Misoprostol: la píldora que redujo las complicaciones médicas por abortos

Una tarde de agosto de 2017, Roxana buscó en los alrededores del Hospital Goyeneche de Arequipa a alguien que la ayudara a interrumpir su embarazo. Pronto se le acercó discretamente una mujer de saco y botas negras que ofreció realizarle una ecografía y un aborto. Al ser una persona sordomuda, Roxana estuvo acompañada de su hijo Martín, de 15 años, quien fue su intérprete. Ambos aceptaron la oferta por 300 soles y siguieron a la mujer durante varias cuadras hasta ingresar a dos locales. En el primero le realizaron la ecografía que confirmó sus tres meses de gestación y en el segundo le dieron unas pastillas sin decirle qué estaba recibiendo.

La misma mujer que captó a Roxana en la calle le colocó una pastilla y media debajo de la lengua, le dio otra para que se la tome a las siete de la noche y le pidió que regresara media hora después de hacerlo. Solo le comentó que esas pastillas expulsarían al feto. Roxana siguió las instrucciones y, al volver, la mujer la llevó a un tercer lugar. Era una habitación ubicada al fondo de una casa, donde una aparente profesional de la salud le puso una inyección intramuscular y le pidió que fuera al baño. Roxana no sabía qué iba a suceder luego, pero antes de ingresar, la Policía apareció, intervino a quienes estaban en el lugar y llevó a Roxana al Hospital Regional Honorio Delgado. Los médicos que la atendieron le diagnosticaron una amenaza de aborto.

Lo que Roxana se había puesto debajo de la lengua era misoprostol, un medicamento conocido comercialmente como Cytotec, del laboratorio Pfizer, que es utilizado para tratar las úlceras gástricas y, desde los años noventa, también en ginecología y obstetricia. La médica feminista con experiencia en salud sexual y reproductiva, Grelia Davies, explica que este último uso ocurrió por el efecto secundario que producía de ablandar y dilatar el cuello uterino.

—Se usa para inducir un parto en un embarazo con el feto vivo o muerto. Para el tratamiento del aborto incompleto y de la hemorragia post parto—, añade.

El misoprostol se vende con receta médica en las boticas y farmacias peruanas para impedir la acidez de la mucosa gástrica. Las recetas no detallan la enfermedad que se busca combatir, solo la cantidad de píldoras que se necesitan de acuerdo al tiempo de tratamiento médico. Pero en la práctica, muchas mujeres lo compran y consumen —por vía oral, sublingual o vaginal— para inducir el aborto.

A pesar de que ha permitido que las complicaciones médicas por aborto disminuyan, la interrupción del embarazo con esta píldora solo está autorizada para la práctica del aborto terapéutico en servicios hospitalarios en Perú. Una publicación en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública muestra que en el año 1989 hubo cerca de 54 mil 200 hospitalizaciones debido a emergencias por abortos inducidos en el país. En 2013, la cifra se redujo a 28 mil 652 emergencias obstétricas por abortos atendidas en hospitales.

Esa disminución puede deberse al uso del misoprostol —que resulta más fácil de utilizar y tiene un menor riesgo de complicaciones en comparación con otros procedimientos—. En esa misma dirección apuntan los resultados de una encuesta del Instituto de Opinión Pública realizada el 2018 a 2400 mujeres en el país. El 19% abortó en algún momento: el 47% con una intervención quirúrgica y el 32% con píldoras. Casi la mitad de las mujeres que tuvo un aborto quirúrgico necesitó ser internada, y menos de la quinta parte cuando usó pastillas.

El misoprostol funciona siempre que se tome la dosis adecuada, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus directrices sobre la atención para el aborto. Este documento ofrece asistencia técnica para los países donde el aborto es legal, como el uso del misoprostol hasta los tres meses de gestación o el tratamiento ante un aborto incompleto.

En aquellos países donde aún no lo es, se incentiva la eliminación de los obstáculos para un aborto seguro. La OMS busca prevenir los más de 25 millones de abortos inseguros que ocurren cada año en el mundo. En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) adoptó estas recomendaciones en junio de 2014 para el aborto terapéutico, el único legal hace 98 años.

Cuando Roxana buscó acabar con su embarazo, la dosis que recibió fue errada, por lo que las dos píldoras y media —más una inyección que no forma parte del protocolo— le impidieron abortar. No fue la única consecuencia que tuvo. Luego de ser atendida en el Hospital Regional Honorio Delgado, la Fiscalía le abrió una investigación por el delito de autoaborto en grado de tentativa y pidió que sea condenada a siete meses de prisión suspendida.

El 18 de agosto de 2021, el Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa resolvió el caso y le prohibió, por un año, viajar sin permiso fuera de la ciudad donde vivía. También le ordenó que justificara sus actividades una vez cada seis meses ante un juez y el pago de una reparación civil de 100 soles por agravio contra la sociedad. Si incumplía cualquiera de estas reglas de conducta o cometía un delito, la condena de Roxana cambiaría a la prisión suspendida.

Sobre el misoprostol, el médico Luis Flores, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explica que tomar demasiadas pastillas puede ocasionar una hemorragia. Lo recomendable es consultar con un médico, pero no todas las mujeres lo hacen por temor a ser juzgadas. En Perú, se practican unos 42 abortos cada hora y la mayoría ocurre a escondidas y en cualquier etapa de la gestación.

Yesenia vivía en Abancay, en la región de Apurímac, y tenía unos siete meses de embarazo cuando decidió abortar con la ayuda de su pareja y padre de sus dos hijos, Roberto. El 2 de febrero de 2013, ambos fueron a una farmacia para comprar una inyección y cinco pastillas de misoprostol por 50 soles. Luego ingresaron al auto que Roberto usaba para trabajar como taxista y allí él le colocó la inyección en la nalga, le introdujo tres de las pastillas por la vagina y le dio las otras dos por la boca. Cuando Yesenia llegó a su casa se fue a descansar hasta el día siguiente.

A las once de la mañana empezó a sentir fuertes contracciones, dolor abdominal y una hemorragia. Una de sus hermanas pidió apoyo a la Policía para trasladarla hasta el área de emergencias del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, donde le diagnosticaron “parto domiciliario”. Ante las preguntas de los agentes, Yesenia no respondió que había abortado, sino que el recién nacido estaba en su casa, pero cuando las autoridades revisaron su habitación encontraron el feto en una bolsa. A raíz de esto, la Tercera Fiscalía Corporativa de Abancay llevó a Yesenia y Roberto a juicio.

Ambos fueron condenados, pero en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Apurímac que revisamos solo se detalla la pena de Roberto: un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de aborto consentido; es decir, por causar el aborto de Yesenia con el consentimiento de ella, y el pago de una reparación civil de 1500 soles a favor de la sociedad.

Yesenia y Roxana accedieron a dosis distintas de misoprostol. Siguieron las indicaciones que tuvieron a la mano de personas cercanas a ellas o de quienes buscan lucrar con el aborto en la clandestinidad en condiciones riesgosas. Por ello, han surgido colectivos civiles que dan información segura, asesoría legal y acompañamiento emocional a las personas gestantes que deciden abortar para evitar que sean víctimas de estafas, violencia u otros riesgos a los que están expuestas.

Una línea por información libre y segura

Cada día, cerca de treinta personas se comunican con la Línea Aborto Información Segura porque buscan información confiable y certera de cómo abortar usando misoprostol y los cuidados que hay que tener durante todo el proceso. Este canal es impulsado desde hace doce años por una organización feminista peruana llamada la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres (CLIM) ante la falta de acceso a datos científicos y seguros sobre el aborto con esta pastilla.

Cuando fue lanzada, muchas de las personas que se comunicaban no tenían idea de que existía una píldora que inducía al aborto, cómo obtenerla ni menos usarla. Hoy, ante el uso masivo de Internet y las decenas de páginas web que “brindan información segura”, gran parte de quienes se contactan sí saben de su existencia, pero buscan más datos confiables y también conocer experiencias de personas que han abortado.

La línea atiende los lunes, martes, jueves y viernes a través de cuatro números telefónicos durante tres horas gracias a la labor no remunerada de un grupo de feministas que en su tiempo libre responde llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Ellas no son médicas, pero se han capacitado en el uso de misoprostol y tienen asesoría de profesionales de la salud en caso aparezca alguna pregunta que no sepan responder.

—Es importante que compartamos información segura y rigurosa con responsabilidad. No lo hacemos desde ese pedestal médico-paciente, donde tampoco se suele asesorar debido a la criminalización del aborto en el país. Lo hacemos mujeres que entendemos a otras mujeres—, dice Cynthia Núnez, comunicadora social y una de las fundadoras de la CLIM.

La información que ofrecen es solo para interrupción de embarazos hasta los tres meses de gestación. El grupo responde varias dudas de las usuarias, como las formas de identificar y prevenir las complicaciones, los efectos secundarios, cómo saber si la píldora funcionó, entre otros aspectos.

—Lo más complicado de explicar es la criminalización por el aborto. Estamos obligadas a hacerlo, que van a haber personas que las van a perseguir o hacerles una serie de preguntas si es que necesitan acudir al médico, aunque es menos probable llegar a esa situación con misoprostol en comparación con otros métodos abortivos—, dice Cynthia Núñez Curto.

Según la CLIM, el misoprostol ha tenido un impacto positivo importante en la salud de las mujeres: luego de utilizarlo, una de cada cien mujeres acude al hospital por una hemorragia y una de cada doscientas, por una infección.

Cuando se habla de aborto también es necesario mencionar el aspecto emocional que implica. De acuerdo a Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, un embarazo no deseado coloca a las mujeres en una crisis de vida. La psicóloga señala que la posibilidad de interrumpir el embarazo sin un profesional de la salud y sin un adecuado conocimiento de cómo sería el procedimiento genera un proceso de angustia y de dolor psíquico muy grande. Por eso, la persona comienza a leer, a buscar información que la oriente, que la ayude.

—A veces, felizmente, una mujer encuentra estos servicios que, a pesar de todo el tema de la presión y de la situación que vive, pueden ofrecerle algún apoyo. Pero, la mayoría de las veces, corre el riesgo de llegar a un servicio que le hace más daño que bien—, añade Guerrero.

Además de la CLIM, existen otras organizaciones con objetivos similares, como Compromiso, Decido Yo y Serena Morena. Este último es un colectivo feminista que se fundó el 8 de marzo de 2017 no solo para acercar a las personas gestantes a información veraz sobre el uso de misoprostol hasta los tres meses de embarazo, sino para brindarles soporte emocional. Todo a través del correo electrónico [email protected].

Kath es una de las serenas que lleva tres años acompañando abortos solo hasta los tres meses de gestación. Usualmente participa en transmisiones en vivo en Instagram junto a otras organizaciones para continuar difundiendo la labor que realizan como colectivo. En una de estas conversaciones, Kath explica que Serena Morena informa sobre el aborto con medicamentos porque es un método autónomo: le da a la mujer el poder sobre su propio proceso de aborto y, como una ley no impide que la mujer que decide abortar lo haga, es mejor que estén informadas con un método seguro en vez de caer en mafias de aborto clandestino.

Por ejemplo, páginas web promocionan la venta de mifepristona para abortar y, si bien forma parte de uno de los esquemas de la OMS para interrumpir el embarazo, esta medicina no se utiliza en Perú. —Al no tener información certera, segura y científica terminan cayendo en mafias de aborto clandestino, como las que se promocionan con los letreros de atrasos menstruales, que están por todos lados, o en estafas. Ponen en riesgo su salud, integridad y futuro—, cuenta Kath.

Resistencia para despenalizar el aborto

En los países donde no se criminaliza el aborto han disminuido las prácticas inseguras y con ello el riesgo de morir de las personas gestantes. En Uruguay, por ejemplo, luego de que se aprobara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 2012, “la mortalidad materna bajó un 50%”. De acuerdo a datos públicos obtenidos por AFP Factual, entre el 2013 y 2018, hubo seis muertes por abortos y cinco de ellas ocurrieron en condiciones de riesgo; es decir, fuera del marco de la ley, por aborto espontáneo o terapéutico. En cambio, entre el 2001 y 2012, cuando seguía siendo ilegal, el gobierno uruguayo registró 31 muertes maternas por abortos.

En Perú aún hay resistencia del Congreso para cambiar las normas pese a que están variando las percepciones de las personas. Una encuesta de Ipsos de 2021 reveló que el 15% de peruanos está de acuerdo que se legalice el aborto en cualquier circunstancia; mientras que el 39% señaló que debería ocurrir en casos de violación sexual. Sobre este último punto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento archivó hace unos días un proyecto de ley, impulsado por la congresista Ruth Luque, que buscaba despenalizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual. En lo que va de este año, cada día cuatro niñas menores de 15 años fueron obligadas a ser madres, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea.

El mismo día que se archivó la iniciativa de Luque se aprobó el predictamen del proyecto de ley que pretende que el concebido sea “sujeto de derechos”. —Esto significa que un feto tendría derechos de la misma manera que una persona ya nacida—, reflexiona la abogada constitucionalista Gabriela Oporto en una columna de opinión. La propuesta, que deberá debatirse en el Pleno del Congreso antes de ser ley, es de autoría de la legisladora conservadora Milagros Jáuregui y pone en riesgo el aborto terapéutico. El texto señala que cuando la vida del feto o de la madre estén en riesgo, le correspondería a ella, al cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad decidir salvar al feto o a la madre.

En teoría, el aborto terapéutico es practicado luego de que una junta médica lo autoriza, hasta los cinco meses y medio de embarazo, cuando es la única vía para salvarle la vida a la persona gestante o evitarle un mal grave y permanente a su salud. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reveló el año pasado que en 19 de 39 hospitales supervisados en doce regiones del país se desconoce la guía técnica del aborto terapéutico aún cuando a los establecimientos, desde el segundo nivel de atención, les corresponde realizar el procedimiento. En los 20 hospitales donde se mencionó que sí se conocía el protocolo su personal no se capacitó a través del Ministerio de Salud, sino de manera autodidacta.

Además, cuando llegan niñas embarazadas, producto de una violación sexual, 23 hospitales informaron que sí las atienden, mientras que 15 las refieren a otro establecimiento de salud pese a que deberían atenderlas. Según explica el médico Luis Flores, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, esto responde al temor que aún existe en los profesionales de la salud de ser enjuiciados por practicar el aborto terapéutico en caso lo requieran las niñas.

En 50 de 70 postas supervisadas a nivel nacional también se desconoce el protocolo. Si bien, estos servicios no están autorizados a realizar el procedimiento, tienen la obligación de derivar a los pacientes a establecimientos de mayor complejidad cuando estén en riesgo. Las postas, además, están más cerca a la comunidad y puede ser el primer lugar al que acude un paciente.

Un estudio de Justicia Verde —una organización que asesora legalmente a las personas denunciadas e investigadas por abortar— muestra que entre el 2016 y 2021 se registraron ante la Policía Nacional 55 denuncias por aborto terapéutico. La criminalización no solo evita que se practique este procedimiento, también que no haya estadísticas, detalladas y sin subregistros, para analizar la realidad del aborto en general y cómo va la atención médica hacia las mujeres.

—Al ser una acción ilegal, el aborto no se contabiliza. Lo que podemos encontrar son cifras de mujeres con complicaciones por un aborto o que mueren—, explica la psicóloga Rossina Guerrero, de Promsex.

Ahora contamos con investigaciones que muestran que las mujeres que abortan con misoprostol tienen menos complicaciones médicas. Pero lo tienen que hacer a escondidas y asumiendo riesgos cuando podría ser una experiencia segura, con información médica adecuada.