Hace un mes, Salud con lupa publicó tres reportajes que evidencian los difusos límites de los funcionarios y sus actividades privadas en el sistema de salud de Chile ante la ausencia de mecanismos eficientes para evitar las puertas giratorias y los conflictos de interés. Ahora, el problema fue analizado por un diputado del Frente Amplio que presentó un proyecto de ley para enfrentarlo.
La propuesta legislativa del diputado Miguel Crispi busca que todo exfuncionario del Estado chileno esté impedido de usar información privilegiada para poder comprar o crear empresas que trabajen con el Gobierno en un plazo de dos años.
Su proyecto está basado en los casos de Juan Carlos Corbeaux, Stephan Jarpa y Valentín Díaz Gracia durante su administración de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el organismo que agrupa la demanda de medicamentos para abastecer a la red de salud pública en Chile.
“El proyecto de ley denominado Gobiernopoly busca evitar los conflictos de interés y el mal uso de la información privilegiada entre quienes ostentan algún alto cargo dentro del Gobierno”, explicó Crispi en una entrevista con la estación de radio ADN.
El caso de Valentín Díaz es el más reciente. En julio de 2019, bajo el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, Díaz volvió a ser nombrado jefe de la Cenabast. Su designación se dio pese a que, desde el 2014, este ingeniero dejó la Cenabast y su larga carrera en el servicio público y se unió al mundo privado: creó una empresa para comercializar fármacos e insumos médicos, y representó, ante la misma Cenabast, a la filial chilena del laboratorio farmacéutico mexicano Pisa.
La propuesta de ley presentada busca también asignar responsabilidades a los jefes de servicios que contraten a los exfuncionarios. "Nuestro compromiso es velar por la transparencia en el sector público y separar el dinero de la política", apuntó Crispi.
