La abogada Beatriz Mejía Mori insiste sin sustento científico en que las vacunas provocan efectos adversos graves físicos y psicológicos. También brinda recomendaciones para evitar usar mascarillas en lugares públicos. Y ahora, con la finalidad de “defender” a las personas que no quieren vacunarse y que requieren de las dosis para ingresar a espacios cerrados desde este viernes 10 de diciembre, promueve un documento conocido como certificado de exención.
Un certificado de este tipo es utilizado a nivel internacional para que las personas no sigan un determinado tratamiento a causa de una contraindicación médica o por decisiones religiosas. Sin embargo, hay quienes quieren eximirse de ser inmunizados contra la covid-19 —sin presentar problemas de salud ni ser avalados por un profesional médico— solo por no confiar en las vacunas ya sea por creencias personales o religiosas. En la mayoría de casos estas creencias están basadas en desinformación como la que difunde la abogada Mejía Mori en charlas virtuales organizadas por movimientos antivacunas.
El documento lleva su firma y sello, y es pequeño como un carnet de vacunación, pero representa la “esperanza” de miles de peruanos no vacunados para incumplir las disposiciones del Ejecutivo. Para la abogada, este certificado deja en claro que la vacunación es voluntaria y, por lo tanto, no se debe presentar un pasaporte de inmunización para acceder a ciertos lugares; es decir, la persona se exime o libera de ser vacunada. Bajo esta lógica, señala que la medida es inconstitucional por “vulnerar los derechos humanos y el libre consentimiento de las personas respecto a su salud”.
En una entrevista para Salud con Lupa, la abogada constitucionalista Gabriela Oporto señala que las normas del gobierno no obligan a las personas a vacunarse y, en ese sentido, no se está vulnerando la ley. Frente a la idea de que las restricciones para ingresar a bancos o restaurantes vuelven obligatoria la vacuna de manera indirecta, la abogada señala que se deben considerar los beneficios en la salud pública. Ese fue el criterio que se siguió cuando se establecieron cuarentenas al inicio de la pandemia con la finalidad de evitar la transmisión del virus y el colapso del sistema sanitario peruano.
“Si la restricción a los derechos es leve o moderada, pero el beneficio es elevado; la medida es constitucional siempre y cuando sea apropiada para seguir el objetivo de evitar la propagación del virus y necesaria”, dice Oporto. Los vacunados, además de tener menos riesgos de desarrollar con gravedad la enfermedad, son menos proclives a contagiar el virus en comparación de aquellos que no han recibido las dosis contra el coronavirus.
La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se especifique qué sucederá con aquellas personas que por razones médicas no se pueden vacunar, las que no han sido inmunizadas porque aún no transcurren los tres meses desde que tuvieron covid-19, y las que tienen problemas con el registro de sus dosis en la base de datos del Ministerio de Salud, entre otras situaciones.
Como se recuerda, Beatriz Mejía interpuso una acción popular que busca declarar la inconstitucionalidad de los decretos supremos de PCM para que se deje de aplicar la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación. La demanda aún se encuentra en evaluación por parte del Poder Judicial y va en contra de la Procuraduría General del Estado, del presidente de la República, Pedro Castillo, y de todos sus ministros.
Mejía Mori afirma que el decreto supremo 168 dispone la muerte civil para las personas no vacunadas, ya que no podrán ingresar a lugares cerrados a realizar trámites. La abogada penalista Romy Chang advierte que en realidad no se trata de una muerte civil porque no se está inhabilitando o incapacitando a una persona. “Acá lo que te están diciendo es: ‘oye, si quieres ir a un cine, tienes que mostrar tu vacuna. Si no, no puedes ingresar’”, explica.
Mientras su recurso se resuelve, la abogada Mejía Mori, quien ha sido vocera del colectivo conservador Con mis hijos no te metas, plantea una estrategia paralela: abarrotar con demandas a los empresarios. Su intención es intimidarlos y forzarlos a gastar miles de soles en su defensa, con la esperanza de que presionen al gobierno para eliminar el requisito del carnet de vacunación.
Con ese propósito, recopilará las quejas escritas en los libros de reclamaciones de aquellos establecimientos que impidan el ingreso a las personas no vacunadas. “Cuando empiecen a recibir una, tres o veinte denuncias y tengan que contratar abogados van a reaccionar y hablar con el ministro de Salud, con todas las autoridades”, dice Mejía en un video difundido por Telegram. Además de los empresarios, también planea denunciar a los funcionarios del Estado por abuso de autoridad, incumplimiento de función, discriminación, coacción, entre otros delitos, cuando se impida el ingreso a entidades públicas.
Estas posibles denuncias aparecen como una advertencia en los certificados de exención de vacunación; sin embargo, para Romy Chang, el procedimiento resultaría inviable porque las autoridades peruanas están implementando estas medidas justamente para hacerle frente a la pandemia. “Creo que hay una racionalidad en la adopción de este tipo de medidas y prueba de eso es que se dan en otros países”, añade. Por mencionar algunos ejemplos, en Colombia y en Europa, al igual que en Estados Unidos, ya están vigentes disposiciones similares a las que implementará Perú.
Vacunación para laborar presencialmente
El certificado de exención de vacunación también está siendo solicitado en las redes sociales, principalmente en grupos de Telegram y WhatsApp, para presentarlo en los centros laborales con más de diez trabajadores a raíz de que estos solamente podrán laborar de manera presencial si todo su personal está inmunizado. Pero independientemente de esta estrategia, el tema merece un análisis más profundo.
De acuerdo al abogado laboralista Ricardo Valderrama, el empleador no puede obligar al trabajador a vacunarse si este no lo desea y solo tendría dos opciones: indicarle que vaya a trabajar de manera presencial —lo cual pondría en riesgo a los demás trabajadores e iría en contra de la disposición del Poder Ejecutivo— o aplicar la figura del trabajo remoto. Valderrama también considera que “no existiría un argumento legal para despedir a un trabajador por el hecho de no vacunarse”.
Entonces, ¿qué sucederá con aquellas personas que no quieren vacunarse y requieren trabajar presencialmente? No hay respuesta clara por parte del gobierno. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que, para inicios de diciembre, se emitiría un reglamento respecto al trabajo presencial, pero aún no ha sido publicado. La abogada laboralista Sara Campos opina que este reglamento será importante para conocer qué consecuencias habrá si el trabajador quiere ejercer su derecho a no vacunarse o decida no hacerlo por una prescripción médica. También permitirá saber si se podrá recurrir a la suspensión perfecta de labores.
“Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador es responsable de todo lo que suceda en el centro laboral. Si permite a personas no vacunadas, está poniendo en riesgo la salud de otras que conviven en ese espacio”, agrega Campos. Desde Salud con Lupa solicitamos una entrevista al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para abordar este tema, pero no la concedieron.
Mientras el Poder Ejecutivo elabora los reglamentos de las últimas disposiciones publicadas, la abogada Beatriz Mejía recomienda que los trabajadores envíen una carta al empleador en la que se advierta que los decretos supremos que exigen la presentación del carnet están judicializados. A ella se adjuntaría una declaración de no consentimiento informado de vacunación y el certificado de exención, con la finalidad de que puedan laborar sin estar inmunizados. Esta acción pone en riesgo la salud de los demás trabajadores.
Presión y desinformación
Estas estrategias presentadas por la abogada Beatriz Mejía tienen el respaldo de grupos antivacunas covid-19 como Médicos por la Verdad en Perú, la Organización Médica Peruana de Investigación, la Organización Mundial por la Vida, Cristianos por la Verdad, entre otros ya identificados por Salud con Lupa.
También cuenta con el apoyo de la Asociación Sí Vamos, presidida por el médico Posemoscrowte Chagua. En su canal de Telegram, él comparte contenido sobre supuestos efectos adversos de las vacunas, y expresa su deseo de tener un representante en cada distrito del país para enfrentar a las disposiciones del gobierno referidas al carnet de vacunación. Durante su periodo como parlamentario, Chagua pidió crear una comisión investigadora para conocer los beneficios y desventajas del dióxido de cloro como tratamiento contra la covid-19.
Todos los grupos mencionados se han organizado para promover y repartir el certificado de exención en las diferentes marchas que promueven en el país, no solo en rechazo a las vacunas, sino por el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Sus principales armas son la desinformación y el temor, bajo la bandera de que se está vulnerando la libertad individual. Al parecer, no son conscientes de que su libertad personal finalmente pone en riesgo a toda una colectividad y al mismo sistema de salud.
Si bien la presentación del certificado de exención y la acción popular son promovidas por la abogada Beatriz Mejía, hay otros personajes que se han sumado a la embestida contra las disposiciones del Ejecutivo. Dos de ellos son los congresistas de Renovación Popular Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante, quienes han enviado sendas cartas sobre el tema a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Jáuregui sostiene que los decretos supremos pretenden que la inoculación sea obligatoria yendo en contra de la vacunación libre y voluntaria. Por el otro, Muñante considera que las medidas van en contra de la libertad de religión de aquellas personas que por sus creencias no se han vacunado, pese a que no detalla a qué creencias se refiere.
A pocos días de que entren en vigencia las restricciones para los no vacunados, sus opositores siguen distribuyendo el certificado de exención y ensayan tácticas complementarias. Beatriz Mejía ha recomendado a sus seguidores solicitar a un psiquiatra o psicólogo un certificado que indique que vacunarse afectaría su salud mental. “¿Cómo me voy a inyectar algo si luego estaré pensando si me hará mal?”, argumenta la abogada, una de las principales voceras de la desinformación frente a la covid-19 en el país.
