Violencia psiquiátrica: cuando te lastima quien tiene el trabajo de cuidarte

“Acá el que entra ya no sale”, fue lo primero que le dijeron a Belisa Sighuas cuando ingresó a la Clínica Baltazar Caravedo en octubre de 2021, un psiquiátrico privado que se presenta en su página web como un lugar acogedor y cálido. Ella había llegado ahí por sus propios medios, buscando un lugar en donde la ayuden a lidiar con la depresión que la estaba invadiendo luego de sufrir un aborto espontáneo. Pero en su lugar encontró violencia.

Luego de quitarle su celular y otros objetos personales fue atada de pies y manos. Así la tuvieron durante cuatro días seguidos. Días en los que le fue imposible probar bocado porque estaba tan adormecida que no podía mover la mandíbula. Además, le pusieron un pañal para evitar que tenga que trasladarse al baño.

Después de que un enfermero la ayudara a comunicarse con su hermana, consiguió que esta fuera a recogerla. “Lo primero que hice al salir fue grabar un video para contarle a todo el mundo lo que me había pasado y luego denuncié a la clínica”, cuenta Belisa, quien todavía tiene pesadillas recurrentes por los maltratos a los que fue expuesta.

Aunque la Clínica Caravedo fue clausurada a partir de su denuncia, esta sigue funcionando según el testimonio de varios vecinos y las pruebas que ella ha ido recabando durante los últimos meses.

Pero la historia de Belisa no es la única. En 2018, el papá de Álvaro Linares lo internó en la Clínica Pinel contra su voluntad con la excusa de que tenía que continuar con su tratamiento. Álvaro, que entonces tenía 26 años, fue recluido, en pleno uso de sus facultades mentales, en un espacio muy parecido a una cárcel: un cuarto con rejas de donde no se le permitía salir por ningún motivo.

María Rocío Cano, su mamá, que durante todos estos años luchó por que lo liberaran, cuenta que encontró a su hijo con diez kilos menos, visiblemente decaído y con varias heridas, sobre todo en las muñecas.

En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional resolvió en agosto que Álvaro debía ser liberado junto con su historia médica para seguir con sus terapias en un Centro de Salud Mental Comunitario.

La Clínica Caravedo fue clausurada, pero en realidad sigue funcionando según el testimonio de varios vecinos y las pruebas recabadas por Belisa Sighuas.

Aunque la Ley de Salud Mental Nº 30947, en teoría, ampara a casos como los de Belisa y Álvaro, diferentes situaciones de violencia, discriminación y estigmatización continúan saliendo a la luz.

Según un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), institución encargada de proteger los derechos en salud de todos los peruanos y peruanas, de marzo de 2020 a octubre de 2021 se registraron 62 denuncias de usuarios en el Hospital Víctor Larco Herrera y 70 en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorario Delgado - Hideyo Noguchi. Todas relacionadas con la vulneración de derechos y con problemas para acceder a los servicios de salud.

Sin embargo, estos números no siempre corresponden a la realidad, porque no todas las personas se atreven a denunciar, ya sea por miedo, vergüenza o porque no quieren revivir el trauma que les dejó el maltrato.

Como K. * que fue de emergencia al Instituto por un ataque de pánico y terminó siendo víctima de acoso sexual por parte del doctor que la atendió. Además de decirle cosas como ‘eres hermosa, no deberías estar triste’, le dejó su número personal en la receta que le entregó al final de la consulta.

Entre marzo de 2020 y octubre de 2021, se registraron 62 denuncias de usuarios en el hospital Larco Herrera y 70 en el Instituto Honorario Delgado - Hideyo Noguchi. Todas por vulneración de derechos y problemas para acceder a los servicios de salud.

B. que visitó el mismo lugar acompañada de su esposo cuando estaba en medio de una crisis. Ellos fueron buscando ayuda. No pensaban que sería necesario hospitalizarla. Y, de pronto, B. fue cargada, entre cuatros enfermeros, hospitalizada, sedada y obligada a bañarse con agua helada en la madrugada.

O A. a la que su doctor le aseguró que nunca lograría nada en la vida por tener un trastorno mental y que ni pensara en casarse y menos en tener hijos. Según su propio relato, ese maltrato la llevó a un primer intento de suicidio, que los psiquiatras desestimaron diciéndole que seguro lo había hecho porque quería llamar la atención e incluso le explicaron cómo hacer para tener éxito la próxima vez.

¿Ciudadanos de segunda categoría?

“Cuando violas los derechos de un ‘loco’ no pasa nada, porque para la sociedad, seguimos siendo desechables”, dice Julio Villa, usuario, antropólogo e investigador en salud mental. Él lleva varios años investigando e identificando las limitaciones de nuestro sistema de salud con respecto a la salud mental y considera que si bien existe una buena intención del Estado al tratar de cambiar el enfoque manicomial por uno comunitario, las prácticas violentas todavía se siguen replicando a todo nivel.

“El nombre del enfoque ha cambiado, pero los psicólogos o psiquiatras que te atienden siguen siendo los mismos”, menciona.

Para el antropólogo, la violencia se puede ver de diferentes formas. En ese sentido, no solo la agresión física es violencia, sino también la negligencia. Por ejemplo, que un psiquiatra le dé un blíster de medicamentos psiquiátricos sin caja ni lista de efectos secundarios a su paciente, es peligroso e irresponsable. Y es algo que ocurre bastante seguido según lo que ha podido constatar. “Me han dado esto y no me han dicho para qué es”, es una frase que le han dicho más de una vez en sus visitas a los Centros de Salud Mental Comunitarios de Lima Norte.

“Qué nivel de desinterés debes tener para omitir informarle a la persona para qué sirve la pastilla que se va a tomar y qué puede pasar si se la toma”, agrega.

¿Ciudadanos prescindibles?

“Nunca más un manicomio en el Perú” rezaba la gigantografía colgada frente al Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales de Iquitos (CREMI) el día de su clausura definitiva el 14 de diciembre de 2015. Este había sido el lugar de tortura de cientos de hombres y mujeres con trastornos mentales, muchos de los cuales habían sido abandonados por sus familiares.

*Estas personas han decidido mantener su identidad en reserva.

Entre heces, orina, violencia e indiferencia, se buscaba lidiar con su sufrimiento psíquico, reforzando un modelo que, en palabras de Brenda Valdivia, investigadora en salud mental, discapacidad y derechos de la ONG Sodis, buscaba en realidad prescindir de ellos.

“El modelo de prescindencia, que todavía es tomado en cuenta por algunos profesionales, considera que las personas con discapacidad, en este caso discapacidad psicosocial, son una carga para la sociedad porque no tienen nada que aportar a la comunidad”, explica. Y agrega que, aunque el enfoque comunitario busque imponerse, sigue existiendo un conflicto aparte entre aplicar el modelo de prescindencia y el modelo rehabilitador que cree que la persona debe ser medicalizada y estabilizada para recién acceder al derecho al estudio, al trabajo y poder tomar sus propias decisiones. “Sobremedicar también es una forma de violencia y más si se hace sin el consentimiento de los usuarios”, dice.

Para la investigadora Brenda Valdivia, el gran problema de la violencia psiquiátrica es institucional: los hospitales psiquiátricos tienen la meta de conseguir cerrar cierta cantidad de atenciones al día.

Para Brenda, el gran problema de la violencia psiquiátrica es institucional: los hospitales psiquiátricos tienen la meta de conseguir cerrar cierta cantidad de atenciones al día. “Todo se ha vuelto cuantitativo y cuando nos olvidamos de las personas para centrarnos en los números, es donde entra la violencia”, menciona.

Pero también es estructural y sistematizado: las actitudes violentas están normalizadas y son incluso aplaudidas en una sociedad como la nuestra.

En busca de soluciones

Angel Sánchez es el director del Centro de Salud Mental Comunitario de Carabayllo, el primer centro, de los 207 que tenemos actualmente, que se inauguró en nuestro país luego del cierre del CREMI.

Desde su experiencia, para mejorar nuestra situación debemos empezar a preguntarnos qué modelo de abordaje de la salud mental debemos usar para enfrentar los retos que tiene nuestro país.

“El modelo biológico, que cree que los problemas de la mente son genéticos, no aporta nada. La otra alternativa es implementar uno que considere los determinantes sociales de los trastornos mentales”, menciona. Eso quiere decir que es importante tomar en cuenta el contexto de cada paciente, su historia y las condiciones en las que vive.

Asimismo, Angel explica que la violencia psiquiátrica tiene que ver con el tipo de formación que los profesionales de la salud reciben en pregrado y posgrado: el ciclo violento se sigue replicando una y otra vez porque en la currícula no se incluyen temas de salud mental comunitaria, antropología o sociología.

“Se sigue enseñando que la esquizofrenia es una enfermedad crónica del cerebro, pero no se preguntan si las personas que la sufren pasaron por algún trauma. La medicina sigue secuestrando al cerebro y demonizándolo”, dice.

Existen experiencias exitosas que han demostrado que los tratamientos alternativos son más efectivos que los manicomios. Una de ellas es la de las Casas Soteria, recurso creado en 1971 por el psiquiatra estadounidense Loren Mosher, que hasta la fecha funcionan como un espacio seguro para contener y acompañar a personas que experimentan crisis.

En estas casas se busca que sus residentes construyan redes sociales sólidas y que reconquisten su independencia sin la necesidad de utilizar medicación o, al menos, no en todos los casos. Esta es una decisión que se toma sin coerción y desde la libre elección de la persona.

A la fecha, países como Estados Unidos, Israel, Alemania, Suecia, Finlandia y Hungría han sacado adelante proyectos con enfoques comunitarios de la salud mental que incluyen a las Casas Soteria.

Existen experiencias exitosas que han demostrado que los tratamientos alternativos son más efectivos que los manicomios. Una de ellas es la de las Casas Soteria que funcionan como un espacio seguro para contener y acompañar a personas que experimentan crisis.

Otra adición interesante y necesaria, que en nuestro país todavía está en proceso de implementación, es la de la figura del experto por experiencia. El objetivo es incorporar a un grupo diverso de usuarios de servicios de salud mental y volverlos parte del equipo multidisciplinario de atención primaria. Ellos y ellas no podrán medicar, pero sí dar acompañamiento terapeútico a otros usuarios y guiarlos en su proceso de psicoeducación.

Esta figura no solo busca ayudar a los pacientes a recibir una atención más empática, sino también a los expertos, a los que muchas veces se les complica encontrar un trabajo y mantenerlo por la falta de adaptaciones y por el estigma que existe alrededor de sus condiciones.

“La verdadera reforma de la salud mental comenzará de verdad cuando se empiece a tomar en cuenta las voces de los usuarios y se los involucre también en las decisiones centrales”, reflexiona Angel.