugar donde viven, en lugar de limitar la vigilancia a los casos de intoxicación que llegan a los servicios médicos.
Para eso existen los establecimientos de salud “centinela”: centros seleccionados para detectar activamente casos de intoxicación dentro de poblaciones expuestas e investigar situaciones de riesgo en las zonas donde se utilizan pesticidas. La regulación también establece alertas ante situaciones especialmente preocupantes, como intoxicaciones de niños o mujeres embarazadas, el uso de pesticidas prohibidos o la aparición de varios casos en una misma localidad.
Salud con lupa preguntó al Ministerio de Salud qué establecimientos cumplían esa función en Junín, para verificar dónde estaban ubicados y cómo realizaban esa labor. La respuesta fue que en toda la región no está implementada la vigilancia centinela.
La vigilancia se limita al registro de las intoxicaciones agudas detectadas en los establecimientos de salud. Para que un caso ingrese al sistema, la persona debe acudir a un servicio, la intoxicación debe ser reconocida y luego notificada. Así, en una de las regiones con mayor actividad agrícola del país, el sistema depende de los casos que llegan a los servicios de salud, en vez de buscarlos activamente entre las poblaciones expuestas.
Mujeres expuestas dentro y fuera de la chacra
Quien fumiga no es la única persona que puede entrar en contacto con pesticidas. En varias de las viviendas visitadas por Salud con lupa en Junín, los pesticidas se almacenaban dentro de la casa. Los residuos también pueden llegar desde el campo en la ropa usada para trabajar. Así, las mujeres pueden quedar expuestas aunque no sean ellas quienes fumigan.
Investigadores del Centro Internacional de la Papa examinaron cómo se repartían entre hombres y mujeres las tareas relacionadas con el cultivo de papa y el manejo de pesticidas en dos comunidades: Chugay, en La Libertad, y Paucartambo, en Pasco. Los resultados, publicados en 2024 en la revista NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences, muestran que algunas mujeres lavaban la ropa que sus esposos habían usado para fumigar. Los hombres dijeron que no utilizaban ropa especial de protección y algunos reconocieron que trabajaban con la misma vestimenta durante varios días.
En los hogares encabezados por mujeres, ellas también podían asumir tareas directamente relacionadas con el manejo de pesticidas, como limpiar la mochila fumigadora, comprar los productos, preparar las mezclas y fumigar su parcela.
Otros sistemas de salud han desarrollado mecanismos para vigilar exposiciones que no dependen de que ocurra una intoxicación aguda. En Brasil, el sistema público reúne información sobre el uso de pesticidas, las poblaciones expuestas y los problemas de salud registrados en cada territorio para orientar la prevención. En California, determinados trabajadores que los manipulan con frecuencia deben hacerse análisis de sangre periódicos. Si los resultados muestran una exposición demasiado alta, se toman medidas para reducirla y, en algunos casos, se los aparta temporalmente de esas tareas.
En Perú, la norma establece que los datos de vigilancia epidemiológica deben servir para elaborar reportes, emitir alertas y recomendar medidas. Salud con lupa pidió al Minsa los documentos enviados con ese propósito durante los últimos tres años y recibió solo uno, elaborado en noviembre de 2025. El informe volvía a concentrarse en las intoxicaciones agudas y recomendaba mejorar su detección, reforzar la prevención y coordinar mejor entre instituciones.
Para la doctora Castañaga, investigar en Perú los posibles efectos de los pesticidas en la salud humana sigue siendo difícil por la falta de decisión política, financiamiento y laboratorios acreditados para determinados estudios.
Cuando quien vende también aconseja
Pablo Boza cultiva papa y habas en Pucará, al sur de Huancayo, y preside la comunidad campesina del distrito. Cuando necesita un pesticida, suele recibir las indicaciones en el mismo lugar donde lo compra. Los vendedores le explican cuánto producto usar y cómo preparar la mezcla para una mochila fumigadora de 15 o 20 litros. “Son los que nos asesoran”, dice.
Ese papel de las tiendas de agroquímicos está muy extendido. En Junín hay 1.479 establecimientos autorizados para comercializar pesticidas agrícolas y, en todo el país, más de 6.000. La regulación establece que estos negocios deben contar con un asesor técnico: un ingeniero agrónomo o biólogo registrado ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, encargado de orientar a los agricultores sobre el uso adecuado de los productos. Senasa es, además, la autoridad responsable de supervisarlos.
Pero un estudio realizado en los Andes encontró serias fallas en esos consejos. En el 88,2% de las recomendaciones evaluadas hubo algún error, desde reconocer la plaga y elegir el pesticida hasta indicar cuánto producto aplicar.
La investigación fue realizada por un equipo internacional que incluyó especialistas del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, el Grupo Yanapai de Concepción, en Junín, y organizaciones y universidades de Ecuador y Bolivia. Los resultados fueron publicados en junio de 2022 en la revista científica PLOS Sustainability and Transformation. En Perú, el estudio abarcó Junín, Pasco, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho.
Para saber qué consejos recibía un agricultor en una situación real de compra, los investigadores trabajaron con pequeños productores que acudieron de incógnito a las tiendas. Mostraban la fotografía de una plaga común de la zona y preguntaban qué pesticida debían usar, cuánto aplicar y con qué frecuencia. Los vendedores no sabían que formaban parte de una investigación.
En total, se recogieron 9.670 recomendaciones durante 1.489 consultas en Perú, Ecuador y Bolivia. Después, los investigadores compararon cada respuesta con las indicaciones oficiales de los productos. Casi la mitad recomendaba un pesticida que no correspondía a la plaga consultada y, en más de la mitad, la dosis indicada era incorrecta.
Las diferencias podían ser considerables. En un tercio de las recomendaciones se aconsejó usar más producto del indicado y, en algunos casos, la cantidad llegaba a ser hasta ocho veces superior al máximo señalado en la ficha oficial. En casi una de cada cinco ocurrió lo contrario: se recomendaron dosis que podían ser hasta cinco veces menores.
Ambos errores tienen consecuencias. Aplicar demasiado aumenta innecesariamente la exposición de quien fumiga y la cantidad de pesticida que llega al cultivo y al ambiente. Aplicar muy poco puede no eliminar la plaga y favorecer que desarrolle resistencia al producto, lo que puede llevar a fumigar nuevamente.
El estudio encontró otro problema: no solo se recomendaban mal las dosis o los productos, sino que muchos de los pesticidas sugeridos eran peligrosos. El 44,8% fue clasificado por los investigadores como riesgoso para las personas o el ambiente.
Los investigadores quisieron saber si era necesario recurrir a los pesticidas de mayor toxicidad para controlar esas plagas. Simularon qué habría ocurrido si el vendedor hubiera recomendado un producto adecuado, respetado las indicaciones oficiales y, cuando existían varias opciones, elegido la menos tóxica. Encontraron que los pesticidas de las categorías más peligrosas podían evitarse.
Para los autores, estos resultados cuestionan que el uso incorrecto de pesticidas pueda atribuirse solo a los agricultores. Muchos pequeños productores dependen de las tiendas para decidir qué comprar y cómo usarlo, mientras la persona que los orienta participa también en la venta. Por eso plantean que reducir los riesgos requiere intervenir también en ese punto de la cadena.
La propia regulación peruana intenta evitar parte de ese problema al exigir un asesor técnico en los establecimientos autorizados. Pero ese control no siempre funciona. Informes recientes de la Contraloría han encontrado locales donde estos profesionales no estaban presentes durante los horarios declarados y fallas del Senasa al supervisar esa asistencia.
Pesticidas prohibidos siguen apareciendo
El Furadan que Lucinda recuerda haber usado desde niña no ha desaparecido del vocabulario de los agricultores del Valle del Mantaro. Otros productores entrevistados dicen que todavía lo utilizan o conocen a quienes recurren a él para combatir plagas que atacan la papa. Su ingrediente activo, el carbofurano, está prohibido para uso agrícola en Perú desde septiembre de 2022 por su alta peligrosidad: puede afectar gravemente a una persona si se ingiere, se inhala o entra en contacto con la piel, y también daña a la fauna y a insectos polinizadores como las abejas.
No es el único pesticida prohibido que sigue apareciendo. El metamidofos dejó de poder utilizarse y comercializarse en 2020 y el clorpirifos fue prohibido en 2024. Sin embargo, después de esas fechas, las tres sustancias volvieron a encontrarse en alimentos vendidos en el país. En 2025, el monitoreo ciudadano en el que participa Salud con lupa detectó residuos de carbofurano, metamidofos y clorpirifos en pimientos, tomates y ají amarillo comercializados en supermercados de Lima.
Los productos prohibidos también siguen apareciendo en los puntos de venta. En abril de 2026, el Senasa informó que había decomisado pesticidas prohibidos en varias regiones, entre ellas Junín. La entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no solo decide qué productos pueden comercializarse y cuáles deben retirarse por sus riesgos para la salud o el ambiente: también debe fiscalizar que esas prohibiciones se cumplan. En el caso del carbofurano, el propio Senasa señaló al prohibirlo que existían otras opciones de eficacia similar y menor riesgo.
Pero la discusión sobre qué pesticidas deberían seguir disponibles no termina con los que ya fueron prohibidos. En julio de 2026, el Tribunal Constitucional concluyó que la vigilancia y fiscalización estatal de los pesticidas utilizados para producir alimentos destinados al mercado peruano era “estructuralmente insuficiente”. El fallo tomó en cuenta, entre otras evidencias, la presencia reiterada de residuos por encima de los límites permitidos y de sustancias prohibidas en alimentos comercializados en el país.
El tribunal ordenó suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos que contengan cinco ingredientes activos: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, cuando se utilicen para producir alimentos destinados al consumo interno. El clorpirifos ya estaba prohibido para uso agrícola en Perú desde 2024.
El Senasa formalizó la medida recién el 9 de septiembre, cincuenta días después del fallo. Esos productos no fueron retirados del mercado. La sentencia dio al organismo 90 días hábiles para reevaluarlos y decidir si deben mantenerse, restringirse o prohibirse.
El fallo también dio 180 días hábiles a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Senasa, al Midagri, al Ministerio de Salud y a los gobiernos locales para poner en marcha un plan que refuerce la vigilancia, la fiscalización y la respuesta frente a alimentos con residuos de pesticidas. Consultada por Salud con lupa sobre qué había hecho para cumplir esta orden, la PCM respondió en septiembre que no fue notificada con la demanda ni figura como parte del proceso. No informó de ninguna medida adoptada.
Salud con lupa solicitó entrevistas al Ministerio de Salud y al Senasa para conocer cómo avanzaba el cumplimiento de la sentencia del TC. Ninguna de las dos instituciones respondió. Ante la falta de respuesta, este medio recurrió a solicitudes de acceso a la información pública para conocer qué acciones habían adoptado. Los documentos entregados muestran que las primeras coordinaciones registradas entre ambas entidades son de fines de agosto, más de un mes después de la sentencia: dos convocatorias calificadas como “muy urgentes”.
Lo que queda después de fumigar
“Yo lo que hago es quemarlo”, dice Pablo Boza sobre los recipientes que quedan después de usar pesticidas en sus chacras de Pucará. Empezó a hacerlo después de que un niño encontró uno abandonado en una parcela, lo manipuló y terminó intoxicado. Tuvieron que llevarlo a un centro de salud. Desde entonces, Pablo cree que el fuego evita que alguien vuelva a exponerse al producto.
Pero quemarlos también implica riesgos. Aunque parezcan vacíos, pueden conservar residuos de pesticidas y, al prenderles fuego, liberar humos tóxicos y dejar sustancias peligrosas en el ambiente.
La regulación peruana indica qué debe ocurrir con esos recipientes y quiénes son responsables. Los agricultores deben lavarlos tres veces, inutilizarlos para impedir que vuelvan a usarse y llevarlos a centros de acopio. Las empresas que registran y comercializan pesticidas deben contar con programas para recogerlos y darles un destino seguro, mientras que al Senasa le corresponde aprobar esos programas y supervisar su cumplimiento. Quemarlos, enterrarlos o abandonarlos en chacras, acequias y canales de riego está prohibido.
En el Valle del Mantaro existe al menos un punto para entregarlos. Campo Limpio, una asociación formada por empresas del sector agroquímico para gestionar estos residuos, registra un centro de acopio en Apata, Jauja. Sin embargo, varios agricultores entrevistados dijeron que no sabían que podían llevar allí los envases.
En Sicaya y Orcotuna, Salud con lupa encontró decenas de envases de pesticidas tirados entre las chacras y dentro de canales de riego, además de restos de envases quemados. Germán Huaynalaya también mostró varios abandonados en zonas agrícolas de Matahuasi. Los restos de pesticidas que aún contienen pueden contaminar el suelo o llegar al agua cuando esta circula nuevamente por los canales.
Lo encontrado en las chacras muestra que las reglas y los sistemas de recojo todavía no evitan que estos envases queden en las zonas agrícolas, donde las familias viven y trabajan. La exposición, por tanto, no necesariamente termina cuando acaba la fumigación.
Paul Tuesta colaboró con datos para este informe.
