Chile

La iniciativa del senador Miguel Crispi se llama Gobiernopoly y busca impedir que exfuncionarios de altos cargos puedan contratar desde el sector privado con el Estado chileno por un período de dos años.

Tres casos revelan los difusos límites entre el sector público y privado en el sistema de salud chileno y la ausencia de mecanismos efectivos para evitar los conflictos de interés.

Los seis meses que el químico farmacéutico Stephan Jarpa dirigió el Instituto de Salud Pública consolidaron su carrera como consultor privado en temas regulatorios de medicamentos.

El director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Alberto Precht, advierte la falta de mecanismos efectivos que regulen el paso de funcionarios públicos al mundo privado, y del mundo privado a los cargos públicos, en los mismos sectores en que se han desempeñado antes.

Luego de ser director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Valentín Díaz Gracia se convirtió en gerente general de un laboratorio farmacéutico que le vende medicinas al Estado chileno. Su caso pone en evidencia los vacíos en la regulación de los conflictos de interés.

La publicación del último informe del Observatorio del Gasto Fiscal (OGF), que analizó las compras públicas en el sector salud en Chile, puso al centro de la discusión el inquietante uso del trato directo en las compras de insumos médicos de la Cenabast.