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Justicia Machista

En la mente de un feminicida

Hay una verdad incómoda en el perfil de los asesinos de mujeres en Perú: son hombres con características comunes y corrientes, con estudios y sin antecedentes penales. No pertenecen a un grupo particular, salvo que todos justifican la violencia machista.

Ella me engañaba.

Ella no quería volver conmigo.

Ella me reclamaba por el dinero.

Ella se exhibía demasiado.

Ella merecía que la castigara.


Estos son algunos de los motivos que dieron más de cuarenta hombres que asesinaron a mujeres y que fueron sentenciados por feminicidio en Perú entre el 2018 y 2022. Durante los interrogatorios de la policía, justificaron con normalidad el uso de la violencia para resolver sus “problemas de pareja”. La mayoría eran vistos como tipos comunes y pasaban inadvertidos en su vecindario. Antes de ir a prisión contaban con un empleo y sus hojas de vida estaban limpias de antecedentes penales. Pero puertas adentro trataban a sus enamoradas, convivientes o esposas como objetos de su propiedad, las controlaban, les hablaban con desprecio y las castigaban si desafiaban el statu quo del machismo.

Lo que hallamos en la revisión de sentencias a las que accedió Salud con lupa, nos acerca a una verdad incómoda: el perfil del feminicida es el de un hombre común y corriente que tiene arraigado un comportamiento machista. En 2019, una investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encontró que el 63% de los asesinos de mujeres presos en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, terminó el colegio y el 27% siguió estudios universitarios o técnicos, lo que indica que tener un grado de estudios no exonera a una persona de cometer un delito. Para este estudio fueron interrogados 67 feminicidas presos provenientes de Lima, Ayacucho, Junín, Áncash, Arequipa, Lambayeque y Tumbes.

Esta misma investigación revela también que el 97% de los feminicidas no registraba antecedentes penales ni tuvo un comportamiento antisocial en su adolescencia que le hubiera ocasionado detenciones o ingresos a un centro juvenil. Cuando cometieron el crimen, la mayoría tampoco enfrentaba algún factor de estrés laboral o por falta de dinero. De hecho, nueve de cada diez asesinos de mujeres dijo que tenía un empleo y que se llevaba bien con sus compañeros de trabajo.

Entonces, llamarlos “monstruos” es un error. La amplia literatura científica criminal nos dice que calificarlos de esta manera hace que los asesinos sean vistos como enfermos, anormales, locos. Y así el problema de la violencia de género se reduce a un grupo de “hombres malos”.

—Es un error porque se dejan de lado los factores sociales y estructurales que están alrededor del feminicidio. Y se centra la historia en los detalles morbosos de los hechos de este tipo de crímenes en lugar de las dinámicas de poder donde se dan las historias de las víctimas—, explica el psicólogo Aurelio Coronado e investigador forense en casos de feminicidios en México.

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De las 129 personas acusadas por feminicidio o intento de feminicidio en las sentencias que revisamos, el 57% era conviviente, esposo o pareja de la víctima; y el 30% lo había sido.

Lo que estuvo presente en Kenny Pinedo cuando disparó con una escopeta a su esposa, en Richard Bermeo cuando estranguló con las sábanas a su enamorada en un hostal, en Ricardo Chávez cuando apuñaló catorce veces a su pareja, en Eder Chagua cuando ahorcó a su conviviente con un pasador, en Amancio Oyola cuando golpeó con una vara de metal a la madre de sus hijos fue una mentalidad machista que los hacía sentirse dueños de las vidas de las mujeres con las que se relacionaron. Los nombres de estos acusados por feminicidio están ahora en una larga lista de prófugos de la justicia más buscados en el país.

Probablemente, la tragedia que más nos pesa es reconocer que esas personas son seres humanos, que pueden estar en nuestras familias y pueden ser parte de nuestros amigos, explica la periodista Lorena Álvarez, autora del libro “Primero muerta: asesinos de mujeres en el Perú”. Y añade:

—No todos los machistas terminan matando mujeres, pero ese machista asesino, ese que sí acaba siendo un feminicida que nos aterra, pudo ser reformado y detectado a tiempo por la sociedad.

Masculinidad tóxica

La profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Ana María Guerrero, dice que un feminicida, antes de serlo, era un hombre que creció conforme al mandato de masculinidad y que fue sintiéndose con derecho a tomar la vida de la mujer con la que se relacionaba. Y aunque no existe una sola forma de ser hombre, el modelo de masculinidad hegemónico se resume en frases como: los hombres nunca lloran, los hombres son los que mandan y los hombres pueden usar la violencia como un indicador de poder.

—Son los contextos, las familias, los barrios, los docentes, las políticas públicas, la educación, los medios, la cultura, en fin, la sociedad, lo que va legitimando, en un sentido u otro, sus pensamientos de dominación de género— explica Guerrero.

Para el psiquiatra Luis Bonino, quien fundó el Centro de Estudios de la Condición Masculina en 1993, el elemento básico para que actúen los agresores es que entren en una relación de desigualdad de poder, porque el maltrato lo ejercen contra una mujer a la que pueden tratar como su subordinada. Lo hacen conscientes de la oportunidad que tienen y confiados en que las probabilidades de que las víctimas cuenten lo vivido y pidan ayuda son bajas.

En los casos de feminicidios e intentos de feminicidio estudiados en Perú, más de la mitad ocurrieron en las etapas de ruptura de una relación de pareja. El agresor fue el conviviente, el enamorado o el esposo que justificaron sus crímenes como una forma de castigo a las que cuestionaron su autoridad o sus parámetros de masculinidad.

Eso fue lo que hizo Adriano Pozo mientras arrastraba por el pasadizo de un hotel en Ayacucho a su pareja Arlette Contreras y le juraba: “tú no me vas a dejar, prefiero verte muerta”. Lo que Carlos Hualpa le advirtió a Eyvi Ágreda antes de prenderle fuego en un bus de transporte público: “si no eres mía, no serás de nadie”. Y lo que Jhon Huaraya usó como excusa para golpear y asfixiar a su expareja: “te vestiste inapropiadamente para ir a una fiesta”.

La Organización Mundial de la Salud señala que los programas educativos son una herramienta esencial para ir cambiando la cultura machista, que es una de las raíces profundas de la violencia de género. Sin embargo, en las escuelas peruanas aún se contribuye poco a que desde pequeños todos tengamos una educación bajo los principios de igualdad de oportunidades, una educación que se refleja en acciones tan concretas como que la voz de las niñas sea tan escuchada y respetada como la de sus compañeros de clase o que la escuela sea vista como un espacio seguro donde se rompen estereotipos.

En realidad, en 2022 hubo un retroceso luego de que las bancadas conservadoras del Congreso de la República boicotearan la aplicación del enfoque de género en el currículo de la educación básica escolar en Perú. Con el argumento de permitir que en adelante los padres de familia decidan sobre los materiales educativos, facilitan la censura por sesgos por credo y machismo.

—La vacuna contra la violencia de género es la educación. Hay que luchar en el ámbito preventivo para evitar que se reproduzcan los comportamientos machistas porque cuando actúa la justicia o la policía, el daño ya está hecho—, dice Rossina Guerrero, psicóloga y fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

No tienen trastornos mentales

Cuando las activistas feministas corean la frase “no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado” intentan desbaratar el argumento de quienes creen que el problema de la violencia de género se reduce a un grupo de “enfermos mentales”. No es una consigna, sino una frase que sintetiza lo que ya han demostrado varias investigaciones. En 2009, una publicación de la Asociación Galega de Médicos Forenses de España señaló que los agresores de mujeres no tienen una personalidad única y que casi siempre son hombres sin trastornos de personalidad. Diez años después, los académicos Wilson Hernández y Hugo Morales demostraron que la mayoría de agresores de mujeres durante relaciones de pareja no presentaba trastornos de personalidad.

La Asociación Psiquiátrica Peruana ha aclarado también que es un error relacionar los trastornos mentales como la causa de los delitos de violencia de género. La mayoría de estos delitos no son protagonizados por personas con problemas psiquiátricos.

—Hay que aclarar que tener una enfermedad mental no es un determinante para conocer si alguien va o no cometer un delito—, apunta el psiquiatra Carlos Bromley.

El estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expone un factor de riesgo al que sí deberíamos prestar mayor atención: el 60% de los feminicidas interrogados respondió que alguno de sus padres los maltrataron cuando eran niños, lo que indica que crecieron expuestos a un entorno violento.

En algunos casos, los feminicidas condenados mostraron ira, rabia, conductas hostiles e intolerantes hacia sus propios hijos e hijas. Edgar Morales Paz le clavó un cuchillo en la pierna derecha a su exconviviente porque se negó a retomar su relación. Mientras la atacaba le dijo que también mataría a su hija pequeña que se encontraba presente. Samuel Arcaya Choquejahua intentó ahorcar a su expareja porque no quiso tener relaciones sexuales y amenzó con matar a su hija por haber defendido a su mamá.

Familias al margen del conflicto

Él decide y ella obedece. Él pone orden en casa. Él lleva los pantalones de la relación. En más de la mitad de los hogares peruanos las familias toleran estos roles de género machistas y ven con normalidad que el hombre domine a su pareja. Por eso, cuando los padres u otros parientes cercanos son testigos o están al tanto de sus conflictos, pocas veces intervienen o lo hacen demasiado tarde.

Siete de cada diez familias de los feminicidas interrogados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no intervino durante las peleas que el asesino tuvo antes con su esposa, conviviente o novia. Tampoco lo hizo la familia de la víctima, es decir, su entorno más cercano no cumplía un papel protector, sino que se abstuvo o permaneció al margen del problema. Esto sucedió con Jhon Kley Jiménez Tezen y su conviviente Cecilia.

Antes de la mañana de febrero de 2019 que intentara matarla con un cuchillo, Cecilia había querido denunciarlo unas cuatro veces, pero en todas había desistido. Al comienzo pensaba que su conviviente cambiaría, pero cuando vio que la ira y los golpes eran constantes en su comportamiento, se sintió ansiosa, deprimida y sola. Su familia se había mantenido al margen y no dimensionaba la gravedad de sus problemas. Cecilia no hablaba, sobre todo por miedo. El hombre con quien vivió trece años en el asentamiento Nueva Esperanza, en Piura, le había dicho que se quedara callada, que la mataría si lo denunciaba con la policía.

El día que se atrevió a tomar el teléfono, Jhon Jiménez estaba gritándole desde la calle porque ella no le abría la puerta y un patrullero lo detuvo. Sin embargo, fue liberado pocas horas después y lo primero que hizo fue intentar cumplir su amenaza. “Esta vez no te vas a escapar”, le dijo. Cecilia pudo sobrevivir al intento de asesinato por la ayuda de un hermano que al final intervino. Durante el juicio, Mayra Morales, psicóloga del Centro de Emergencia Mujer que atendió a Cecilia, dijo que ella tenía varios problemas emocionales por la violencia psicológica y física que vivió.

La Policía los busca

Los rostros de militares, médicos, choferes, policías y obreros aparecen en la lista de prófugos de la justicia por el delito de feminicidio que están siendo buscados a través del programa de recompensas del Ministerio del Interior. Hasta la fecha, son 26 hombres que están en la categoría de más buscados y por cuyo paradero o información para ubicarlos se ofrecen sumas entre 15 mil y 50 mil soles.

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El Ministerio del Interior ofrece en total S/ 565 mil por información que ayude a capturar a 26 prófugos por feminicidio.

En ese grupo se encuentran Alberto Ccanto Balbín, acusado del asesinato de dos de sus exparejas en Satipo y Lima; el suboficial EP Luis Estebes Rodríguez, acusado del crimen de la estudiante de enfermería Marisol Estela Alva; y el médico Christopher Franz Bettocchi, principal acusado de la desaparición de su esposa canadiense Kimberlee Kasatkin. El problema está en que la lista crece cada año y la mayoría de casos se mantienen en la impunidad. El 40% de las denuncias por feminicidio que sigue la Fiscalía desde el 2020 está en investigación preliminar y solo el 1% logró una sentencia el mismo año de la denuncia.

Un feminicida prófugo o impune significa que por segunda vez el Estado falló, la sociedad falló. Falló la educación en igualdad de género y se impusieron los patrones machistas que gestan más agresores y asesinos de mujeres. Falló la Policía que no le dio la debida importancia a la denuncia de violencia de género que hizo una mujer en una comisaría. Falló la Fiscalía que no avanza con las investigaciones. Falló el Poder Judicial que beneficia con criterios machistas a los pocos agresores que sentencia.

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