“Cuando a mí me da la infección, tuve que aguantar todo un día con el dolor y con los cólicos porque se tiene claro que cuando hay un aborto no te pueden llevar a un hospital porque te pueden llevar a la cárcel o, por lo menos, eso es lo que me decía mi mamá”.
(Carolina, 29 años)
“Me dejaron en la emergencia de ginecología, cada enfermera que venía me decía: por si acaso, en estos casos, tenemos que llamar a la comisaría, así que no te sorprendas si viene un policía a preguntarte cosas porque es un protocolo”.
(Midori, 26 años)
Brenda Álvarez, Diana Chávez y Dania Chávez reciben a diario una consulta legal o una pregunta sobre el procedimiento del aborto, o tienen que ir a una audiencia o diligencia de alguno de los casos que patrocinan desde Justicia Verde, una iniciativa de la asociación Proyecta Igualdad, de la cual son fundadoras. El trabajo es demandante e imparable.
La mayoría de denuncias y pedidos de ayuda los reciben a través de las redes sociales de la organización, pero también hay oportunidades en que son contactadas directamente por las personas denunciadas.
Ese fue el caso de Marcia*, quien se contactó con Justicia Verde a través de sus redes. Marcia tenía 32 años y había sufrido un aborto espontáneo a los cinco meses de gestación. La emergencia obstétrica había ocurrido en un hospital de Lima. Allí, la médica que la atendió, sin tener ningún indicio de que el aborto hubiera sido causado por la paciente, dio aviso a la Fiscalía. “Los médicos en ningún momento me dijeron que iban a llamar a las autoridades, solamente aparecieron. No me informaron por qué estaban ahí, solamente comenzaron a hacer preguntas”, recuerda Marcia.
La doctora justificó luego sus acciones diciendo que tenía que cumplir con el artículo 30 de la Ley General de Salud, que señala que el personal médico debe dar aviso a las autoridades en casos de aborto “ilegal”. Distintos juristas han advertido que este artículo contribuye a la criminalización de las mujeres, restringe el secreto profesional y genera un conflicto con la Constitución, que establece que todos los peruanos tienen derecho a la protección de su salud.
A Marcia se le preguntó reiteradamente si se había causado el aborto y se le obligó a que cuente una y otra vez lo sucedido. A pesar de que ella insistía en que no lo había buscado y que deseaba tener a su hijo, la Fiscalía abrió investigación en su contra por el delito de autoaborto. Aunque estaba pasando por un momento muy duro y ni siquiera había tenido tiempo de procesar la pérdida, Marcia tuvo que enfrentar el proceso fiscal, en el que fue defendida por las abogadas de Justicia Verde. Luego de un año, el caso pudo ser archivado.
Una respuesta ante la injusticia
El proyecto de Justicia Verde surgió en 2019, pero se consolidó durante la pandemia. Brenda Álvarez es una abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos y derechos LGBTQ+ que ha trabajado como litigante y consultora. Por su experiencia en estos temas, continuamente la han contactado personas que necesitaban acompañamiento legal tanto para acceder a atenciones de abortos terapéuticos como para garantizar la atención para aborto incompleto. Acudían a ella también personas que habían sido criminalizadas por haber pasado por un aborto. Brenda se dio cuenta de que faltaban espacios donde se pueda encontrar esta clase de ayuda y esta información.
Ella ya conocía a Diana Chávez pues habían realizado una investigación sobre brechas de género y acceso a servicios anteriormente. Diana es una abogada especializada en reformas de políticas públicas y trabaja como directora de proyectos en algunas organizaciones. Ella ya conocía a Dania Chavez porque también habían trabajado juntas. Dania es comunicadora y diseñadora gráfica, con larga experiencia en campañas digitales. Un día se juntaron las tres y nació Justicia Verde. Le pusieron este nombre porque se abocarían a la lucha por la justicia reproductiva con el verde como emblema: el color representativo de este movimiento en Latinoamérica.
Pero este no es su trabajo principal, ni del cual pueden sostenerse. Es, como lo explica Diana, “su faceta de Batman”. En las noches, cuando la mayor parte de la gente está regresando a sus casas de trabajar o está cerrando sus computadoras portátiles para poner fin a un día laboral, ellas se visten con el traje verde y se ponen al día con los pendientes de este proyecto. Los fines de semana son los días que más tiempo le dedican. Pero incluso cuando la carga es muy pesada, sacan tiempo de sus horas laborales de lunes a viernes para programar audiencias, contestar pedidos de ayuda o trabajar en la estrategia legal de algún caso.
Saben que el trabajo que hacen no es reemplazable: son pocas las organizaciones que se han abocado a estos temas y no es una tarea fácil. En una sociedad conservadora como la peruana, existe mucha desinformación sobre el aborto y pocos espacios para hablar al respecto. Además, no es una labor que el Estado u otras instituciones quieran financiar. Justicia Verde se sostiene con los ingresos de los otros trabajos de Brenda, Diana y Dania.
En una sociedad conservadora como la peruana, existe mucha desinformación sobre el aborto y pocos espacios para hablar al respecto.
Justicia Verde es una respuesta ante una cruda realidad: en los últimos seis años —de 2016 a 2021— se realizaron y atendieron 262 mil 28 casos de abortos en el país, de acuerdo con la información recogida en la publicación Nacer con útero: Efectos de la criminalización del aborto en el Perú. En este mismo periodo se han registrado 1517 denuncias a nivel nacional por el delito de aborto y 55 por el aborto terapéutico, a pesar que no es punible. Es esta persecución judicial a la que la Justicia Verde se enfrenta.
Pero la persecución legal no es la única forma de criminalización que afrontan las personas que han abortado. También la experimentan como sanción social desde los servicios de salud, cuando los médicos se niegan a atenderlas sin antes no aceptan que han abortado; desde los centros de estudios, cuando impiden que las menores se matriculen el siguiente año; desde el entorno laboral, cuando se esparcen rumores y se hostiga a la persona que ha pasado por un aborto. Este castigo social aísla y pone en riesgo la vida de las personas al negarles la ayuda psicológica o médica que necesitan.
En este escenario de marginación de las personas que han abortado, Justicia Verde es un espacio seguro en el que pueden encontrar apoyo y acompañamiento. Brenda Álvarez, Diana Chávez y Dania Chavez brindan asesoría legal a las personas acusadas de aborto, resuelven consultas sobre el procedimiento de abortar, realizan publicaciones de investigación, patrocinan casos y difunden información a través de las redes sociales de la iniciativa.
Si bien la defensa legal de las personas acusadas de abortar debería ser asumida por el Estado según la ley que garantiza el derecho a la defensa para toda persona, este servicio se encuentra saturado. Entre 2019 y 2022, el Ministerio de Justicia ha patrocinado 839 casos de aborto, 268 de ellos por autoaborto, en este último caso se presume o sindica a la mujer como la que se provocó en forma intencional la pérdida del embarazo.
No obstante, Diana Chávez explica que quien debería llevar los casos de denuncias por aborto, al ser una entidad pública especializada en materia de género, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).
“Muchos casos de aborto que son consecuencia de embarazos producto de violencia sexual deberían ser llevados por los Centros de Emergencia Mujer (CEM), pero están colapsados”, cuenta Diana. En un reciente informe, Justicia Verde mostró que el Mimp no cuenta con información sobre personas que hayan abortado y que hayan hecho uso de sus servicios de asesoría legal a través de los CEM. Estos espacios solo registran diversos casos de violencia.
Salud con lupa consultó también al ministerio por los casos de patrocinio legal de los Centros de Emergencia Mujer en los que el aborto de las mujeres sucedió en contextos de violencia de género, pero nos indicaron que no había registros.
Persecución en la vulnerabilidad
Hasta la década del setenta, el aborto era una práctica usual en Perú, pero su persecución como delito mínima. Todo esto cambió con la creación del Departamento de Abortos en la División de Crímenes contra la vida de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Representantes de este departamento fueron colocados en los principales hospitales de Lima para detener a las personas que habían abortado, en la misma sala de urgencias, aún en una situación crítica. El promedio de casos denunciados por año pasó a ser de 2 a 16.
Sin embargo, penalizar y perseguir el aborto en el Perú no ha hecho que disminuya. Todo lo contrario, este procedimiento se realiza continuamente, afectando sobre todo la vida y la salud de las personas más pobres que se arriesgan a someterse a formas clandestinas e inseguras de aborto. Mientras que las que cuentan con recursos pueden acceder a servicios de salud privados que ofrecen confidencialidad del procedimiento en condiciones seguras.
Hoy, según el Código Penal peruano, el aborto es un delito que tiene siete tipos legales: autoaborto, aborto consentido, aborto sin consentimiento, agravación de la pena por la calidad del sujeto, aborto preterintencional, aborto terapéutico y aborto sentimental eugenésico. A pesar de que el aborto terapéutico —cuando se practica para salvar la vida o la salud de la persona gestante— está permitido desde 1924, la policía ha abierto investigaciones en 55 casos entre 2016 y 2021.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud indica que cada año ocurren 73 millones de abortos inducidos en el mundo, más de la mitad en países en desarrollo y de manera precaria. Y en Perú, se calcula más de 370 mil al año. Solo en 2022, Justicia Verde ha asesorado legalmente a 12 personas: a cinco se les abrió una investigación por haberse sometido al aborto terapéutico, a otras cuatro se les criminalizó por haberse practicado un aborto y a otras tres sus exparejas promovieron que las denuncien. Es decir, estas mujeres habían interrumpido sus embarazos y sus parejas, que habían participado de esa decisión, las amenazabaron luego con denunciarlas. La abogada Brenda Álvarez cuenta que se trata de casos de mujeres en una situación de alta vulnerabilidad.
Un caso que muestra las fatales consecuencias de la criminalización del aborto es el de Diana Aleman, una joven venezolana que tenía 27 años cuando murió. Diana había acudido al Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores por un aborto incompleto la noche del 3 de julio. En el establecimiento pusieron trabas antes de atenderla, a pesar de que su estado de salud era grave, pues sufría una emergencia obstétrica. Finalmente, Diana pasó por un procedimiento para que le retiraran los tejidos que quedaron en el útero producto del aborto, en la madrugada del 4 de julio. Ese mismo día, poco antes de la medianoche, su cuerpo fue hallado sin vida en el sótano del hospital.
La OMS indica que cada año ocurren 73 millones de abortos inducidos en el mundo, más de la mitad de ellos en países en desarrollo y de manera precaria.
“Mi vida, estos doctores van a llamar a serenazgo. Necesito que me ayudes. Por lo del aborto”, fue el último mensaje que le envió por Messenger a su pareja Eudomar Gonzáles, el 4 de julio del 2020, a las 3 de la tarde. El informe que el hospital entregó a la Fiscalía indica que se trató de un suicidio, a pesar de que no hay evidencia que sustente esa conclusión. El mensaje de Diana indica más bien que ella estaba asustada, lo que lleva a pensar que trató de huir del establecimiento por miedo a las autoridades. Hoy el caso está en investigación por feminicidio.
“Su muerte fue ocasionada por la criminalización del aborto, fue una manifestación de violencia obstétrica y de violencia institucional”, señala Brenda. Diana Aleman estaba, además, en una situación migratoria irregular, lo que agravaba su condición de vulnerabilidad. “Mientras más vulnerables seas, es más duro y más largo el efecto de haber sufrido criminalización”, indica Diana Chávez. En este caso, las hijas de Diana Aleman padecen ahora las consecuencias de perder a su madre.
Cuando realizaron la investigación Nacer con útero, las abogadas de Justicia Verde confirmaron que varios de estos factores de vulnerabilidad presentes en el caso de Diana se repetían: la situación de pobreza y la edad de las mujeres. La mayoría de patrocinios son solicitados por personas entre 18 a 39 años, que representa poco más del 50% del total de 1124 patrocinios.
Violencia desde el propio Estado
Yesenia* solo tenía 13 años cuando tuvo que enfrentarse en un juicio contra el Estado por el delito de autoaborto. De ser una víctima de abuso sexual, era ahora acusada de ser la asesina de su bebé por la fiscal que debía defenderla.
Yesenia había sufrido una violación sexual y había quedado embarazada. Ella denunció a su agresor y el proceso iba en curso cuando la fiscal se dio cuenta de que la adolescente ya no estaba gestando. Entonces decidió denunciarla por autoaborto. Yesenia pasó a ser perseguida por el sistema de justicia al que ella había recurrido en busca de ayuda. Lamentablemente, casos como el suyo no son excepciones. Suele ocurrir que los mismos operadores de justicia revictimizan a las mujeres que han pasado por diversas formas de violencia de género.
En enero de 2016, el relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, indicó en un informe ante la Asamblea General que negar a las mujeres el derecho al aborto es equivalente a la tortura. “Denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos”, dice en el documento.
Sin embargo, Perú es uno de los países de Latinoamérica donde solo es permitido cuando la vida de la mujer corre peligro. En casos como el de Yesenia, en el que una niña iba a ser madre por violación, no es legal. Esto ha hecho que el país se convierta en uno de los Estados que suma más condenas de organismos internacionales por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, en casos de criminalización del aborto.
Una de estas condenas fue por el caso de K.L., una joven que tuvo que dar a luz un feto anencefálico que solo sobrevivió 4 días en 2001. K.L. tenía 14 semanas de gestación cuando los médicos le informaron que el feto que tenía en el vientre padecía de anencefalia —es decir, le faltaba la mayor parte del cerebro— y que esta condición era letal. La recomendación era que se realizara un aborto, pues estaba en riesgo su salud.
K.L y su madre solicitaron entonces la autorización del director del Hospital Arzobispo Loayza, pues era un requisito para el procedimiento. Sin embargo, este se negó diciendo que iba en contra del Código Penal. En una reunión a la que K.L. asistió con los médicos y directivos del hospital para evaluar la petición, solo le recriminaron. “Tú tienes la culpa por abrir las piernas”, le dijo un médico.
En 2002, K.L. dio a luz a la bebé, tras un trabajo de parto de 16 horas. Cuando nació, la joven vio que lloraba y se sintió culpable por su sufrimiento, aunque los médicos le habían dicho que los niños en esa condición no tienen sensaciones, solo impulsos físicos. A K.L. la obligaron a amamantar a su hija y a cambiarle los pañales, haciendo que cree un vínculo con ella. Luego de 72 horas, la bebé falleció. Para el funeral, tuvo que comprarle un juego de ropa y vestirla. La joven quedó afectada psicológicamente.
La ONG Demus tomó el caso de K.L. y lo presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comisión dictaminó que Perú había incumplido con garantizar el derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes y debía establecer un protocolo para el aborto en estas situaciones. En 2019, el Estado finalmente le pidió disculpas a K.L.
En 2002, K.L. dio a luz a una bebé que padecía anencefalia, tras un trabajo de parto de 16 horas. Luego de 3 días, la bebé falleció. Los médicos le habían negado la posibilidad de abortar.
Otro de los casos por los que el Estado recibió una condena fue el de L.C., una menor de 13 años que había sido abusada sexualmente desde los 11 años por varios de sus vecinos. En 2007, L.C. salió embarazada como consecuencia del abuso. La menor tenía un cuadro ansioso depresivo y trató de suicidarse lanzándose de la azotea de una casa. Esto le produjo severos daños en la columna vertebral. En el hospital Daniel Alcides Carrión los médicos le dijeron a la madre de L.C. que necesitaba una operación con urgencia. Sin embargo, un día antes de la intervención le comunicaron que no podrían hacerlo porque la niña estaba embarazada. La madre y la menor solicitaron la interrupción legal del embarazo.
Debido a la falta de un protocolo, el hospital convocó a una junta médica para debatir el caso. La conclusión fue que la vida de L.C. no estaba en peligro. El hospital le indicó que le daría terapia física, rehabilitación intensiva, atención psiquiátrica y psicológica, pero esto sucedió recién 4 meses después. Para entonces, el estado de L.C. había empeorado. Luego de unos meses, la niña tuvo que abandonar los tratamientos por falta de recursos económicos, ya que estos no eran subvencionados por el Estado. L.C. quedó con un cuadro de cuadriplejía espástica permanente.
Este caso fue tomado por la ONG Promsex, que presentó una demanda contra el Estado ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En octubre del 2011, Cedaw dictaminó que el Estado al negar la operación no había valorado el riesgo a la salud física y mental, lo que llevó a graves daños morales y materiales para L. C. y su familia. También exhortó establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico y despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación.
Tanto el caso de K.L. como el de L.C fueron los impulsores de la creación del protocolo de aborto terapéutico, que fue aprobado recién en 2014, a pesar de que este tipo de aborto no es delito desde 1924. No obstante, el Estado no ha cumplido con despenalizar el aborto por abuso sexual, que era otra parte del dictamen.
El oscuro futuro para los derechos reproductivos
El pequeño avance que representó establecer un protocolo para el aborto terapéutico en el país no ha dejado de recibir ataques de grupos antiderechos desde que fue aprobado. Las organizaciones Acción de Lucha Anticorrupción ALA Sin Componenda y la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro han presentado dos recursos de amparo contra el protocolo.
ALA quería que el Ministerio de Salud se abstenga de implementar la Guía Técnica Nacional para la aplicación del aborto terapéutico, pretensión que fue archivada por el Poder Judicial. La Asociación Santo Tomás Moro buscaba, por su parte, que el aborto terapéutico se declare inconstitucional, pretensión que aún está a la espera de una respuesta de la Corte Suprema. Ambas ONG ya habían presentado anteriormente demandas contra los derechos sexuales y reproductivos como el amparo contra el enfoque de género en la educación y contra la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE).
En los últimos años, hemos visto una consolidación de los movimientos de organizaciones antiderechos no solo en Perú sino en todo el continente. El reciente fallo que anuló la sentencia histórica “Roe vs. Wade”, que garantizaba el acceso al aborto en Estados Unidos, es un preocupante precedente a nivel mundial. En 1973, esta sentencia logró la libertad de las personas gestantes para interrumpir su embarazo en todos los estados del país.
Ahora, cada estado podrá decidir si considera el aborto ilegal o no. Se estima que la mitad de los estados, que tienen una tendencia conservadora, lo prohibirán. Planned Parenthood ha calculado que cerca de 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán afectadas, especialmente aquellas que viven en situación de pobreza.
En Perú, el actual Congreso, que cuenta con una mayoría ultraconservadora, lleva poco más de un año de gestión y ya ha presentado un grupo de iniciativas contra los derechos sexuales y reproductivos. Algunas simbólicas y declarativas, y otras que sí representan un inminente peligro directo para el aborto terapéutico.
“Formalmente, proyectos de ley como el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia no tendría ningún efecto, no se puede cambiar el nombre de un ministerio, pero el hecho de que se le dedique tantas horas a este tipo de debates, ya nos da una idea bastante real del ensañamiento que existe con los derechos de las mujeres”, explica Diana Chávez.
Un ejemplo de iniciativas que pertenecen al segundo grupo es el proyecto de ley 1520 para la Protección al concebido y a la madre gestante, presentado por la legisladora de Fuerza Popular Rosangela Barbarán en septiembre de este año.
Diversas organizaciones han alertado que el proyecto ataca directamente al aborto terapéutico al darle iguales derechos a la madre y al feto. Este proyecto no contó con la opinión técnica del Ministerio de Salud ni el del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La iniciativa de Barbarán tampoco menciona en ninguna parte al aborto terapéutico y esta omisión podría ser contraproducente. El MIMP señaló en un comunicado que el dictamen "podía poner en riesgo la vida y salud de la gestante al limitar el acceso al aborto terapéutico".
Ya en noviembre del año pasado, la bancada de Renovación Popular había presentado también un proyecto de ley para considerar a la persona como “sujeto de derecho desde su concepción” y no desde su nacimiento, otro ataque al aborto terapéutico. Esta iniciativa le pertenece a la congresista y pastora evangélica Milagros Aguayo, quien propone modificar el Código Civil para añadir que el concebido tiene derecho al “libre desarrollo intrauterino”. En caso de riesgo de la gestante, el proyecto incluso indica que el “cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primeros de afinidad” pueden decidir qué procedimiento médico se le podrá realizar.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional han alertado del riesgo en el que estaría el aborto terapéutico y los derechos de las mujeres si estos proyectos llegan a aprobarse, así como el rol que debe tener el estado para proteger este derecho. “Instamos a los poderes del Estado a ponerse del lado de las mujeres (...) El Congreso está de espaldas a la abundante evidencia que da cuenta de la violencia y discriminación estructural que enfrentan las mujeres”, indicó la organización.
Haber alcanzado y copado espacios de poder, así como obtener importantes financiamientos, ha hecho que los grupos antiderechos estén mejor organizados para atacar a instituciones y personas que se oponen a sus planteamientos, y tratar de dinamitar el derecho del aborto terapéutico.
Las abogadas de Justicia Verde cuentan que reciben correos electrónicos con insultos, maldiciones y hasta les dicen asesinas. Además, les envían “consultas trucadas” para obtener información sobre las defensas legales que realizan. No obstante, ellas tienen un protocolo de seguridad para poder distinguir estas trampas. Los mensajes, indican, vienen generalmente de personas relacionadas a los movimientos antiderechos.
“El Congreso está de espaldas a la abundante evidencia que da cuenta de la violencia y discriminación estructural que enfrentan las mujeres” - Amnistía Internacional
“En vez de que existan más mecanismos de garantía de derechos reproductivos, lo que encuentras son más acciones que intentan de alguna forma recortarlos de manera formal o simbólica. Y eso tiene que ver con los movimientos antiderechos que tienen mayor presencia en el Congreso y también en el Ejecutivo”, explica Brenda Álvarez.
Lo que ahora más les preocupa es la violencia institucional. Para Justicia Verde, la falta de enfoque de género en quienes tienen en sus manos la administración de justicia es uno de los principales obstáculos. En vez de entenderse el aborto como un grave problema de salud pública, se persigue a las mujeres.
Esta violencia comienza en servicios de salud, espacios donde se tendría que proteger y velar por las personas que acuden por auxilio ante una emergencia obstétrica después de un aborto. “Nos preocupa ver que el sistema de salud se está convirtiendo en una oficina de la Fiscalía, dejando de lado su función de garantizar la salud integral de las personas”, apunta Brenda. Por eso, desde Justicia Verde, sus fundadoras esperan contribuir a cambiar esta situación para las mujeres, aunque saben que será un proceso largo y que tendrán que enfrentarse a poderosos opositores. No están desanimadas, tienen la fuerza suficiente para remar contra la corriente.
*Los nombres de las personas que dieron su testimonio se mantienen en reserva.
