La Policía y el Ejército han usado de forma ilegítima e indiscriminada armas letales y no letales contra los manifestantes que salen a las calles a pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones generales. Las principales víctimas de la represión ejercida por el Estado son personas indígenas y campesinas, advierte en su primer informe Amnistía Internacional, una de las organizaciones más extendidas en el mundo en defensa de los Derechos Humanos.
La investigación recoge información de Lima, Ayacucho y Apurímac. En estas dos últimas regiones del sur del país murieron 16 personas, entre ellas dos menores de edad, en situaciones vinculadas directamente a las protestas en diciembre.
Sin embargo, después de más de cincuenta días de crisis y manifestaciones, son 60 los peruanos fallecidos. El 80% de víctimas pertenecen a departamentos con población mayoritariamente indígena, donde históricamente las personas han sido discriminadas cuando han intentado ejercer su derecho a la participación política, destaca el informe de Amnistía.
“El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, durante una conferencia de prensa a la que también asistieron Ruth Bárcena Loayza, presidenta de la Asociación de los Asesinados y Heridos en Ayacucho, y Dany Quispe Rojas, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y Agraviados de Apurímac.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro dato relevante del informe es que se identificaron 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos. Esta cifra sería una consecuencia del uso de armas de fuego con munición letal, uno de los principales métodos usados por la Policía y el Ejército para dispersar las manifestaciones incluso cuando no existía riesgo aparente para su vida o la vida de otras personas. El Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional cuenta con 11 piezas audiovisuales que demostrarían este excesivo uso de la fuerza.
Si bien la organización reconoce que en las protestas hubo elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes, “la Policía llegó a disparar a objetivos concretos, disparos que mataron o lesionaron a transeúntes y a personas que solo prestaban primeros auxilios a los heridos”, como ocurrió con el estudiante de Medicina Humana Marco Antonio Samillán Sanga en Juliaca, Puno.
En otros dos casos, Amnistía Internacional considera que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales. Estos corresponden a John Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barboza, quienes murieron en el cerro Huayhuaca, de la provincia de Andahuaylas (Apurímac), el 12 de diciembre de 2022. Testigos y videos grabados ese día señalan que varios policías dispararon desde la azotea de un edificio ubicado frente al cerro. Además, funcionarios del Estado confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de la Policía en dicha terraza y la organización ha verificado, con imágenes de video, que John Enciso no estaba enfrentándose a la Policía en el momento de su muerte.
En el aeropuerto de Ayacucho y algunas calles cercanas, donde el Ejército realizó una operación el 15 de diciembre, las fuerzas del orden utilizaron balas de forma continuada durante al menos siete horas, de acuerdo a los testimonios recogidos para el informe.
Criminalización a los manifestantes
El abuso de la fuerza policial y las lesiones causadas a civiles no son el único hecho que ha podido documentar la organización. Más de 20 personas que fueron heridas por latas de gas lacrimógeno reconocieron que no querían presentar una denuncia por temor a ser sometidas a procesos penales. Algunas de ellas, incluso, aseguran que recibieron llamadas telefónicas amenazantes o fueron vigiladas por efectivos.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú advierte que los discursos usados por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes “revictimizan a quienes lloran la pérdida de un ser querido” y justifican “tácticas militares y policiales arbitrarias”.
A pesar de los testimonios, videos y fotos que se han ido acumulando, la Fiscalía no ha desarrollado diligencias claves para investigar las muertes relacionadas con la represión policial. De acuerdo a Amnistía, faltan ciertos peritajes y la declaración de testigos.
Lo más grave es que en algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de las evidencias encontradas, una tarea necesaria para que sean admitidas como elemento de prueba en la investigación. Según los expertos consultados por Salud con Lupa, “para formular estos casos ante la Justicia se necesita evidencia probatoria”. En el caso de Robert M.LL., un estudiante de 16 años que murió en la provincia apurimeña de Chincheros, no se pudo realizar la necropsia oportunamente a pesar de ser un examen clave para las indagaciones de la Fiscalía.
Amnistía Internacional ya ha presentado los hallazgos de su informe a la presidenta Dina Boluarte. En este documento recomienda que se ponga fin al uso de armas letales y potencialmente letales -como los perdigones de goma- en las protestas. Además ha pedido que la Fiscalía destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva y pronta y que garantice condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.
Por último, la organización ha solicitado a las autoridades, en especial a la presidenta, que cese la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan en las calles.
