Magda Surichaqui tenía 17 años cuando un soldado de la base militar de Manta, en Huancavelica, la sacó de su casa con el pretexto de tomarle una declaración y la violó. Era junio de 1984. Los militares controlaban el pueblo y sus habitantes vivían bajo la amenaza de ser acusados de colaborar con Sendero Luminoso. Magda quedó embarazada como consecuencia de la agresión. Durante años guardó silencio por temor a las represalias.
«Para mí, era como estar muerta», contó a Salud con lupa en abril de 2022. Entonces llevaba casi dos décadas buscando justicia junto con otras ocho mujeres campesinas quechuahablantes de Manta y Vilca, víctimas de las violaciones sexuales cometidas por miembros del Ejército durante el conflicto armado interno.
Aquella lucha acaba de alcanzar un resultado decisivo. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó, por mayoría, las condenas contra siete exmilitares y rechazó los pedidos para declarar prescritos los delitos. El tribunal ratificó que las agresiones sexuales constituyeron crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no pueden quedar impunes por el paso del tiempo.
La decisión también impidió que los condenados se beneficiaran de dos leyes aprobadas por el Congreso que podían favorecer la prescripción de estos delitos o concederles una amnistía.
El fallo representa una victoria judicial para las sobrevivientes, que enfrentaron amenazas, discriminación y numerosos obstáculos para conseguir justicia. Dos de las nueve denunciantes murieron antes de que la Corte Suprema confirmara las condenas. Una de ellas fue Marilia, quien falleció en abril de 2024, apenas dos meses antes de la primera sentencia. Su testimonio sobre las violaciones sexuales que sufrió cuando era adolescente quedó recogido en el libro Nuestras voces existen, publicado por DEMUS.
El abuso sexual fue parte de un patrón de violencia
En marzo de 1984, el Ejército instaló bases militares en Manta y Vilca, en Huancavelica, como parte de las operaciones contra Sendero Luminoso. Los militares asumieron el control de las comunidades y sometieron a sus habitantes a distintas formas de intimidación bajo la sospecha de que colaboraban con la organización terrorista.
En ese contexto, niñas, adolescentes y mujeres campesinas fueron víctimas de violaciones sexuales dentro de las bases militares, en sus viviendas y en el campo. Algunas quedaron embarazadas de sus agresores. Otras tuvieron que abandonar sus comunidades para escapar del rechazo social.
Las agresiones dejaron secuelas que se extendieron mucho más allá de la violencia física. Durante años, las sobrevivientes fueron estigmatizadas como «las mujeres de los militares». Algunas sufrieron el rechazo de sus familias y comunidades cuando decidieron denunciar.
En la sentencia, la Corte Suprema estableció que las violaciones sexuales no fueron hechos aislados. Reconoció un patrón de violencia que se repitió durante años, en el que los militares aprovecharon su autoridad, las amenazas y los recursos del Ejército para someter a mujeres de la población civil.
El tribunal también rechazó uno de los principales argumentos de las defensas: que las relaciones sexuales habían sido consentidas. Para los jueces que respaldaron el fallo, las agresiones ocurrieron en un contexto de intimidación y desigualdad de poder que impedía hablar de consentimiento libre.
La Corte abordó, además, las dificultades para probar delitos sexuales ocurridos décadas atrás. Señaló que no corresponde exigir testigos presenciales de violaciones cometidas dentro de bases militares y que los testimonios de las víctimas deben evaluarse considerando el contexto de violencia y las demás pruebas reunidas.
Este reconocimiento resulta especialmente importante para las sobrevivientes de Manta y Vilca, que tuvieron que repetir sus testimonios durante años, mientras las defensas cuestionaban sus relatos.
Siete condenas confirmadas
La Sala Penal Transitoria confirmó las penas de diez años de prisión contra Rufino Donato Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Amador Gutiérrez Lizarbe, Arturo Hernán Simarra García y Lorenzo Inga Romero. También ratificó los doce años impuestos a Sabino Rodrigo Valentín Rutti y los seis años a Pedro Chanel Pérez López.
En el caso de Arturo Simarra, quien fue jefe de la base militar de Manta, la Corte modificó su responsabilidad penal de cómplice primario a autor mediato, al considerar la autoridad que ejercía sobre el personal militar.
Respecto de Epifanio Delfín Quiñones Loyola, el tribunal anuló la condena y ordenó realizar un nuevo juicio por deficiencias en la valoración de las pruebas. Esto no significa que haya sido absuelto. En cuanto a Raúl Ángel Pinto Ramos, la acción penal quedó extinguida debido a su fallecimiento en mayo de 2024.
Otro aspecto central del fallo es la decisión de dejar de aplicar al caso dos leyes aprobadas por el Congreso: la Ley 32107, que establece restricciones para la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos antes de determinados compromisos internacionales del Perú, y la Ley 32419, que concede una amnistía a determinados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por hechos relacionados con el conflicto armado interno.
La mayoría de los jueces consideró que estas normas son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Por ello, decidió no aplicarlas en este proceso.
El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria emitió un voto discrepante. Consideró que debía aplicarse la Ley 32107 y declararse prescrita la acción penal.
Una sentencia histórica para las sobrevivientes
Tras conocerse la resolución, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), organización que ha acompañado legalmente a las denunciantes, destacó que el fallo reconoce la gravedad de la violencia sexual ejercida contra las mujeres campesinas y su carácter de crimen de lesa humanidad.
«Es un triunfo de las jóvenes campesinas de Manta hoy convertidas en mujeres que siguen luchando por la justicia», señaló Rocío Silva Santisteban, directora de DEMUS, en un pronunciamiento publicado después de la decisión judicial.
Silva Santisteban comparó la importancia de esta sentencia con la del caso Sepur Zarco, en Guatemala, donde exmilitares fueron condenados por violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado de ese país.
Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL), que también ha patrocinado a las denunciantes, destacó en un pronunciamiento del 3 de noviembre que la sentencia constituye un precedente histórico porque reconoce que las violaciones sexuales fueron una práctica sistemática utilizada para intimidar a mujeres campesinas y quechuahablantes.
La organización señaló dos aspectos especialmente importantes: el reconocimiento de las agresiones como crímenes de lesa humanidad y la aplicación de criterios probatorios que toman en cuenta las particularidades de la violencia sexual cometida décadas atrás.
Carlos Rivera, coordinador del Área de Defensa Legal del IDL, también destacó que la Corte haya reafirmado la obligación de juzgar estos delitos conforme al derecho internacional.
Sin embargo, advirtió que los condenados podrían intentar acogerse a la ley de amnistía, por lo que todavía es necesario garantizar el cumplimiento de las penas.
Una lucha de más de veinte años
El camino judicial de las mujeres de Manta y Vilca empezó a tomar forma en 2002, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) llegó a sus comunidades para recoger testimonios sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. La comisión identificó a 24 mujeres víctimas de violación sexual entre 1984 y 1995, aunque el número real podría ser mayor.
Las consecuencias de aquella violencia también alcanzaron a sus hijos. Solo en Manta, la CVR documentó al menos 32 casos de niños y niñas cuyos padres eran militares que nunca los reconocieron. Algunas madres, que desconocían los verdaderos nombres de los soldados, llegaron a inscribir a sus hijos con apellidos como «Militar», «Moroco» o «Capitán».
Para Magda Surichaqui fue la primera oportunidad de contar abiertamente lo que había vivido. Explicó que quería denunciar al militar que la había violado, pero no tenía dinero para contratar a un abogado.
En los años siguientes, con el acompañamiento de DEMUS y el IDL, las mujeres comenzaron a organizarse. Magda recorrió viviendas buscando a otras sobrevivientes que estuvieran dispuestas a denunciar. Muchas se negaron por temor a las represalias o al rechazo de sus familias.
Finalmente, en 2007, nueve mujeres presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Huancavelica.
El proceso avanzó lentamente. Una de las mayores dificultades fue identificar a los militares destinados a las bases donde ocurrieron las agresiones. Los abogados de las denunciantes también cuestionaron las trabas que encontraron para obtener información del Ministerio de Defensa.
En 2016 comenzó un primer juicio oral, que posteriormente fue anulado. Las mujeres tuvieron que volver a declarar y recordar las agresiones que habían sufrido. Sus abogados denunciaron situaciones de revictimización, dificultades para contar con intérpretes adecuados de quechua y deficiencias en el acompañamiento psicológico durante las audiencias.
El segundo juicio comenzó en 2019 y se prolongó durante varios años, con interrupciones ocasionadas por la pandemia.
En junio de 2024, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a diez exmilitares. La sentencia fue impugnada y el caso llegó a la Corte Suprema, que ahora ha confirmado siete de esas condenas.
La resolución mantiene una reparación civil de S/100.000 para cada una de las seis agraviadas comprendidas en ese extremo del fallo, que deberá ser pagada solidariamente por el Estado y los condenados. También dispone que el Ministerio de la Mujer, mediante los Centros Emergencia Mujer, proporcione atención integral especializada a las sobrevivientes.
Pero todavía queda pendiente que las penas se ejecuten. Según declaró Carlos Rivera a La República el 31 de octubre, hasta entonces solo dos de los siete condenados habían sido detenidos.
