Emergencia sanitaria

Hasta ahora, se han notificado 3.040 casos confirmados en medio centenar de países. La mayoría de personas no ha necesitado cuidados hospitalarios y solo se ha reportado la muerte de una persona a causa de la enfermedad. El comité de expertos reunido para evaluar el brote recomendó reforzar su vigilancia.

Mientras se acerca la vacunación contra el coronavirus para los niños y niñas de 5 a 11 años en Perú, algunos padres han expresado el miedo de que las vacunas causen trastornos del corazón como la miocarditis. Sin embargo, la evidencia muestra que las probabilidades de sufrir miocarditis son más altas para los niños que enferman de covid-19.

Si nuestra vida está en riesgo, los servicios de salud están obligados por ley a brindar auxilio sin exigir un pago o un documento como condición. Pero solo en una semana, dos casos en clínicas nos mostraron que el dinero —del paciente o del seguro— se antepuso a la atención. Un problema que se hace más crítico por las limitaciones del gobierno para fiscalizar o regular el negocio privado de la salud.

A finales de los noventa, las comunidades kandozi y chapra parecían condenadas a desaparecer por la epidemia de hepatitis B. Un agresivo plan de vacunación logró frenar los efectos mortales del virus, y la participación de líderes indígenas fue parte esencial de la estrategia.

Salud con lupa presenta una agenda urgente elaborada con los aportes de catorce miembros de la comunidad médica, científica, ancestral y civil con especialidades diversas, pero un objetivo común: superar la crisis sanitaria más allá de quién nos gobierne a partir del 28 de julio.

Con la aprobación de este fondo se espera apoyar la inmunización de hasta mil millones de personas en los países en desarrollo.

¿Están preparados los hospitales de América Latina para enfrentar un nuevo pico de contagios de Covid-19?

El hospital de campaña habilitado en el estadio Maracaná no recibe pacientes pese al repunte de contagios de Covid-19 en Río de Janeiro. Es una de las doce instalaciones sanitarias temporales que la fiscalía de Brasil investiga por el desvío de fondos públicos y sobreprecios en los contratos con empresas que tenían antecedentes de corrupción.