Vacunagate: expresidente Vizcarra fue inhabilitado por diez años de ejercer cargos públicos

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Vacunagate: expresidente Vizcarra fue inhabilitado por diez años de ejercer cargos públicos

A pesar de ser el congresista más votado, Martín Vizcarra no podrá ejercer su labor legislativa pues fue inhabilitado por el Congreso por haber violado seis artículos de la Constitución debido al caso Vacunagate.

Martín Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra no podrá recibir las credenciales del Congreso el 28 de julio. Andina.

Quien mayor rango tenía para servir a la nación fue quien menos sirvió al país. La frase acuñada por el congresista Ali Mamani Barriga, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encierra el fallo del Congreso de la República con el que hoy se inhabilitó de ejercer cualquier función pública durante diez años al expresidente Martín Vizcarra por haberse inoculado la vacuna de Sinopharm durante el ejercicio de su cargo, en octubre del año pasado, sin haber sido voluntario del Ensayo Clínico Fase III. 86 fueron los votos a favor de este fallo. Una mayoría absoluta.

Como una paradoja digna de la realidad peruana, Martín Vizcarra recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las urnas el domingo pasado, en las Elecciones Generales 2021, convirtiéndose en el congresista más votado con más de 160 mil votos (al 80% de actas contabilizadas por la ONPE), portando el emblema de Somos Perú. Sin embargo, lo sucedido hoy no solo le impide ejercer su labor parlamentaria para el siguiente Parlamento, sino que lo inhabilita de desempeñar cualquier cargo público en los próximos diez años.

El principal argumento de Vizcarra, quien se inoculó en Palacio de Gobierno entre el 2 y el 29 de octubre, consistía en que no había recibido la vacuna como tal pues no existía en aquel momento, sino que se trataba de una candidata a vacuna. Incluso, en un inicio, Vizcarra afirmó que era uno de los 12 mil voluntarios convocados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ello fue desmentido a lo largo de la sesión del Congreso. Uno de los medios probatorios fue una comunicación entre el embajador de Perú en China, Luis Quesada Incháustegui y Jorge Jarama, asesor principal del despacho ministerial de Relaciones Exteriores, donde se deja constancia que el lote extra de 3,200 de vacunas tenía el fin de inmunizar a los trabajadores vinculados el ensayo. Cabe resaltar que 1,200 dosis de aquel lote fueron enviadas a la embajada de China en el Perú sin que hasta ahora dicha institución haya rendido cuentas de su paradero.

Otro elemento probatorio ha sido el testimonio de Germán Málaga, investigador principal del ensayo de Sinopharm, donde menciona que si fue a vacunar al expresidente a Palacio de gobierno fue porque “cumplía sus requerimientos debido a su investidura”. Por esos dos hechos, el congresista Mamani Barriga, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, llegó a la siguiente conclusión: “(Vizcarra) tenía conocimiento que las vacunas candidatas protegían y que no eran un placebo. Tanto así que después el denunciado pidió dosis para su esposa y su hermano”.

En efecto, Martín Vizcarra intercedió para que su esposa, Maribel Díaz, y su hermano, César Vizcarra, recibieran la vacuna de Sinopharm. “Fue a pedido del presidente”, declaró durante una de sus citaciones el investigador Germán Málaga, en referencia a la inoculación de su entorno más cercano.

La Subcomisión corroboró que Vizcarra violó seis artículos de la Constitución:
1) Artículo 2 inciso 2. Principio-derecho de igualdad ante la ley y no discriminación.
2) Artículo 7. Deber del Estado de garantizar servicios de salud.
3) Artículo 9. Deber del Estado de facilitar acceso equitativo a los servicios de salud.
4) Artículo 38. Deber de proteger los intereses nacionales.
5) Artículo 39. Deber de funcionarios públicos de estar al servicio de la nación.
6) Artículo 118 inciso 1. Deber de cumplir la Constitución.

“Ha lesionado a la investidura. No puede ser parte del Estado funcional. Hoy asistimos a su entierro político”, señaló Omar Chehade, congresista de Alianza para el Progreso durante su alocución. Por su parte, el congresista Franco Salinas de Acción Popular mencionó que “no merece volver a pisar el Parlamento. Sus pasos huelen a corrupción”. Asimismo, el parlamentario de Somos Perú, Carlos Almerí, sostuvo que “personajes como Vizcarra solo llegan al Gobierno para sostener a las élites”.

A pesar de este fallo condenatorio y contundente, Vizcarra podrá recurrir a una acción de amparo elevada al Tribunal Constitucional. Si este concluye que no se cumplió el debido proceso, el fallo será levantado. De lo contrario se hará efectivo y no podrá asumir funciones a partir del 28 de julio.

El fallo de las ministras

Además de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, se inhabilitó por ocho años de toda función pública a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. Ambas también fueron sometidas al escrutinio del Parlamento. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales corroboró que ambas cometieron infracciones en dos artículos:

1) Artículo 38. Deber de proteger los intereses nacionales
2) Artículo 39. Deber de funcionarios públicos de estar al servicio de la nación.

Ambas funcionarias de alto rango durante el mandato de Martín Vizcarra se vacunaron a espaldas de población. No obstante, dos meses después de haber estallado el Vacunagate y develado gran parte de sus conexiones, han asumido los hechos de distinta manera. Mientras Astete reconoció su error, Mazzetti se mostró en desacuerdo con la evaluación de los hechos.

“Nunca imaginé acabar mi carrera con una mancha sobre mi buen nombre o mi desempeño y mi compromiso con la cancillería y con el país. Asumo la responsabilidad de mis actos u omisiones”, dijo Astete haciendo énfasis en que pensó que su inoculación se trataba de un proceso regular y no a escondidas, fuera del marco del ensayo, como realmente fue.

Por su parte, Mazzeti alegó que “la sanción que se me pretende imponer no guarda relación alguna con la conducta que he seguido en el desempeño de mi cargo (…) Ha sido un error de criterio”. En su caso se ha pedido una inhabilitación de 8 años de ejercer cualquier cargo público.

“Quiero reiterar que no he dejado sin protección a otros, como se ha dicho, pues aún hoy siguen sin emplearse varios centenares de dosis de vacuna”, insistió en su defensa.

Con 83 votos a favor, el Pleno del Congreso inhabilitó a la exministra de Salud Pilar Mazzetti mientras que en el caso de la excanciller Elizabeth Astete fueron 82 votos a favor del fallo.

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