Para la mayoría de quienes salimos a marchar en noviembre del 2020, la movilización que provocó la salida de Manuel Merino de la presidencia del Perú fue una experiencia breve. Una decisión que desató debates entre familia y amigos, la primera protesta de miles de jóvenes, una espontánea expresión de ciudadanía que detuvo el abuso de los más poderosos. Sin embargo, para un grupo de manifestantes, la noche del 14 de noviembre —la fecha central de las protestas— aún no termina. Aquella noche marcada por la represión policial continúa presente en las deudas acumuladas por operaciones costosas, en las pesadillas que les interrumpen el sueño, en el vacío de los planes que se perdieron. Para algunos, el 14 de noviembre del 2020 está tan presente como el perdigón de metal que sigue alojado en sus cuerpos.
El saldo más trágico de esa noche fue la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. A un año de su partida, el Gobierno sigue sin cumplir con la reparación que ofrecieron a las familias. Así como durante las protestas los manifestantes organizaron brigadas para protegerse entre ellos de la violencia policial, hoy se han unido en una asociación con la que intentan combatir la inacción de las autoridades. Hoy los heridos han encontrado en la solidaridad y en la colaboración la forma de reclamar por sus derechos. Veintisiete víctimas y los deudos de Inti y Bryan han formado una alianza —la Asociación de Víctimas de Familiares del 10 al 14 N— para impulsar sus demandas: justicia, reparaciones civiles y atención de salud para las secuelas físicas y psicológicas que enfrentan.
Durante dos semanas, visitamos las casas de los jóvenes heridos en las marchas, conversamos con ellos y los acompañamos en sus actividades cotidianas. No todas las heridas en sus cuerpos han sanado, tampoco las que llevan dentro. Reconocerse como una víctima no es sencillo, pero es parte del camino para obtener justicia. Estas son las batallas que libran, mientras aguardan que pase la noche.
(Haga clic en las fotos para conocer sus historias)
