Ellas no se fueron de casa: sus agresores las desaparecieron

¿Han visto a María? Durante tres meses su madre le hizo varias veces esta pregunta a los ronderos de Tual, un pueblo rural donde viven cerca de 260 familias en las alturas de la sierra de Cajamarca, con la esperanza de que la ayudaran a ubicar su paradero. María —25 años, separada y mamá de dos niños pequeños— había crecido en esta comunidad donde la violencia contra las mujeres es frecuente aunque no suele ser noticia. Y donde las rondas campesinas, en varias ocasiones, toman la justicia por sus propias manos. Por eso, su madre Dolores esperaba al comienzo que los ronderos la ayudaran a ubicar a la última persona que vio a su hija y que les dijera dónde se encontraba. Ella no quería pensar que algo muy malo le había pasado.

La noche del 7 de agosto de 2017, María desapareció junto a sus dos hijos de la casa de su suegro Alejandro Herrera Flores, donde todos vivían. No dejó una nota. No hizo una llamada telefónica a alguno de sus familiares. Tampoco dejó un mensaje con algún conocido. No podía haberse ido tan lejos sin avisar, pensaba su madre.

—Ella se ha ido de la casa. Se llevó su ropa en bolsas y a los niños—, le dijo tres días después Alejandro Herrera al juez de paz de Tual, a quien él mismo buscó para darle una versión que sugiriera que no había nada que investigar.

El juez de paz le ordenó que denunciara lo sucedido ante la Policía, pero Herrera no le hizo caso. La familia de María se encargó de reportar el caso. Hasta ese momento, no pensaba que el responsable pudiera estar muy cerca de ellos.

Lo que Herrera, de 50 años, no contó a las autoridades fue la discusión previa que tuvo con su nuera María por su supuesto comportamiento irrespetuoso y un amorío con un compadre. Todo empezó la mañana del 7 de agosto, cuando ella regresó con sus hijos de la casa de su mamá. Apenas la vio, empezó a reclamarle delante de los niños por ausentarse durante dos días de la casa y por su supuesta nueva relación. En un intento por resolver lo que parecía solo una confusión, esa misma tarde el compadre y su esposa aparecieron en la casa para desmentir la historia que se había instalado en la cabeza de Alejandro.

Esa fue la última vez que esa pareja vio a María.

Solo cuando Alejandro Herrera empezó a contar distintas versiones sobre el paradero de su nuera, los ronderos de Tual y la familia de la joven empezaron a dudar de él y decidieron buscarlo para interrogarlo en profundidad.

—Ella ya no está, ya se debe haber ido al otro mundo— le dijo Herrera al hijo mayor de María y también a algunos conocidos en el pueblo. Ocho meses antes, este mismo hombre —corpulento, piel cobriza, frente amplia, rostro ancho y cejas pobladas— había estado preso en el penal de Huacariz en Cajamarca por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad, a quien había embarazado.

Acorralado por los ronderos, el 30 de noviembre, Alejandro Herrera confesó que él era el asesino de su nuera y sus dos nietos: un niño, de 4 años, y una bebé, de 1 año y nueve meses. Días después, él mismo llevó a una delegación de las rondas hasta el lugar donde había arrojado los restos.

El asesino contó que la discusión se salió de control y que golpeó a María hasta matarla en una de las habitaciones del segundo piso de la casa de Tual. Luego, les quitó la vida a golpes a sus dos nietos. Para desaparecer sus cuerpos, los colocó en sacos de granos y los trasladó hasta la Curva de San Antonio, un paraje de una carretera a unos quince minutos de distancia en auto. Allí los introdujo en dos cilindros y los quemó.

El 8 de julio de 2019, Alejandro Herrera fue condenado a 35 años de prisión por el feminicidio de María con el agravante de haber cometido el crimen en presencia de sus nietos, y por el parricidio de ellos. Se le fijó también el pago de una reparación civil de S/ 300 mil. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca confirmó la condena en 2021. El asesino volvió al penal de Huacariz, donde ahora cumple su pena.

La desaparición de mujeres es un grave problema en Perú que está vinculado con formas de violencia de género como el feminicidio, la trata de personas y la violencia sexual.

La historia de María es la de muchas otras mujeres. No hay estadísticas oficiales que así lo digan. Pero hay importantes indicios como para prestarle mucha atención. El 63% de desapariciones registradas en los últimos cinco años en Perú corresponde a mujeres, la mayoría jóvenes y adolescentes. Su desaparición pudo estar relacionada a algún tipo de violencia o incluso para ocultar su asesinato, pero pocas veces la Policía y la Fiscalía hacen investigaciones con perspectiva de género.

A la Defensoría del Pueblo le preocupa ese vacío y ha empezado a publicar reportes sobre las conexiones que hay entre las desapariciones de mujeres y la violencia de género con datos que su propio equipo elabora a través del seguimiento de casos denunciados. En su informe de 2021 advirtió que el 13% de las mujeres víctimas de feminicidio había sido reportada como desaparecida. Aproximadamente, una de cada siete mujeres.

—Lo hemos hecho con nuestros reportes porque no hay un análisis del sistema de justicia sobre este problema—, comenta Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría.

Durante la investigación de sentencias por feminicidio que hicimos para el especial Justicia Machista, hallamos que, de 49 casos de mujeres asesinadas con autores sentenciados, seis habían sido reportadas como desaparecidas entre los años 2018 y 2020. Esto significa que el 12% de feminicidas ocultó los cadáveres de sus víctimas para evitar ser descubiertos. Lo que pone en evidencia que una desaparición puede terminar en un feminicidio y los sistemas de búsqueda deberían funcionar sin los enormes obstáculos en los que se convierten los prejuicios de género.

Para enfrentar este problema, el Perú ha dado un paso. En abril de este año, el Estado reconoció la desaparición de mujeres como una forma de violencia de género. Es el primero en América del Sur que lo hace.

Para la socióloga y fundadora del colectivo Mujeres Desaparecidas, Katherine Soto, que la desaparición de mujeres sea hoy considerada una forma de violencia de género ayuda a evidenciar que se trata de una grave realidad de interés público. Quiere decir que una desaparición no es una cuestión privada, como hace algunos años se solía ver también la violencia de género, sino un problema social. Desde esta mirada, se pueden impulsar leyes para mejorar los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas o programas sociales a favor de sus huérfanos o deudos.

Sin embargo, todavía hay comisarías donde algunos policías dan poco crédito a los reportes de desapariciones de mujeres por prejuicios: Si es una adolescente, los padres suelen escuchar “quizás se fue con el enamorado, espere”. Si es adulta, se interroga a la persona que hizo la desaparición por la vida íntima de la desaparecida para prejuzgar que “si tuvo varias parejas, entonces pudo irse con otra”. En otras situaciones, los policías dan justificaciones absurdas para no aceptar la denuncia y con ello retrasan la búsqueda, como “hay que esperar 24 horas por si vuelve” o que “solo puede denunciar la pareja de la mujer”.

En septiembre de 2018, un decreto legislativo incorporó algunas medidas especiales para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas luego del crimen de Jimenita, una niña de 11 años que fue secuestrada, violada y asesinada en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, a pocas cuadras de la Comisaría de Canto Rey. La norma se enfocó en las personas más vulnerables como Jimenita: niños, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia de género. Fue un avance, pero poco tiempo después el compromiso de todas las autoridades para su implementación quedó en el papel.

Entre enero y agosto de este año, la Policía registró la desaparición de 7762 mujeres —36 cada día— y reportó que 3676 fueron ubicadas, lo que significaría que aún más de la mitad de mujeres no aparece. Sin embargo, este último dato es ambiguo debido a que las cifras de personas de las que se encontró su paradero también hacen referencia a casos denunciados en años anteriores y esos detalles no son públicos en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) que administra la Policía. Tampoco se detalla la cantidad de mujeres que aparecieron muertas ni si su desaparición tuvo relación con algún delito.

Una madre convertida en investigadora

—Como madre voy a seguir buscándolas, no me voy a dejar vencer nunca. Voy a buscarlas todos los días de mi vida, porque nos han olvidado. A cualquier lugar donde vaya siempre voy a decir que me faltan Estefhany, Tatiana y Yamile.

Patricia Acosta, de 50 años, nos dice estas palabras a través del teléfono. Desde hace seis años y medio, se levanta con un propósito: continuar la búsqueda de su hija Estefhany Díaz y sus nietas Tatiana Díaz y Yamile Pajuelo. Lo último que supo de ellas es que habían ido a una fiesta infantil cerca de su casa en el distrito de Mi Perú, en el Callao, y no regresaron más.

La señora Patricia es jardinera y algunas veces pide permiso a la municipalidad donde trabaja para asistir a los plantones que organizan los dos colectivos a los que ella se unió: la Asociación de Madres Luchando por Justicia y Mujeres Desaparecidas. Con otras mujeres que comparten historias similares a la suya, Patricia ha encontrado un nuevo sentido a su vida. No solo tiene fuerzas para seguir notificando a las autoridades que no están buscando (o lo están haciendo mal) a su hija y sus dos nietas, sino que también ahora apoya a otras familias que se encuentran en su misma situación.

La desaparición no es un delito en Perú, por lo que la Fiscalía no va a iniciar una investigación penal de inmediato.

—Para buscar a una persona desaparecida, la Policía Nacional tiene que realizar diligencias a partir de una denuncia—, explica la abogada del centro Flora Tristán, Cecibel Jiménez. En el camino, cuando existe sospecha de un posible delito detrás de la desaparición, recién interviene la Fiscalía.

En todos los años que llevan desaparecidas Estefhany y sus hijas Tatiana y Yamile, el Estado peruano ha ido aprobando normas para la búsqueda de personas desaparecidas, pero el sistema sigue siendo deficiente. Por eso, la señora Patricia Acosta ha tenido que buscar por su cuenta los indicios para que no se estanque la investigación sobre el paradero de su hija y sus nietas a cargo de la fiscal Karol Silva.

Lo más reciente que hizo fue un viaje hasta la Amazonía para ubicar la casa de un testigo que aseguró haber visto a Estefhany la noche de su desaparición en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. La señora Patricia conversó con los vecinos del testigo, recopiló fotografías y otros datos.

Han pasado ocho meses desde que entregó esa información a la fiscal, pero aún no se emite la orden para que la Policía viaje e interrogue al testigo.

—Es la única esperanza que tenemos: que esa persona hable y que todo salga a la luz—, dice.

Al mismo tiempo, esta madre se pregunta cómo podría estar su hija una misma noche cenando con una amiga en el Callao, y minutos después aparecer en Villa El Salvador. Ya no sabe si la pista de este testigo la llevará a algún lado. A estas alturas, dice ella, hasta la expareja de su hija y papá de su nieta Yamile, Alejandro Pajuelo, podría ser sospechoso.

—Cada vez que aparece una pista para encontrar a mi hija y nietas la sigo. He buscado en Lima y en otras regiones. El último viaje que hice fue a la selva aprovechando mis vacaciones de marzo de este año— cuenta Patricia.

El 24 de abril de 2016, la última persona de su familia con quien habló Estefhany por teléfono fue Alcides Díaz, su padre. Lo llamó alrededor de las ocho de la noche y le dijo que se quedaría a dormir con sus hijas en casa de una amiga que las había invitado a cenar después de la fiesta del hijo de una vecina, y que regresaría al día siguiente. Cuando su papá le preguntó quién era la amiga, la llamada se cortó. Eso fue lo último que se supo de Estefhany y las niñas. Ese fue el día en que las tres desaparecieron.

La madre de Estefhany trabajaba en Chile cuando se enteró de lo sucedido por un mensaje de Facebook que le envió una de las vecinas de su antiguo barrio. En ese momento supo también que Alcides estaba en el hospital porque había sido golpeado en la cabeza con un arma de fuego. ¿Tuvo que ver esta agresión con la desaparición de su hija y sus nietas?

La señora Patricia Acosta cree que sí. Sobre todo por un episodio que desde el comienzo las autoridades dejaron de lado. La mañana del 25 de abril de 2016, Alcides Diaz regresó a casa del trabajo en su mototaxi para recoger a una de sus nietas y llevarla al colegio, pero no encontró a nadie. En su lugar estaban su sobrina Jacqueline Díaz y su enamorado Jimmy Altamirano, quienes habían ingresado a la vivienda sin forcejear la chapa. Cuando Alcides les empezó a preguntar cómo habían entrado y por qué estaban allí, ya tenía un revólver apuntándole la cabeza. Como el arma se atascó, Altamirano le dio un fuerte golpe en la cabeza con la cacha del revólver. Si no continuó la agresión, fue porque intervinieron los vecinos al oír los gritos de auxilio de Alcides.

Por ese ataque, Jacqueline y Jimmy fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida por el delito de lesiones graves en 2018. Un año antes, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú ya había decidido no relacionar la agresión con la desaparición de la hija y nietas de Alcides Díaz, porque no le veía conexión al haber ocurrido cada hecho en días diferentes. Es decir, la desaparición ocurrió el 24 de abril y el ataque al día siguiente.

Cuando Alejandro Pajuelo —la pareja de Estefhany hasta dos días antes de su desaparición— fue a la Comisaría Mi Perú a reportar que no había vuelto a casa, los policías intentaron hacerlo dudar de colocar la denuncia.

—Te ha abandonado por otro hombre—le dijo uno de ellos.

Otro agente le dio excusas para no recibir la denuncia y le pidió que fuera hasta la Fiscalía de Ventanilla. Alejandro llegó hasta esa sede, pero tampoco pudo hacer su denuncia porque el sistema estaba en mantenimiento. Entonces volvió a la comisaría de Mi Perú y recién otro policía, especializado en temas de familia, registró su denuncia, pero a Alejandro le costó convencerlo de que no se trataba de un caso de abandono de hogar, sino de una desaparición.

El proceso para registrar la denuncia no solo tuvo los obstáculos iniciales de los prejuicios de algunos policías, sino también deficiencias administrativas e indiferencia. Cuando por fin se emitió la nota de alerta de la desaparición de Estefhany, un documento donde deben aparecer las características principales de la persona desaparecida, su fotografía y las circunstancias en las que ocurrió el hecho, ya habían pasado cinco días desde la denuncia. Y en ese mismo papel aparecían los nombres de sus hijas Tatiana y Yamile sin mayores datos cuando cada una de las niñas debía tener sus propias notas de alerta. Estas notas fueron creadas cuatro meses después.

Varias de las complicaciones ocurridas en el caso de Estefhany también se repiten en las historias de otras mujeres desaparecidas como Solsiret Rodríguez, Nelly Cerna, Shirley Villanueva o María Isabel Márquez. Sus familias también han denunciado la indiferencia de los policías en las comisarías, quienes pusieron trabas para no registrar de inmediato las desapariciones e iniciar investigaciones para su búsqueda.

—De repente solo hay un policía que se dedica a registrar las denuncias, porque no es común que se pierda la gente en esa zona y, como la desaparición no es delito, tal vez no le interesa mucho—, dice el coronel y jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía, Glenn García, desde su oficina ubicada en el edificio de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima.

Para recordarle a las autoridades que están en la obligación de buscar a las mujeres desaparecidas, las familias organizadas en colectivos realizan plantones. Todas juntas con los rostros de sus hijas, nietas, parejas o esposas llegan hasta una plaza, frente a la sede de la Dirincri, una Fiscalía o el Poder Judicial. Su misión es evitar el olvido. Hace tres sábados, la señora Patty, como suelen decirle otras madres de los colectivos, participó de una protesta en la Plaza de Armas de Ica para que las autoridades aceleren la búsqueda de Xiomara Muñante Pichihua, una adolescente de 14 años que desapareció hace cinco meses.

Un precedente internacional en la búsqueda de justicia en los casos de desapariciones es la sentencia histórica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en contra del Estado mexicano en 2009 por las mujeres de Ciudad Juárez. Las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura acusaron a las autoridades de no tomarles la denuncia de desaparición, de no haberlas buscado con vida, de entregarles los restos de sus hijas en una caja cerrada sin análisis de ADN. Ante las irregularidades, presentaron una denuncia ante la CIDH en 2002. El dictamen obligó al Estado a construir un memorial, reiniciar las investigaciones, mejorar los procedimientos de búsqueda de mujeres y hacer cambios “con vocación transformadora” en la ciudad.

Un sistema de búsqueda incompleto

En la página web Desaparecidos en Perú, que administra el Ministerio del Interior, aparece la nota de alerta de Estefhany Díaz Acosta. Sin embargo, a seis años y medio de su desaparición, la información que contiene es de poca ayuda para encontrarla: no tiene su fotografía; ni se detalla que Estefhany mide un metro con cincuenta y dos centímetros, que sus ojos al igual que su cabello ondulado son de color negro, que su nariz es recta y que tiene algunos cortes en su brazo izquierdo. Mucho menos se especifica que el día de su desaparición —el 24 de abril y no el 22 como se lee en la web— vestía zapatillas plomas, una blusa y pantalón licra negros; y que se encontraba junto a sus hijas Tatiana Díaz y Yamile Pajuelo. Buscamos las notas de alertas de estas dos niñas, pero no las encontramos en el registro oficial de desaparecidos.

El portal Desaparecidos en Perú empezó a funcionar en octubre de 2020 para ordenar y facilitar la búsqueda de los casos denunciados en el país, como parte de un sistema especializado con varios componentes que debía implementar el Estado.

Se creó también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos con las fichas más extensas. Algunas veces, esta información es usada por la Policía para emitir alertas de emergencia en los casos de desapariciones de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Esas notas son las que se difunden en las redes sociales de las instituciones públicas, las que se reparten en empresas de transporte terrestre, las que se envían a los aeropuertos, las que se colocan en paneles publicitarios y las que llegan a los medios de comunicación para que se difundan durante 72 horas.

Según las normas, este tipo de notificaciones debe difundirse también a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), una herramienta que sirve para envíar a todas las personas con celulares una información urgente sobre un desastre. Está a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. De su existencia sabemos por los simulacros de sismo que se hicieron este año. Un grupo de peruanos reportó por las redes sociales que la alarma sonó tan fuerte que los asustó. Otro que nunca la escuchó sonar en su teléfono.

Lo concreto es que Perú está bastante retrasado en su implementación. Cuando consultamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sus voceros nos respondieron que la herramienta sigue en procesos de prueba y es poco probable que empiece a funcionar este año. Además, cuando esté lista, será transferida al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y no queda claro cómo coordinará la Policía para usarla cuando necesite notificar las desapariciones en los celulares activos en el país.

Este no es el único retraso para darle forma al sistema de búsquedas de personas desaparecidas del país.

El registro digital creado debe incluir información desde el 2019 e ir incorporando de manera progresiva los datos de personas desaparecidas del 2018 hacia atrás. Pero no se ha avanzado.

Buscamos las notas de alerta de Shirley Villanueva, Nelly Cerna y María Isabel Márquez, desaparecidas entre el 2017 y 2018, pero no figuran. Si los casos de estas mujeres, que tuvieron una amplia cobertura en los medios, no aparecen en el sistema, ¿qué pueden esperar las familias de mujeres desaparecidas que no han tenido la misma visibilidad y que aún no aparecen?

Para la abogada Cecibel Jiménez, el sistema de búsqueda necesita adaptar algunos procedimientos para que empiecen a verse los casos con enfoque de género. Solo así tendrá información suficiente que pueda contribuir a saber lo que está pasando realmente con las mujeres desaparecidas.

—Hay que trabajar en datos. De todas las mujeres ubicadas, necesitamos saber en qué circunstancias fueron encontradas, si se cometió un delito de por medio, si regresaron solas o si sus casos están relacionados a feminicidios– explica.

En evaluar estas mejoras podría trabajar la Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en mayo de este año. La encabeza el Ministerio del Interior, pero sus voceros no han dado respuestas sobre los avances y actividades de este grupo de trabajo.

Además del portal web y el registro, Perú implementó la línea gratuita 114 para recibir información sobre personas desaparecidas. El coronel Glenn García cuenta que la línea atiende las veinticuatro horas del día, pero que “aún le falta difusión”. Desde su experiencia, García afirma que el principal delito conexo a una desaparición es el homicidio.

—Puede pasar un secuestro, una violación, una coacción. Puede haber violación y luego la muerte, o un feminicidio–, apunta.

Rastreados por el GPS del celular

Solsiret Rodríguez Aybar estuvo desaparecida por casi cuatro años. Su familia soportó la indiferencia de las autoridades para registrar su desaparición y luego las demoras en su búsqueda. Un informe de la Policía aseguró que ella se había ido de viaje al norte del país con una amiga, pero las fotos que se incluyeron como evidencia eran anteriores al 23 de agosto de 2016, día en que fue vista por última vez.

En febrero de 2020, cuando se encontraron sus restos, el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, le pidió perdón a Carlos y Rosario, padres de Solsiret, por la “negligencia e insensibilidad” de las autoridades para buscarla. Su concuñada Andrea Aguirre había dicho que la mató, pero lo hizo luego de verse acorralada ante la evidencia de una llamada donde se hacía pasar por la joven estudiante de sociología para anular su línea telefónica de Entel.

Esta información era clave y hubiera permitido resolver el caso mucho antes, pero recién el 2019 se autorizó el levantamiento de las comunicaciones de Solsiret, de su entonces conviviente Brian Villanueva, su cuñado Kevin Villanueva y de las demás personas involucradas en el caso. Esto a pesar de que en enero de 2017 se supo, en base a la geolocalización del celular de Solsiret, que este dispositivo seguía en la avenida Colonial, en la región Callao, donde ella vivía, un día después de desaparecer y luego de que su conviviente dijo que ella lo había abandonado.

Con el decreto legislativo para atender casos de desapariciones de personas en situación de vulnerabilidad que se publicó el 2018, la Policía tiene facultades para emplear la geolocalización cuando sea un medio necesario para la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, con la geolocalización del celular de la persona desaparecida o de posibles sospechosos de su desaparición, se puede saber dónde se encuentran o la ruta que siguieron.

Las empresas de servicio de telecomunicaciones están obligadas a implementar mecanismos para que la Policía acceda a la información de geolocalización de los últimos doce meses en tiempo real sin la necesidad de tener una orden judicial. Pero no solo las solicitudes toman tiempo, también las respuestas de las corporaciones. Según el coronel García, la norma “no menciona los contextos específicos” para que la Policía solicite esta información a las empresas en casos de desapariciones.

Este año un juzgado del Callao condenó a 30 años de prisión a Kevin Villanueva por feminicidio y a 28 años a Andrea Aguirre por homicidio calificado contra Solsiret. Asimismo, Brian Villanueva y su mamá Yolanda Castillo fueron sentenciados a 3 años y 4 meses de cárcel por encubrir la muerte de la joven estudiante de sociología. Los condenados apelaron la sentencia y también el fiscal Jimmy Mansilla debido a que espera que Aguirre sea condenada por feminicidio.

La abogada Cecibel Jiménez dice que la geolocalización fue clave en la investigación. Es información muy útil, pero aún cuesta mucho acceder a ella durante las investigaciones de mujeres desaparecidas porque hay un marco legal deficiente. —Hay que mejorar las normas para que pueda haber un acceso inmediato a la geolocalización de los celulares de las personas desaparecidas y de los principales sospechosos—, insiste. A eso se suman las demoras de las empresas de telecomunicaciones para brindar información.

En la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía cuando investigan un caso y encuentran elementos que alertan de un posible delito, avisan al fiscal para pedir la geolocalización del celular de la persona desaparecida. Así el fiscal le solicitará a un juez que ordene a las empresas de telecomunicaciones que entreguen esta información. Pero todo este proceso no es rápido, puede durar meses o más de un año. La demora no solo ocurre por la sobrecarga que tienen los juzgados, sino también por el tiempo que toma a cada compañía atender las órdenes judiciales y entregar la información. —Debería haber una ley que las multe por no levantar el secreto de las comunicaciones, pero no les pasa nada— dice el coronel García.

Mientras no se apliquen las normas y las búsquedas de mujeres desaparecidas se alarguen, no habrá paz ni justicia para las familias que guardan la esperanza de encontrarlas con vida. Ayer fueron ellas. Hoy podría ser una conocida nuestra.