En abril de 2023 lanzamos el Primer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos que se venden en supermercados de Lima y Callao. Ahora, acabamos de publicar los resultados de un segundo análisis que abarca esta vez cuatro regiones del país: Arequipa, Cusco, Áncash y Huánuco. En ambos estudios, comprobamos que vegetales que exceden los límites máximos de residuos de plaguicidas están llegando del campo a nuestras mesas. Es decir, compramos alimentos no aptos para el consumo humano. ¿Qué han hecho las autoridades responsables en estos últimos ocho meses para enfrentar el problema?
La respuesta en corto: Aún muy poco.
En el Congreso de la República se han presentado dos proyectos de ley que buscan retirar del mercado peruano los plaguicidas clasificados como altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud, pero ninguno se ha debatido aún en el Pleno. La primera propuesta fue presentada en abril por los parlamentarios de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, que tiene entre sus integrantes a Miguel Ciccia, Hilda Portero y María Acuña. En esta iniciativa de ley se propone prohibir la fabricación, importación y uso de todos los pesticidas que contengan metomilo, oxamil, clorpirifos (un insecticida recientemente vetado en Perú), glifosato, mancozeb, imidacloprid, tiametoxan, clotianidina, fipronil y cipermetrin.
Los congresistas explican que se busca retirar estos químicos por representar las mayores amenazas para la salud pública y por generar resistencia y reanudación de las plagas en distintos cultivos. Además, algunas sustancias químicas como el fipronil, el imidacloprid y la clotianidina, son letales para los polinizadores, entre ellos las abejas, que garantizan las semillas con las que se producen miles de alimentos en el mundo. El proyecto de ley propone también la promoción de buenas prácticas de uso de plaguicidas, mayor capacitación a los agricultores y prohibición del funcionamiento de tiendas de plaguicidas ubicadas cerca de colegios, centros de salud y restaurantes.
A pesar de ello, esta propuesta se encuentra estancada desde mayo en la Comisión Agraria, que ha recibido opiniones en contra de varias instituciones del Estado y de organizaciones que representan los intereses de las empresas privadas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud (Minsa) ha señalado que este proyecto no tiene utilidad porque repite las funciones y responsabilidades que ya tiene el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Es cierto que las normas vigentes le permiten al Senasa cancelar los registros de plaguicidas riesgosos para la salud humana y el ambiente sobre la base de las recomendaciones que recibe de la Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Pero el Senasa no ha retirado del mercado peruano plaguicidas agrícolas de alta toxicidad, como el metomilo, prohibido en la Unión Europea y en la India. Asimismo, este producto pronto dejará de usarse en Chile.
El Midagri se ha mostrado también en contra del proyecto de ley con argumentos que evidencian que no está preocupado por la salud pública, sino por la economía. “La norma afectaría a los agricultores peruanos porque estarían en ‘desventaja’ frente a los productores de países vecinos como Colombia, Chile y Ecuador, donde estos plaguicidas no están prohibidos, lo que generaría un fuerte incentivo para el contrabando”, se lee en su respuesta a la Comisión Agraria. Esta posición desconoce que los plaguicidas pueden ser reemplazados por opciones menos riesgosas para la salud y el ambiente sin generar pérdidas económicas a los agricultores, como la rotación de cultivos y el empleo de insectos y otros microorganismos para controlar las plagas. El Midagri no menciona que parte de la labor del Senasa, en coordinación con el Ministerio Público y Aduanas, es evitar que se usen agroquímicos de contrabando que siguen siendo utilizados en el país como el carbofurano o el metamidofos.
Mientras que la Cámara de Comercio de Lima y Cultivida, organización que agrupa a las empresas de agroquímicos, han señalado ante el Congreso que “no se demuestra que los efectos dañinos que sustentan la propuesta de ley están relacionados directamente con los ingredientes activos de los plaguicidas que se pretenden prohibir”. En una carta enviada a la Comisión Agraria, ambas organizaciones dicen que el proyecto desconoce los derechos que han adquirido las empresas que obtuvieron los registros de plaguicidas y privaría a los agricultores en corto plazo de herramientas necesarias para su trabajo. Cultivida es el gremio que agrupa a las principales empresas que comercializan plaguicidas agrícolas en el país como Bayer, FMC Latinoamérica, Syngenta Crop Protection, Basf Peruana, Drokasa-Duwest y Atlántica Agrícola Perú.
La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ha sugerido que la propuesta pase por un análisis constitucional y de calidad regulatoria para que no se vulneren los acuerdos internacionales. “Las cancelaciones ocurren tras una evaluación técnica especializada que sustente los impactos a la salud o ambiente, motivos que no se han presentado en el proyecto de ley. (...) Los plaguicidas son usados en etapas fenológicas del cultivo antes de la cosecha, siendo nulo el riesgo de que superen los Límites Máximos de Residuos”, añade la AGAP.
Esta asociación dice también que el uso de plaguicidas que se pretenden prohibir está autorizado en los países hacia donde se exportan alimentos. “Los productores certifican cada año sus campos de producción con normativas internacionales que aseguran productos inocuos. Para el pequeño productor agrario, el uso de plaguicidas es esencial para asegurar su cosecha frente a las plagas: lo emplean en el 70% de su producción”, argumenta.
Un segundo proyecto en espera
El segundo proyecto de ley relacionado a pesticidas fue presentado en julio pasado por el congresista Edgard Reymundo y propone modificar el artículo 15 de la Ley General de Sanidad Agraria para que el Senasa tenga más poder de restricción del uso de agroquímicos apoyado en informes de las autoridades sanitarias que alerten las amenazas para la salud humana, los animales y el medio ambiente. Sin embargo, la discusión de esta iniciativa se encuentra estancada en las comisiones Agraria y de Salud del Parlamento.
El proyecto de Reymundo ha recibido críticas de la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y de Cultivida. En una carta enviada a la Comisión Agraria, estas tres organizaciones aseguran que ya existe una autoridad nacional, el Senasa, que puede restringir o prohibir el uso de plaguicidas. Asimismo, advierten que si se prohíben todos los plaguicidas de alta peligrosidad sería perjudicial en un contexto de fenómeno de El Niño en el que requieren de estas sustancias químicas para controlar las plagas en los campos afectados por los eventos climáticos.
La iniciativa legislativa también propone, como disposición complementaria, que el Senasa y la Digesa realicen evaluaciones técnicas y científicas de siete plaguicidas para determinar si son de riesgos para la vida y la salud: fipronil, procimidona, mancozeb, glifosato, clorfenapir, procimidona y dinotefuran. Sin embargo, las organizaciones afirman que estas sustancias químicas no representan un riesgo, porque han sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud de poco o moderado peligro.
El Minsa también ha opinado sobre este proyecto de ley en una carta enviada a la Comisión de Salud del Congreso en la que insiste en que el Senasa ya se encarga de regular el uso de plaguicidas agrícolas.
El Senasa bajo la lupa
Como lo hemos señalado en varias investigaciones periodísticas, la responsabilidad de la vigilancia sanitaria de los alimentos la comparten el Senasa, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud, sectores que no han podido articular un sistema de trazabilidad (que implica el seguimiento, control y rastreo de los alimentos) que garantice el control de la cadena agroalimentaria en el Perú.
Por ejemplo, el Senasa vigila cada año las concentraciones de residuos de plaguicidas en las frutas y verduras mediante análisis de laboratorio, pero sus resultados se quedan en informes que no tienen ningún impacto, ya que no se identifica el origen de producción de los alimentos tóxicos detectados, tampoco se inmovilizan estos productos y ni comunica de forma correcta el problema a la población. El director general de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Midagri, Josué Carrasco, ha señalado sobre los reportes del Senasa lo siguiente: “No estamos trabajando con dos millones de inspectores en campo verificando si se aplican o no las normas. No sería viable en cualquier país”.
El Senasa tampoco sanciona a los productores o empresas que aplican dosis inadecuadas de plaguicidas o si usan los que están prohibidos. Entre enero de 2022 y marzo de este año, esta entidad sancionó por un monto total de S/ 418 mil a 34 empresas y 32 personas por incumplir sus normas sanitarias. Sin embargo, ninguna de las multas fue por superar los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos agropecuarios, multas que pueden oscilar entre S/ 10,395 y S/ 49,500.
Durante este último mes, hemos solicitado en varias oportunidades entrevistas con las autoridades del Senasa, pero no hemos recibido respuesta alguna.
Las Direcciones Regionales de Agricultura pueden contribuir con capacitaciones a los productores agropecuarios sobre buenas prácticas agrícolas o el manejo adecuado del uso y destino de los envases de plaguicidas, pero pocas cumplen con sus funciones. Luego de la producción y procesamiento primario de los alimentos, los municipios están obligados a garantizar la inocuidad de los productos que se ofrecen al público en mercados, ferias y otros establecimientos, pero en la práctica sólo inspeccionan las condiciones de higiene de estos locales.
Supermercados no controlan bien a sus proveedores
Los supermercados y mercados comparten con sus proveedores de frutas y verduras la responsabilidad de vigilar que los alimentos que llegan a los hogares peruanos sean saludables y cumplan con los estándares fijados para residuos de plaguicidas. Sin embargo, el segundo monitoreo prueba que sus controles no funcionan de forma correcta.
Vivanda y Plaza Vea, pertenecen al Grupo Intercorp, mientras que Tottus, al grupo Falabella, y Metro y Wong, a los Centros Comerciales Sudamericanos S.A. (Cencosud). Sus locales están en las principales ciudades del Perú y suelen promoverse como servicios con los mejores productos del mercado. Estas empresas -al igual que las cadenas regionales Orión Supermercados, Novaplaza, Franco Supermercados- compran alimentos frescos de diversos proveedores intermediarios con los agricultores, pero no está funcionando un sistema de trazabilidad o rastreabilidad de la idoneidad de los alimentos.
Esto implica que cada supermercado verifique previamente a quién le compra: si su proveedor tiene un sistema de rastreabilidad de la forma cómo fue sembrado y cosechado el alimento, hace controles durante su cultivo y recojo para verificar que cumple las normas sanitarias.
El mecanismo de trazabilidad que más utilizan las empresas que proveen alimentos a los supermercados es la asignación de un código de identificación a cada lote de productos, ya sea numérico o de barras. En el caso de los productos envasados o enlatados, es sencillo encontrar ese código, pero cuando los alimentos se venden a granel, como frutas y verduras, la trazabilidad se complica.
Esta situación ocurre a pesar de que el Reglamento de Inocuidad Alimentaria del Senasa señala que los alimentos agropecuarios deben estar debidamente identificados con un “etiquetado, documentación o información pertinente”.
Las obligaciones son las mismas para los centros de abastos locales, pero se observan más prácticas informales en el control de los alimentos que ofrecen al público. Esto no quiere decir que no haya excepciones, como lo demostró el segundo monitoreo con el Mercado San Pedro de Cusco, cuyas muestras de alimentos analizados cumplieron con las normas sanitarias de pesticidas.
Hay 3,000 tiendas de agroquímicos en el país
- Al menos cuatro personas acuden cada día a los servicios de salud por intoxicaciones agudas relacionadas con plaguicidas. La mayoría son agricultores que tuvieron contacto con estas sustancias por vía oral o por la piel.
- En Perú hay aproximadamente 3,000 tiendas de agroquímicos. El 80% de los establecimientos comerciales no exige la receta agronómica para la venta de los plaguicidas peligrosos y varios locales se encuentran cerca de bodegas, pollerías y restaurantes.
