De su puño y letra y en el mismo mes, Francisco Alabí, ministro de Salud de El Salvador, ordenó hacer dos compras por un total de 400 mil protectores faciales con un sobrecosto de más de medio millón de dólares.
La primera orden, girada el 15 de abril, correspondió a la compra de 100 mil máscaras de plástico PET reciclado grado alimenticio, adquiridas a Insema SA de CV, la empresa propiedad de Jorge Aguilar, el funcionario público que encabeza el Fondo Ambiental de El Salvador, como documentó Salud con lupa el miércoles 17 de junio.
La segunda adquisición, hasta ahora desconocida, se hizo a la empresa SYGM Asesores, una sociedad mercantil con apenas seis meses de haber sido creada en el momento de la compra, a la que le realizaron un pedido de 300 mil caretas plásticas con idénticas características.
La orden 176/2020, hecha como parte de las compras de emergencia ante la pandemia de la COVID-19, especifica que los productos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: “Banda ajustable, con ranuras de ajuste, cubre cara y orejas, para uso biosanitario, desechable”.
Y fija la cantidad de piezas y el precio: 300 mil unidades, a 2.50 dólares cada una, para un total de 750 mil dólares, según se lee en el documento fechado el 25 de abril de 2020, donde se indica que debían tener disponibilidad inmediata y entregar el producto el día siguiente de recibir la orden de compra.
De acuerdo con la información del Centro Nacional de Registros, SYGM Asesores quedó inscrita como una sociedad anónima dedicada a la “consultoría empresarial”, con dirección Final calle Arturo Ambrogi 7ª, colonia Escalón.
Una visita de Salud con lupa al domicilio constató que en ese lugar no existe ningún rótulo que identifique que allí funciona una oficina de asesores empresariales. Al buscar en internet, tampoco se encontró un sitio web ni redes sociales de la empresa.
La orden de compra la firmó el ministro Alabí, por el Ministerio de Salud, y Joel Ernesto Martínez López por la compañía SYGM Asesores.
El pedido a SYGM tiene las mismas especificaciones técnicas y el código interno de registro de productos (70409114) que se ocupó cuando se hizo la primera compra de protectores reciclados directamente a Insema, propiedad de Jorge Koky Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el 15 de abril.
En total, el gobierno pagó un millón de dólares por los 400 mil protectores, es decir, 2.50 dólares por cada uno, pero una cotización de Insema solicitada por el equipo de Salud con Lupa ofrece las mismas máscaras a solo 1.13 dólares por unidad.
En plena emergencia sanitaria, y en un momento de extrema precariedad de recursos, el gobierno pagó un sobrecosto de 548 mil dólares.
La cotización recibida por Insema tiene fecha de 25 de mayo y en ella se ofertan los protectores faciales de 100% PET reciclado marca Invemask, los mismos que ha adquirido el Gobierno, con un precio de 1.13 dólares en un pedido de solo mil piezas.
La cotización, en la que se adjunta la imagen del producto, está firmada por María Fernanda Aguilar.
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La adquisición de las caretas se realizó cuando la Asamblea Legislativa ya había concedido al gobierno del presidente Nayib Bukele la declaratoria de emergencia, una condición que relaja los mecanismos de control en el uso de los fondos públicos con el propósito de agilizar las compras urgentes.
Los diputados, después de un tira y encoge con el Ejecutivo, lograron comprometer legalmente al Gobierno para que les entregue un informe mensual de las compras de emergencia realizadas.
El primer informe se entregó el 30 de abril y en él consta la compra a la empresa Insema, por un valor de 250 mil dólares, pero no menciona la adquisición de las otras 300 mil a SYGM Asesores por 750 mil dólares.
Hasta este viernes 19 de junio, los diputados de la Comisión Política aún no recibían oficialmente el segundo informe mensual de compras que la Ley de Emergencia dejó establecido como obligación para todos los ministerios involucrados en acciones contra la pandemia.
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Salud con Lupa reveló el pasado miércoles 17 de junio que Jorge Aguilar, presidente del Fonaes, se convirtió en contratista del Estado, lo que viola la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap) y la Ley de Ética Gubernamental.
Ahora se documenta también que la venta que la empresa de Aguilar hizo al Gobierno tuvo un sobreprecio de más de 121% respecto al valor comercial del producto adquirido por particulares.
Al comienzo de la pandemia, Bukele anunció en cadena nacional de radio y televisión que, dado que fluiría mucho dinero para atender la crisis, había instruido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que destinara 60 auditores para que vigilaran el correcto uso de recursos. “Quien se robe un centavo, yo mismo lo voy a meter preso”, sentenció.
Ni presidente Bukele, ni Jorge Aguilar, quien acaba de anunciar su interés en ser candidato a alcalde de Santa Tecla, uno de los municipios más importantes del Área Metropolitana de San Salvador, han reaccionado públicamente a las revelaciones.
El único funcionario que ha hecho referencia a las compras ha sido el ministro de Salud, Francisco Alabí. “En el caso de la adjudicación de las caretas se ha solicitado un estudio y recopilación de datos sobre este caso en particular”, expresó dos horas después la publicación del reportaje., aunque él fue la persona que firmó las órdenes de compra en ambos casos.
Sin control de precios
Como parte de la investigación periodística de Salud con Lupa, se solicitó a Parque Industrial Verde, la marca comercial con la que se promociona Insema, varias cotizaciones con el objetivo de comparar los precios al público y de mayoreo.
En un post de Instagram del 13 de abril, dos días antes de que se concretara la venta al Ministerio de Salud, Parque Industrial Verde ofrecía a 400 dólares las 240 unidades. Es decir, 1.88 dólares por unidad, 62 centavos más baratas que las vendidas al Gobierno, que no compró 240 máscaras, sino 100 mil.
En la última cotización enviada al equipo de Salud con Lupa, el 25 de mayo, el precio de mayoreo ya había bajado a 1.30 dólares si se compraban 300 unidades. Y disminuía a 1.13 dólares si el pedido era de más de mil piezas.
Esta cotización fue firmada por María Fernanda Aguilar, encargada de ventas de la empresa, y es la misma persona que firmó por los contratistas la orden de compra directa que hizo el ministro de Salud Francisco Alabí a Insema el 15 de abril.
Como parte de las reformas a la Ley de Emergencia aprobadas el 23 de marzo, las transacciones comerciales de productos y medicamentos necesarios para el combate a la pandemia fueron eximidas del pago de impuestos aduanales, municipales y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No aparecían las máscaras faciales, pero son parte del equipo de protección personal fundamental para el personal de primera línea.
Por eso es que ambas órdenes de compra incluyen un precio sin pago de IVA de parte de los proveedores y, además, se hace referencia a que se están tomando en cuenta los lineamientos de la Unidad de Compras y Adquisiciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda, que flexibilizaron los procesos de publicidad y competencia para las compras directas.
Se precisa también que se están costeando con dinero proveniente del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
La ley del Fopromid elimina algunos requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Pública (Lacap) cuyo propósito es garantizar transparencia y libertad de competencia en las adquisiciones del Estado.
Un abogado salvadoreño especialista en derecho público consultado por Salud con Lupa duda de la legalidad de esa disposición, y otro abogado, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, dice temer que incluso haya una violación a la Constitución. “Esas transferencias que se han hecho al Fopromid tengo dudas de si resistirían un examen de constitucionalidad”, dijo Rodolfo González.
Los protectores faciales han quedado fuera de la lista del control de precios de la Dirección de Protección al Consumidor a pesar de que se han convertido en un producto esencial como parte del equipo de protección personal.
Durante el mensaje que transmitió en la cadena de radio y televisión del 18 de marzo, el presidente Bukele ordenó a la Dirección de Protección al Consumidor que estableciera límites de precios para todos los productos dedicados a prevenir la enfermedad.
“Necesito que auditen todas las carteras de Estado, pero sin cortar la velocidad de las compras… porque va a fluir mucho dinero demasiado rápido”, instruyó Bukele aquella noche al encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).
El comisionado de la CICIES no ha emitido ningún informe público de su trabajo. Lo entregará primero al jefe que lo instruyó a contratar 60 auditores para verificar los procesos de inversión y compras en esta emergencia, es decir, al mismo presidente Nayib Bukele.
