Plaguicidas en alimentos: ¿Cómo mejoramos el sistema de control?

A diferencia de los exigentes controles sanitarios que tienen los alimentos que el Perú exporta a otros países, las frutas y verduras que compramos los peruanos en un mercado o supermercado tienen altas concentraciones de plaguicidas que superan los límites fijados por las normas sanitarias locales y que los hacen no aptos para el consumo humano. Salud con lupa lo ha demostrado con el Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos de Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao, realizado en alianza con el Consorcio Agroecológico Peruano, la Red de Agricultura Ecológica, y el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo.

¿Qué podemos hacer frente a este grave problema de salud pública? Para abrir la conversación pública y explorar soluciones, el martes 4 de abril, las organizaciones aliadas convocamos a las instituciones del Estado competentes en la vigilancia sanitaria de los alimentos y a los supermercados involucrados Plaza Vea, Metro, Vivanda, Wong, Tottus y Minka para exponerles los resultados de nuestra investigación y conocer las acciones de corto, mediano y largo plazo que se necesitan cumplir para que el Perú tenga un sistema de control sanitario de alimentos frescos que funcione de manera eficiente.

Aunque convocamos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad pública responsable de analizar los alimentos que se cultivan en Perú, y a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud sus representantes no asistieron. Salvo Cencosud, corporación a la que pertenecen Wong y Metro, los demás supermercados tampoco participaron pese a que todos fueron notificados mediante cartas que entregamos a sus representantes.

Los que sí atendieron nuestro llamado fueron Rosa Morán, especialista en seguridad de productos y servicios de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi; Jorge Moreno, director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri; Guido Ubarnes, subgerente de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Lima, Fernando Castro, coordinador de proyectos de FAO-Perú; Enrique Jacoby, exviceministro de Salud; Juliana Torres, coordinadora de Vigilancia, Proveedores y Reclamos de Cencosud; y Mariela Wismann, socióloga y miembro de la ONG Rikolto.

Una reforma integral

Los hallazgos del estudio fueron presentados por el autor de la Ley de Alimentación Saludable y promotor del monitoreo ciudadano, Jaime Delgado, quien alertó sobre las altas concentraciones de agroquímicos detectadas en siete tipos de frutas y verduras (apio, tomate, cebollita china, ají amarillo, beterraga, tomate y fresa) vendidas en los supermercados. Varios de los alimentos excedieron hasta 249 veces los límites máximos permisibles de plaguicidas. Para llegar a estos resultados, se recogieron 84 muestras de alimentos -bajo la supervisión de dos notarios- y fueron enviadas a los laboratorios certificados Mériux NutriSciences-Perú y Normec Groen Agro Control.

“Los supermercados pueden cumplir un importante papel la tarea de proteger la salud de sus clientes al seleccionar mejor a sus proveedores, establecer estándares para el cumplimiento de las condiciones mínimas que garanticen inocuidad de los alimentos, contar con un sistema de trazabilidad para identificar claramente quiénes, dónde y en qué condiciones se producen las frutas y verduras que adquieren ellos para vender en sus locales”, explicó Delgado.

Esta es solo una parte del problema pendiente por atender en el corto plazo, pero se necesita también que el Midagri y el Senasa implementen mejores prácticas para una agricultura sostenible y se diseñe un mejor sistema del control de alimentos para el mercado interno. “El problema no es nuevo, requiere de voluntad política y de que se atiendan las necesidades del campo para mejorar la producción de alimentos, sobre todo de los pequeños agricultores, para reducir el uso indiscriminado de agroquímicos”, dijo el ingeniero agrónomo Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano.

Gomero, que investiga el uso de plaguicidas en la agricultura peruana desde hace varios años, señaló que el Perú aún usa plaguicidas de alto riesgo para la salud y el medio ambiente como metomilo, clorpirifos y fipronil pese a que están prohibidos en otros países. Incluso, durante el monitoreo ciudadano, se halló carbofurano - prohibido en Perú desde 2022- en las muestras de ají amarillo de Tottus y de pimiento de Wong.

“Nuestro país no toma en cuenta la evidencia que usan otros países para ir restringiendo el uso de plaguicidas muy peligrosos como el paraquat o el metamidofos. Su venta se realiza sin ningún control y los envases de los plaguicidas son encontrados en ríos y valles”, apuntó.

El derecho a alimentarnos en forma sana

A su turno, el exviceministro de Salud, Enrique Jacoby, señaló que los resultados mostrados en el monitoreo serían suficientes indicios para que las autoridades sanitarias de un país realicen reformas urgentes por el bienestar de sus ciudadanos. “Es inadmisible que se ofrezca a los países de la Unión Europea, a China o Canadá lo mejor de nuestra producción, alimentos sin contaminantes, y a los peruanos cualquier cosa”, señaló.

Jacoby, médico y exasesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solicitó al Senasa, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego cumplir con sus responsabilidades para no dejar pasar por mucho más tiempo un problema que pone en peligro la vida de las personas. Por su parte, Mariela Wismann, socióloga y miembro de la ONG Rikolto, dijo que “el Estado tiene que garantizar a sus ciudadanos su derecho a una alimentación adecuada”.

La solución de fondo al problema de las altas concentraciones de plaguicidas en los alimentos no está en que todos compremos alimentos orgánicos, aparentemente libres de plaguicidas, porque las frutas y verduras que consumen los peruanos deben ser saludables en cualquier escenario. Además, los productos orgánicos tienen un mayor precio que no pueden pagar todas las familias. De acuerdo con Fernando Castro, coordinador de proyectos de FAO-Perú, para que una persona se alimente saludablemente tiene que invertir 3.28 dólares cada día, pero ese es un monto alto para muchas.

El turno de los supermercados

Tras escuchar los resultados de la investigación, Juliana Torres, coordinadora de Vigilancia de Proveedores y Reclamos de Cencosud, dijo que los supermercados “tienen una gran oportunidad para mejorar”, pero no solo depende de ellos porque son el último peldaño de una larga cadena para llevar los productos a las mesas de las familias.

“Si una fruta o verdura sale desaprobada con altas concentraciones de plaguicidas en todos los supermercados, se evidencia que hay un problema de los proveedores que el Senasa y el Indecopi tienen que solucionar de origen. Un supermercado tiene pocas opciones: o les compra los productos o no compra y no abastece el mercado”, declaró. Aunque el problema de origen está en las condiciones de cultivo de los alimentos, los supermercados tienen la obligación de ofrecer a sus clientes productos inocuos.

De acuerdo a Fernando Castro, de FAO-Perú, solo el 7% de los agricultores peruanos recibe asistencia técnica. La mayoría es orientado por las propias empresas de plaguicidas que incentivan el uso de sus productos. “El problema del uso indiscriminado de plaguicidas se da también por la precaria cadena de suministros en la que al agricultor le terminan pagando poco. Por eso trata de ser lo más ‘eficiente’ posible y usa todos los químicos posibles para producir 50 mil kilos de papa y no 5 mil”, explicó Castro.

Al respecto, Juan Sánchez, vicepresidente del Consorcio Agroecológico Peruano, señaló que es necesario que el Estado capacite técnicamente a los agricultores como ocurre en Bolivia, Argentina, Chile o Colombia. “Perú es el único país de la región que no tiene una unidad de asistencia técnica financiada por el Estado”, añadió.

Los problemas de trazabilidad

Durante su intervención, Rosa Morán, especialista en seguridad de productos y servicios de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, señaló que se recogerá toda la información del monitoreo ciudadano para evaluar acciones.

Morán dijo que el Indecopi tiene una plataforma digital que alerta sobre productos y servicios peligrosos para las personas, y que se alimenta con información que brindan los proveedores, alertas internacionales, denuncias de consumidores y de información que reportan las instituciones del Estado. Sin embargo, este aplicativo todavía no incluye información sobre alimentos frescos con altas concentraciones de plaguicidas.

El Senasa podría reportar en tiempo real los resultados que obtiene de sus monitoreos anuales de alimentos frescos para que sean retirados del mercado, pero no envía esa información al Indecopi. Sumado a ello, no hay un sistema de control eficaz que permita rastrear cada alimento que ingresa al mercado. Según Morán, el Indecopi se ha comunicado con el Senasa para articular funciones en beneficio de los ciudadanos, pero aún no se ha logrado hacerlo.

En la presentación de los resultados del Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao estuvieron los representantes de las organizaciones aliadas. Entre ellos, Cecilia Mendiola, coordinadora de proyectos del Consorcio Agroecológico Peruano; Luis Gomero, coordinador de la Red de Agricultura Ecológica; Juan Sánchez Barba, vicepresidente del Consorcio Agroecológico Peruano; Alain Santandreu, presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo y Fabiola Torres, directora de Salud con lupa.