La tarde del 26 de junio pasado, la viceministra de Prestaciones Sociales, la nutricionista Mónica Saavedra, recibió a Salud con lupa en su despacho ubicado en el décimo piso de un edificio del distrito de San Isidro, rodeado de supermercados, bancos y tiendas por departamento que forman parte del corazón financiero de Lima. Era la última entrevista de su jornada en la pequeña oficina. Desde allí, Saavedra coordina la supervisión de varios de los programas sociales más importantes del Estado: Cuna Más, Qali Warma y Juntos. Desde ese lado del escritorio, Saavedra defiende las políticas públicas nutricionales y de seguridad alimentaria. Pero hace solo nueve meses estaba sentada del otro lado del escritorio, como presidenta de la Asociación Peruana de Alimentación y Nutrición (Asanut), una organización financiada por la industria alimentaria que fundó en el 2017 tras su salida de la agencia estatal que aprueba los registros sanitarios de los alimentos que se comercializan en el país.
“Después de un año de haber dejado la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), aposté por las alianzas estratégicas [con las empresas]”, dijo Saavedra en una entrevista con Salud con lupa. Pero sus nexos y afinidad con los intereses de la industria alimentaria ya eran evidentes mientras fue la principal funcionaria de la Digesa entre los años 2011 y 2016. En ese período esta entidad estuvo a favor del confuso etiquetado con semáforos para los alimentos procesados y aprobó el registro sanitario con la denominación de leche evaporada a los productos de la marca Pura Vida, de la corporación Gloria, pese a que solo eran una mezcla láctea compuesta por grasas, saborizantes y colorantes. Así fue como la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos calificó a Pura Vida cuando detectó el fraude de la leche evaporada en mayo de 2017.
En junio de ese mismo año, cuando explotó también el caso Pura Vida en nuestro país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) y el Congreso de la República abrieron investigaciones que derivaron en procedimientos administrativos y la destitución de cinco funcionarios de la Digesa. Saavedra no fue incluida en estas indagaciones pese a que fue la principal responsable de la entidad que emitió el registro sanitario a Pura Vida de Gloria.
Para Mónica Saavedra, el salto de Digesa a la dirección de una asociación financiada por la industria alimentaria y su retorno a un viceministerio no representa un caso de puerta giratoria y mucho menos un conflicto de interés. ¿Podía la directora general de la agencia sanitaria del Estado que regula y vigila a las empresas de alimentos pasar a trabajar con sus fiscalizadas y luego ser nombrada viceministra con injerencia en programas nutricionales? Saavedra pudo hacerlo porque en el Perú no hay regulación para la puerta giratoria (que alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales) y las iniciativas para regular los lobbies son insuficientes.
Mónica Saavedra es viceministra de Prestaciones Sociales y supervisa ahora los principales programas alimentarios y sociales del país.
Al respecto, Transparencia Internacional advierte que el Estado peruano carece de una instancia independiente que revise si hubo vínculos (y de qué tipo) entre un exfuncionario mientras sirvió al Estado y la empresa que pretende contratarlo; no tiene reglas claras para los integrantes del Congreso ni para los gestores de intereses o cabilderos; no contempla medidas para evitar que quienes ingresan al servicio público lleguen con una agenda de política pública o regulatoria favorable a una empresa o sector, ni códigos de ética acerca de lo que es correcto e incorrecto hacer.
Por eso, el regreso de Mónica Saavedra a un viceministerio que está vinculado a los principales programas sociales y nutricionales del país ocurrió sin ningún tipo de observaciones y pasó inadvertido hasta ahora.
FUNCIONARIA Y EMPRESARIA
Mónica Saavedra es licenciada en Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Nutrición Pública en la Universidad Nacional Agraria y otra en Administración en la Universidad ESAN. Desde joven comenzó su carrera en el Estado y también fue consultora de organismos multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y el Programa Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria.
Entre el 2001 y 2002, a inicios del gobierno de Alejandro Toledo, fue contratada por la Contraloría General de la República para diseñar los componentes nutricionales del programa del Vaso de Leche, que atiende a niños entre 0 y 13 años de edad y madres gestantes. Inmediatamente después, Saavedra pasó al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) primero como gerente técnica y luego como coordinadora del Proyecto de Apoyo al Proceso de Descentralización de los Programas Nutricionales hasta setiembre del 2006. “Diseñé el Programa Integral de Nutrición. El nuevo gobierno [de Alan García, entre 2006 y 2011] lo acogió y puso en práctica para disminuir la desnutrición crónica infantil en el Perú”, contó durante la entrevista.
Salud con lupa halló que Mónica Saavedra constituyó también una consultora privada, llamada Aynikuy, en abril del 2007. Su finalidad era asesorar a empresas públicas y privadas en temas de seguridad alimentaria, nutrición y reducción de la pobreza. En esta empresa ocupó la gerencia general hasta noviembre de 2018, cuando su conviviente Alex Bedoya Cárcamo la reemplazó en el cargo, según las actas registrales que figuran en la Sunarp. Ese mismo año Aynikuy tuvo un incremento de capital: de 35 mil a 55 mil soles.
Aynikuy es una consultora de Saavedra que dirige ahora su pareja para asesorar a empresas en políticas de seguridad alimentaria y nutrición.
La actual viceministra Saavedra justificó así la creación de Aynikuy durante la entrevista: “Muchas veces cuando te presentas a una institución pública como consultora, te piden que tengas una empresa o hagas una consultoría a título personal. Tienes las dos opciones, dependiendo del cliente”. Sin embargo, Saavedra dijo que dio de baja a su consultora en el 2011, cuando ingresó a la Digesa, y la reactivó en el 2016. En realidad, Aynikuy sigue activa y está ahora dirigida por su pareja.
Saavedra se negó a mencionar las empresas para las que hizo consultorías desde Aynikuy durante la entrevista con Salud con lupa. De la única consultoría que tuvimos evidencia fue un servicio que prestó a la Municipalidad Metropolitana de Lima en mayo de 2017.
UNA DIRECCIÓN ACCIDENTADA
Entre el 2011 y 2016, Mónica Saavedra fue jefa de la Digesa, la entidad estatal que tiene entre sus funciones la emisión de los registros sanitarios de los alimentos para consumo humano y que depende del Ministerio de Salud. Durante los cinco años de su gestión, la prensa local denunció casos que evidenciaron la falta de capacidad de fiscalización de esta dirección de sanidad. Por ejemplo, en noviembre del 2012, la Digesa tuvo que cancelar el registro sanitario a la empresa embotelladora Demesa por vender agua no apta para el consumo humano.
En ese mismo período, se reportaron múltiples problemas de intoxicación por alimentos de los beneficiarios del programa Qali Warma, cuya vigilancia sanitaria estaba a cargo de la Digesa. Al respecto, Saavedra aseguró que mientras lideró esta dirección trabajó directamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para “fortalecer la capacidad de respuesta en torno a la garantía de inocuidad de los alimentos que se ofrecían en los programas sociales”. Sin embargo, según un informe del diario El Comercio, durante la gestión de Saavedra se produjeron los más serios casos de intoxicación en Qali Warma, e incluso se entregó a los beneficiarios alimentos sin registro sanitario.
Al salir de la Digesa, Saavedra fundó la Asociación Peruana de Alimentación y Nutrición, una organización financiada por la industria alimentaria que se opuso al etiquetado con octógonos.
En junio de 2013, cuando llegó el crucial debate para la aprobación del reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes, la Digesa formó parte de la primera Comisión Sectorial del Ministerio de Salud para redactar esta norma. En esa etapa, Saavedra respaldó el confuso etiquetado con semáforos para los alimentos industrializados, con el argumento de que era el recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El trabajo de esta comisión no llegó a ninguna parte. El reglamento se aprobó recién en el 2017 después de una batalla entre el Estado y la industria de alimentos en la que fue relevante el apoyo de colectivos civiles y líderes de opinión independientes que denunciaron algunas maniobras de las empresas para imponer un etiquetado incomprensible para los consumidores.
DEFENSORA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Los quince años de carrera en el Estado hicieron que Mónica Saavedra se convirtiera en una de las funcionarias más reconocidas en el diseño de políticas de seguridad alimentaria y nutrición. Ella dirigió la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (Compial) y el Comité Nacional del Código Alimentario (que aglutina las normas, directrices y códigos de prácticas para el consumo de alimentos).
En agosto de 2016, al término del gobierno de Ollanta Humala, Saavedra salió de la Digesa y pasó al sector privado como consultora. En setiembre del 2017 fundó la Asociación Peruana de Alimentación y Nutrición (Asanut), una organización patrocinada por Molitalia, Alicorp, Laive y Consultora Nutritiva y que se opuso al etiquetado con octógonos para los alimentos procesados en su sitio web comebien.pe. “Esta plataforma reflejó una alianza estratégica”, dijo Saavedra a Salud con lupa.
En octubre de 2018, Saavedra asumió la presidencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, dependiente del Ministerio de la Producción, donde se mantuvo hasta marzo de 2019, cuando fue nombrada viceministra de Prestaciones Sociales del Midis. Mientras tanto, la página web comebien.pe dejó de actualizarse y fue dada de baja, al igual que sus redes sociales.
La nutricionista Mónica Saavedra ha tenido varios pronunciamientos que han estado alineados con los intereses de la industria alimentaria. En abril de 2018, cuando fue ponente en el “Seminario Internacional de Avances en Mercado, Regulación e Innovación en Alimentación”, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola, declaró lo siguiente: “el Perú atraviesa por una situación en la que coexisten la desnutrición, la obesidad y la anemia. Por eso, necesitamos alimentos fortificados con muchos nutrientes canalizados en diversos productos. Este es un factor que debe tomarse en cuenta y no solo se deben impulsar políticas extremistas [en referencia a las normas de etiquetado de los alimentos industrializados]”.
Unos meses antes, en noviembre de 2017, durante el IV Congreso de Alimentación y Salud, Saavedra se pronunció en contra del etiquetado frontal para los alimentos industrializados. “¿Por qué semáforo y no octógono? El octógono a mi no me termina de convencer”, afirmó Saavedra en este encuentro al que también asistieron representantes de la industria. Ese mismo año, como presidenta de la Asanut, Saavedra contrató a la consultora Arellano Marketing para que realizara una encuesta de preferencias sobre el etiquetado con octógonos y con semáforos. La muestra se hizo con 200 personas en Lima y el resultado benefició a los semáforos. Su asociación hizo también sondeos grabados en vídeos en las calles a personas que solo se manifestaban a favor de los semáforos informativos y que eran publicados en la página de comebien.pe
La plataforma digital de la asociación de Saavedra llegó a tener 10 mil seguidores, pero dejó de tener actividad justo cuando acabó el debate por las reglas de etiquetado de alimentos industrializados. Al preguntarle a Saavedra por las razones de su inactividad respondió lo siguiente: “Yo renuncié. Tendrían que hablar con las personas que se quedaron para saber qué planes tienen para la asociación. Yo no sé”, enfatizó.
Mónica Saavedra pasa ahora sus días en viajes al interior del país para supervisar el desarrollo de los programas sociales y de alimentación que promueve el Estado para las poblaciones más pobres. “El ministerio [de Desarrollo e Inclusión Social] exige a los proveedores que cumplan con todos los requerimientos sanitarios para que el Estado compre productos que mis hijos y los hijos de la ministra o de cualquier usuario puedan consumirlos con la seguridad de que son inocuos y saludables”, dice. De su paso por el sector privado, prefirió ya no hablar más.
