Unas 66 personas, entre las que figuran alcaldes y exalcaldes, han sido vacunadas en forma irregular en la ciudad de Iquitos, una de las más golpeadas por la pandemia de la covid-19 en el Perú, según una denuncia realizada por el Gobierno regional de Loreto.
Iquitos, capital de Loreto, recibió un lote de 5.850 vacunas de Pfizer para inmunizar a sus adultos mayores en cinco lugares establecidos, pero 66 dosis fueron aplicadas en las oficinas de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Entre los beneficiados figuran los alcaldes de la provincia de Maynas, Francisco Sanjunjo, y del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez.
Asimismo, los exalcaldes Joiner Vásquez Pinedo y Jorge Monasí Franco, quienes son funcionarios del Gobierno regional. "Necesitamos conocer quiénes fueron los que tuvieron este beneficio sin que les corresponda todavía", declaró el gobernador regional, Elisbán Ochoa, en una entrevista con RPP Noticias.
El gobernador regional confirmó que han abierto una investigación a los integrantes del comité de vacuna "porque definitivamente ellos tomaron esa decisión, poco responsable". A raíz de esta denuncia, la Defensoría del Pueblo pidió a la Diresa de Loreto iniciar una investigación exhaustiva ante presuntas irregularidades en el proceso de vacunación a personas adultas mayores.
Expresidente y exministras vacunados
Las vacunaciones irregulares en el Perú se destaparon en el fragor de la actual campaña electoral cuando el expresidente y actual postulante al Congreso, Martín Vizcarra, dijo que se había vacunado con las dosis del laboratorio chino Sinopharm como supuesto voluntario de sus ensayos en el país.
El equipo a cargo de los ensayos confirmó que acudió a Palacio de Gobierno, en octubre pasado, a inocular al mandatario y a su esposa, pero que utilizó las dosis enviadas para inmunizar al equipo de investigación.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso investiga actualmente la vacunación de Vizcarra, así como la de las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, como parte de un grupo de funcionarios de ambos ministerios que también fueron inoculados irregularmente.
El presidente de la subcomisión legislativa, Carlos Pérez, dijo que la investigación debe concluir en una semana, tras la cual será votada en el grupo y de ahí será enviada al pleno del Congreso para que los involucrados ejerzan su defensa y se decida si serán acusados e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
