La epidemia de obesidad infantil en el Perú

En un local de comida rápida ubicado en el centro de Miraflores, en Lima, un niño de un metro y medio de estatura, trigueño, de cabello color azabache y de ojos achinados que desaparecen bajo unos prominentes cachetes, se acerca a recoger su pedido: dos combos de hamburguesa doble con queso más papas fritas, gaseosa y dos Cajitas Felices de McDonald’s. La distancia entre su mesa y el área de despacho es apenas un metro, pero al chico se le nota agitado cuando al fin llega por su bandeja. Podría pasar por un adulto corpulento y chaparro, pero este niño no tiene más de 12 años: su casaca de buzo azul marino de colegio de primaria lo delata. Después de hacer una pausa, el muchacho camina con su bandeja hacia la mesa, donde su madre conversa con sus otros dos hijos. La mujer ocupa sola una banca para dos personas.

Para el chico, conseguir que toda la comida que lleva no se le caiga antes de llegar a su destino parece una tarea imposible. Por eso, a medio camino grita un par de nombres, y sus hermanos de entre 4 y 8 años —que parecen su versión en miniatura—, se acercan a ayudarlo. Cogen sus hamburguesas y se dirigen hacia una mesa blanca que tiene tablets conectadas con juegos y que han reemplazado a los antiguos trampolines llenos de pelotas de colores que hasta hace unos años eran uno de los mayores atractivos de los restaurantes de comida rápida.

Los pequeños se sientan y encienden una de las tablets mientras comen una a una las papas fritas que han encontrado en su Cajita Feliz, un producto que aunque esté dirigido a niños dista mucho de ser nutritivo y saludable. Solo el jugo de naranja de la Cajita Feliz contiene cinco cucharaditas de azúcar, la cantidad máxima que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para el consumo diario de los más pequeños, advierten las nutricionistas Saby Mauricio y Mewsette Pozo.

El problema es más grande si consideramos que esta no será la única comida de estos niños a lo largo del día. Según la nutricionista Mewsette Pozo, un niño puede llegar a ingerir entre 50 y 80 gramos de azúcar al día; normalmente, pero esto es lo que debería consumir en tres días. Los peruanos han aumentado su consumo de comida procesada y alta en grasas, la misma que está relacionada al aumento de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, dice Raúl Gonzáles Montero, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país.

El sobrepeso es la acumulación de grasas en el cuerpo que ocasiona que una persona pese más de lo considerado saludable para su estatura. La obesidad es un sobrepeso extremo. En Lima, la capital gastronómica de América Latina, viven más de 839 mil niños obesos de 0 a 17 años. La obesidad infantil es una epidemia en expansión. En los últimos diez años, se ha más que duplicado entre los menores de 5 a 9 años en el país: de una tasa de 7,7% en 2008 pasó a 19,3% en el 2018, según datos del Observatorio de Nutrición y el Estudio de Sobrepeso y Obesidad. El Perú tiene la más alta tasa de crecimiento de obesidad infantil de la región, advierte el Centro Nacional de la OPS.

Estas tendencias resultan mucho más preocupantes si se considera que el 80% de los niños gordos será obeso en el futuro y desarrollará alguna enfermedad cardiovascular o algún tipo de cáncer, advierte Lena Arias, especialista en Nutrición y Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).

Gustavo Rosell, titular de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, dijo que los peruanos consumen muchos alimentos de alto contenido energético y bajo valor nutricional, llamados ultraprocesados o comida chatarra. “Estos hábitos de consumo han generado que en los últimos 20 años se incremente el sobrepeso y la obesidad en todos los grupos, incluidos los más pequeños, quienes ahora pueden sufrir de enfermedades crónicas”, dice Rosell.

¿Pero cómo podrían las personas conocer la cantidad de azúcar, sal y grasas saturadas que consumen si los cuadros nutricionales no son comprensibles a menos que se tenga educación nutricional? Recientemente se aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. En uno de sus apartados, esta norma regula la publicidad en los medios de comunicación. Allí se aborda la cuestión del etiquetado y se obliga a las compañías de alimentos y bebidas a colocar sellos de advertencia, en forma de octógonos, en sus productos cuando contienen altas cantidades de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. La disposición rige desde el 17 de junio de este año.

¿Qué estamos comiendo?

En abril del 2019, la nutricionista y catedrática Mewsette Pozo y un grupo de alumnos de la Universidad Norbert Wiener analizaron los cien productos más vendidos que se fabrican con insumos críticos (azúcar, sal, sodio y grasas). El informe completo no ha sido publicado aún, pero para este reportaje Salud con lupa pidió a la nutricionista que analice algunos de los productos más populares: la caja personal de yogur Yomost contiene 10 gramos de azúcar, la caja de leche chocolatada de Gloria, 10 gramos de azúcar; la caja de Milo bebible, 6,4 gramos de azúcar; la galleta Oreo de cuatro unidades incluye 14 gramos de azúcar y tres de grasas saturadas y las galletas Morochas, 5,4 gramos de azúcar.

Estas cifras muestran que estos productos tienen cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas que pueden tener efectos nocivos en la salud. Solo un paquete de galletas Oreo de cuatro unidades (36 gramos) tiene el doble de la cantidad de azúcar y grasas saturadas que debería contener, según los parámetros indicados en el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. El manual indica que en 100 gramos de cualquier producto debe haber, como máximo, 22,5 gramos de azúcar, 800 gramos de sodio y 6 gramos de grasas saturadas.

En septiembre de 2014, el economista e investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), Eduardo Zegarra, hizo un estudio similar. Entonces, analizó 249 productos industrializados de la base de datos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del Ministerio de Salud, con el fin de traducir el contenido de azúcar declarado en las etiquetas a su equivalente en cucharaditas, considerando que una cucharadita equivale a 5 gramos.

Los productos analizados por Zegarra que presentaron mayor cantidad de azúcar fueron el yogur con almíbar de la marca Gloria Pasión, que contiene ocho cucharaditas en una porción de 200 mililitros; el jugo de naranja Huanchuy, con 7,7 cucharaditas en 250 mililitros de contenido; y el dulce Doña Pepa con 3,13 cucharitas de azúcar por una porción de 30 gramos. Según el economista, “lo ideal era que [este análisis] se convierta en una práctica permanente, porque no basta con que exista un buen etiquetado, sino que las autoridades tengan un sistema propio que advierta a la gente sobre lo que come”.

Zegarra buscaba que las tablas nutricionales impresas a la espalda o al costado del empaque —en ciertas ocasiones, medio ocultas—, se volvieran comprensibles para el consumidor. Su análisis arrojó que 87 gaseosas y jugos, en porciones de 250 mililitros (la mitad de una botella personal), contenían en promedio 5,6 cucharitas de azúcar; los bizcochos de 150 gramos, 13 cucharitas de azúcar; mientras que los yogures y otros lácteos, en porciones de 200 mililitros, contenían 4,6 cucharaditas de azúcar.

El trabajo de Zegarra mostró lo difícil que resulta para un padre de familia mandar alimentos saludables en la lonchera de su hijo: ni siquiera enviando productos con ‘buena reputación’ como el yogur y la leche se consigue el objetivo. Una botella personal de yogur de 340 mililitros contiene el equivalente a 9,3 cucharaditas de azúcar. Con una sola botella, un niño estaría consumiendo casi el doble de la cantidad de azúcar diaria que recomienda la OMS (cinco cucharaditas como máximo).

Cinco años han pasado desde el estudio de Zegarra, y en ese lapso no se han publicado trabajos similares que analicen la composición de los alimentos procesados que se venden en el Perú. El que vienen desarrollando la nutricionista Pozo y sus estudiantes será el primero. Los niveles de azúcar de los productos examinados no han sufrido muchas variaciones, excepto en el caso de algunos lácteos, lo que demuestra el poco interés de la industria por cambiar la situación más allá de estar obligadas por ley a colocar etiquetados comprensibles.

El 57,9% de la población peruana tiene sobrepeso, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS); y a ello pueden haber contribuido los alimentos procesados, que emplean aditivos para intensificar el sabor y crear adicción. En el 2013, el Hospital de Niños de Boston realizó un estudio sobre la adicción que generan los alimentos procesados. A través de encefalogramas, los investigadores de este hospital comprobaron que los carbohidratos simples que han sido extremadamente procesados causan, a partir de un aumento de azúcar, una breve alza en los niveles de energía. A continuación, el azúcar cae drásticamente. Finalmente, aumentarán las ganas de ingerir más productos.

Según el doctor Robert Lustig, del Departamento de Endocrinología de la Universidad de California en San Francisco, los carbohidratos procesados pueden afectar la química del cerebro al igual que lo hacen las drogas. En su libro “Adictos a la comida basura”, el ganador del premio Pulitzer Michael Moss también explica cómo la industria de alimentos ha buscado encontrar la combinación perfecta de azúcar en sus productos con el objetivo de volverlos adictivos para los consumidores.

Digesa: la máquina de registros sanitarios

En junio de 2019, tras la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, muchos consumidores usaron sus redes sociales para expresar su sorpresa por los octógonos que mostraban algunos productos que consideraban saludables. “¡Las galletas naturales tienen dos octógonos y dicen light!”, indicaba un usuario en Twitter sobre las galletas naturales de yogur que lucían sellos de advertencia por su alto contenido de grasas saturadas y de azúcar. Estas reacciones de sorpresa se explican por la poca transparencia con que las empresas manejan su información nutricional. Los cuadros que colocan en los empaques son difíciles de comprender, lo que hace complicado saber qué estamos comiendo en realidad.

Los consumidores podrían suponer que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ya se ha encargado de supervisar que los productos comestibles que compran son saludables. En teoría, la Digesa garantiza que un producto es apto para el consumo humano, al concederle registro sanitario. Cuando las empresas tramitan el registro, presentan a esta entidad una declaración jurada del contenido de su producto. Completan una ficha en la que se consigna el nombre del producto, la marca, el tiempo de vida útil, los ingredientes, los aditivos, un certificado oficial de libre venta (documento que acredita que el producto se puede vender libremente en el país), un ejemplo de rotulado y el resultado de un análisis microbiológico, físico químico y bromatológico, según sea el caso, emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio nacional o internacional acreditado.

La Digesa recibe cien solicitudes diarias de registro sanitario y la mayoría es aprobada. Esta entidad posee dos laboratorios acreditados para descartar la presencia de contaminantes en agua, aire, suelo y sedimentos, y también en alimentos, bebidas y juguetes. Pero estos laboratorios no evalúan a los productos que requieren el registro. Entonces, el trámite se basa solo en la documentación que las empresas presentan. “Solo uno de cada diez productos tendrá la suerte de ser mandado a analizar por la Digesa en un laboratorio externo”, afirma Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú y vocal de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. A efectos prácticos, esta agencia del Ministerio de Salud emite autorizaciones sin saber con certeza qué contienen los productos que permite entrar al mercado.

Salud con lupa averiguó que Mónica Saavedra Chumbe, entonces directora general de Digesa, fue quien decidió, en el 2014, que los laboratorios de la institución no analizaran los alimentos que gestionan el permiso para su venta. “La certificación de un tercero daría a las empresas mayor confianza de que se utilizó la tecnología y metodología correctas para evaluar sus productos”, explicó Saavedra en una entrevista para este reportaje. El problema está en que, para cumplir con el requisito, las empresas recurren a evaluaciones que ellas mismas pagan e incluso a laboratorios de su propiedad.

En el 2017, un año después de renunciar a la dirección general de la Digesa y en pleno debate sobre el etiquetado frontal de alerta que llevarían los productos industrializados, la nutricionista y administradora Mónica Saavedra se convirtió en la representante legal y presidenta de la Asociación Peruana de Alimentación y Nutrición (Asanut), una organización financiada por la industria alimentaria que mantuvo una postura crítica a las normas de etiquetado con octógonos en los productos procesados y ultraprocesados. Desde marzo de este año, Saavedra es viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La batalla de la regulación

Con un procedimiento como el que se lleva a cabo en Digesa, es particularmente necesario que el etiquetado cumpla con su función de entregar información clara sobre el producto al consumidor. Sin embargo, después de que el 6 de junio del 2018, el Poder Ejecutivo aprobó el uso de octógonos en los productos comestibles industrializados, las empresas han buscado la forma de impedir que la información llegue a los consumidores.

La norma, tal como explica el experto en salud pública Elmer Huerta, es muy completa y abarca estos aspectos: la educación nutritiva y física en las escuelas, un observatorio estadístico para monitorear cómo evoluciona la obesidad infantil en el país, los quioscos saludables y la regulación de la publicidad. En este último punto se menciona la regulación en radio, televisión y prensa escrita; y el etiquetado octogonal.

La industria ha utilizado diferentes estrategias para saltarse la ley. Uno de los casos más evidentes es el aumento del tamaño mínimo que debería tener un empaque para llevar un octógono. El proyecto de ley especificaba que los productos con un empaque de etiquetas menores de 20 centímetros cuadrados no deberían llevar el octógono en su versión individual, sino en los paquetes y cajas al por mayor. Sin embargo, cuando se publicó el reglamento el tamaño apareció modificado: el mínimo pasó de 20 a 50 centímetros. “Lo que la industria no quiere es decir qué cantidad de elementos dañinos tienen sus productos, porque saben que la perjudicaría económicamente. La gente dejaría de comprar”, asegura Enrique Jacoby, exviceministro de Salud.

La Sociedad Nacional de Industrias, que integran Alicorp, Nestlé, Molitalia, Gloria, Laive, San Fernando y otras corporaciones, logró que el Estado permitiera la venta de productos altos en azúcar, grasas o sodio sin los octógonos, hasta el 2020, con el argumento de evitar pérdidas de dinero considerables: el 15 de junio pasado, dos días antes de que entrara en vigencia la ley de alimentación saludable, el Ministerio de Salud amplió el plazo para que las bodegas pudieran vender las reservas de productos industrializados disponibles sin etiqueta que ya habían adquirido durante este año.

Otra de las modificaciones que hizo el Ministerio de Salud incluye a los envases retornables (principalmente botellas de gaseosa) que se fabricaron antes de la vigencia del Manual de Advertencias Publicitarias en Perú, ya que estos podrán consignar los octógonos en la tapa o chapa o utilizar adhesivos o cintillos. “El octógono en una chapita es prácticamente invisible”, dijo Jaime Delgado a Salud con lupa.

La industria sigue peleando por evitar que se transmita información clara a los consumidores. Sin embargo, los activistas y promotores de la salud ya han ganado la batalla más importante: lograr que se apruebe el uso de octógonos de advertencia, en vez de otras formas de etiquetado menos comprensibles.

En el Perú, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes ya se encontraba aprobada desde mayo de 2013, mientras gobernaba Ollanta Humala, pero no fue sino hasta cuatro años después, en junio de 2017, que se aprobó su reglamento. El expresidente Humala no impulsó el debate y la reglamentación inmediatamente después de promulgada la ley. Esperó hasta cuando estaba a punto de dejar el gobierno, en junio de 2016, para recién poner el reglamento en consulta pública.

Esa demora no fue el único escollo que el reglamento tuvo que sortear. El parlamentario Daniel Salaverry, entonces fujimorista y actual presidente del Congreso, sugirió modificar la ley para aplicar un etiquetado semáforo en los empaques, cuando ya se había decidido por uno octogonal. La propuesta de Salaverry iba en contra de las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la OMS, que aseguraban que un etiquetado semáforo se prestaría a la confusión.

No obstante, congresistas de la bancada fujimorista opinaron en diversos medios que, con el etiquetado semáforo, resultaría más fácil para todos identificar los productos peligrosos. Lo que no decían era que la propuesta, de haber sido aprobada, exigiría modificar el proyecto de manual de advertencias publicitarias del Ministerio de Salud y se aplazaría aún más la publicación del reglamento para beneficio de la industria. “Hacer ese cambio invalidaba todo y se tenía que volver a foja cero. No se hubiera hecho nada hasta el 2021. Mira qué juego tan interesante”, explicó el doctor Huerta en una llamada telefónica desde Washington, Estados Unidos.

La comisión de Defensa del Consumidor sometió dos veces a votación el predictamen que modificaría la ley. En ambas ocasiones, los congresistas que votaron a favor del semáforo presentaban conflicto de interés. El congresista de Fuerza Popular Freddy Sarmiento Betancourt fue gerente general de la empresa Agro Industrial Paramonga, dedicada a la fabricación de azúcar de caña, entre el 2001 y 2005, mientras que Miguel Ángel Torres Morales fue socio entre el 2003 y 2016 del estudio de abogados Torres y Torres Lara & Asociados, fundado por su padre y que tiene como clientes a empresas del sector alimentario. El congresista de Peruanos por el Kambio (PPK) Pedro Olaechea Álvarez fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) entre 2009 y 2012. Esta organización manifestó públicamente estar en contra del etiquetado octogonal.

La industria también se valió de algunas páginas y blogs como Contribuyentes por Respeto (que después de su separación en 2018 cambió de nombre a Asociación Contribuyentes del Perú), PQS y Comebien.pe para influir sobre la decisión del semáforo nutricional. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo y del apoyo que logró del Congreso con mayoría de Fuerza Popular, el Ejecutivo aprobó el uso de los octógonos.

La respuesta de la industria

El discurso clave de las empresas que fabrican productos procesados y ultraprocesados es que, si hay problemas de salud, estos no se deben exclusivamente a sus productos, sino al consumo excesivo en el que cae la población o a la falta de una vida equilibrada en la que se realice actividad física con frecuencia. “¿Qué pasa con el otro 90% [de los alimentos que se consumen] en la casa, en la calle y en los restaurantes? Sobre eso no estamos previendo absolutamente nada”, dijo César Luza, presidente de la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú, cuando le preguntaron sobre el etiquetado octogonal. El empresario manifestó que el Gobierno debería reforzar campañas de educación y fomentar la actividad física. Si bien estas declaraciones tienen algo de verdad, lo cierto es que la industria es responsable de informar qué es lo que está ofreciendo realmente a la gente.

Ese es el objetivo del etiquetado octogonal: un consumidor informado que realice una compra consciente y que entienda la información nutricional del producto de forma sencilla. Y a eso también debieran apuntar las tablas nutricionales que se colocan en los empaques de los productos industrializados. El exviceministro de Salud Enrique Jacoby critica que dichas tablas no sean claras y, peor aún, que detallen la información en porciones que no corresponden a todo el paquete o envase que se vende. “Esta es una estrategia para confundir al consumidor y hacerle creer que está consumiendo menos grasa, menos azúcar, menos sal de la que en realidad ingiere a través del producto que ha comprado”, explica Jacoby.

El exviceministro de Salud asegura que estamos muy desregulados, comenzando por el hecho de que no sea obligatorio tener una tabla de información nutricional. “En la tabla te dan la información para dos galletas, pero nadie consume solo dos galletas. Si son seis te comes las seis. Eso es lo que come la gente (...) y eso es lo que saben ellos [la industria] que ocurre, pero no declaran el valor nutricional del paquete completo”, advierte. El problema es que la regulación de estas tablas no fueron consideradas en la reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Los cuadros nutricionales seguirán mostrando la información confusa a la que hace referencia Jacoby.

Las grasas trans (aceites vegetales a los que se les ha rociado hidrógeno para convertirlos en preservantes y saborizantes de productos industrializados) son otro relevante asunto que está poco regulado en el Perú. Desde hace dos décadas, la Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de grasas trans es dañino para la salud debido a que eleva los niveles de colesterol malo, ocasiona infecciones, alergias, resistencia a la insulina y cáncer. Por eso, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Argentina han eliminado las grasas trans, mientras que en Chile y Ecuador solo se permite que los productos tengan hasta 2 gramos de este ácido graso.

En el Perú, recién en diciembre del 2016 entró en vigencia el reglamento que establece la reducción gradual del uso de grasas trans. Al comienzo, el Ministerio de Salud estableció que a fines de 2018 ningún producto comercializado en el país podría tener en su composición este ácido graso. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Industrias consiguió que el plazo se extendiera hasta el 2021.

La industria alimentaria también es responsable del bombardeo publicitario que cae sobre los niños. “Ni con el tabaco ni con el alcohol seguimos ese principio. Hay una imposición, hay un permanente ataque por medio del marketing y de la publicidad. Lo que está buscando es desestabilizar la capacidad del consumidor para tomar decisiones”, asegura Jacoby. El exviceministro, quien es consultor de la OMS, menciona que uno de los puntos importantes de la ley es la regulación de la publicidad de estos productos. Conforme a lo señalado en la ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, los anuncios que se encuentran dirigidos a menores de 16 años ya no podrán mostrar testimonios de personajes ficticios o reales conocidos y admirados por los niños y adolescentes; tampoco pueden sugerir que un padre o un adulto es más bueno o inteligente por adquirir determinado producto; y no podrán promover la entrega de algún premio, regalo o beneficio que incentive la adquisición o el consumo del producto.

Las compañías saben que es importante vender una imagen positiva del producto, una imagen saludable; de lo contrario, el consumidor no lo comprará. Por eso, invierten millones de dólares en publicidad. Uno de los segmentos en los que invierten más es el público infantil. Según un documento con recomendaciones de expertos de la OPS, diferentes estudios realizados en Perú, Brasil, Argentina, Chile y México revelan que “la promoción y publicidad de alimentos dirigida a los niños en los países latinoamericanos examinados es amplia, promociona principalmente los alimentos con contenido alto en grasas, azúcares o sal, procura establecer una relación emocional con los niños e influye en sus solicitudes de compra y hábitos de consumo”. En la misma línea, un estudio realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) en 2013 mostró que el 66% de la publicidad de alimentos no saludables que se transmiten al día en el Perú se difunde durante el horario de programación infantil con una inversión de 22,7 millones de dólares.

Salud con lupa solicitó una entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, o con su vocero autorizado, Alejandro Daly, pero declinaron nuestra petición. Le enviamos también un cuestionario por escrito a su vocero de prensa, pero tampoco hubo respuesta. Sin embargo, esta sociedad ya se había manifestado en contra del etiquetado octogonal. Daly, quien fue presidente de la SNI por más de 43 años, tildó de exagerada y sin fundamento esta propuesta en varias de las entrevistas que concedió a otros medios de comunicación. “No estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas del etiquetado porque califican a productos de ‘altos en’ sin tener ningún estudio de base que permita sustentarlo”, aseguró.

Lo que proponía la industria, a través de este vocero, era financiar un estudio de hábitos alimenticios que ayudara en los temas regulatorios y en políticas públicas de alimentación, nutrición y desarrollo. El problema es que si la empresa paga por un estudio se podría generar un conflicto de interés, debido a que los resultados podrían no ser objetivos al estar influenciados por los intereses de las empresas de alimentos. El Ejecutivo no aceptó.

Después de una hora, el niño de casaca azul marino, cabellos color azabache, tez trigueña y ojos perdidos entre sus cachetes se levanta junto a su madre y sus dos hermanos y sale del local del McDonald's de Miraflores. Ha comido un combo doble de hamburguesa con queso, papas fritas y gaseosa, pero eso no le impide solicitarle a su madre que le compre una Coca - Cola en una de la carretillas que se encuentran afuera del restaurante de comida rápida. Tal vez, si esta mujer que le ordena el cabello con ternura supiera que con esa gaseosa que le acaba de comprar, su hijo consumirá solo en bebidas 22,4 cucharaditas de azúcar, más de cuatro veces lo recomendado por la OMS, jamás hubiera cedido ante el pedido del niño. Sin embargo, lo más seguro es que no tenga idea de esas cifras y que por la noche le sirva a sus tres hijos una cena con la que podrían completar el azúcar necesario para cuatro días.

Según la Asociación de Diabetes del Perú (Adiper), en los últimos diez años la diabetes tipo dos se ha incrementado en más de 50 por ciento entre los adolescentes. El crecimiento de pacientes infantiles con diabetes tipo dos es una muestra clara de lo que ha provocado el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, porque este tipo de diabetes es causada en un porcentaje mínimo por factores hereditarios. Esta enfermedad sin cura, en la que el cuerpo no produce la insulina suficiente para mantener los niveles normales de glucosa, es ocasionada por la obesidad. La diabetes tipo dos era conocida por presentarse en la adultez, las revisiones empezaban a partir de los 35 años. Pero en los últimos años, la edad para su diagnóstico se ha reducido de forma considerable: desde el 2015, en Perú, ya hay niños de solo 6 años diagnosticados con esta enfermedad. La madre del pequeño no lo sabe pero está haciendo que sus hijos sean más propensos a sufrir de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que podrían llevarlos a tener un futuro limitado por problemas de salud.

Esta nota fue actualizada a las 08:44 p.m. del 8/7/2019.