Esta es la primera entrega de una investigación colaborativa entre El Foco y Salud con Lupa.
Rosario Paz Puelles se coloca cuatro cubrebotas, tres guantes, un mameluco, un gorro, dos mascarillas, lentes y un protector facial. Protegida así, ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, donde alrededor de 60 profesionales de medicina, enfermería, técnicos, nutricionistas y terapistas cumplen turnos de 24 horas para atender a pacientes en estado crítico por la infección de Covid-19.
“Muchos se privan de comer y tomar agua, porque una vez que te pones el uniforme no puedes ir al baño. He visto personas que incluso han usado pañal para ingresar”, relata la médica intensivista. Pero esas incomodidades son un problema menor frente al riesgo de exponer sus vidas cada día para salvar las de otros. Por eso fue una sorpresa amarga conocer que este hospital, ocupado casi completamente en casos Covid-19, no había sido incluido en el padrón de vacunación.
El 9 de febrero, trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) recibieron un comunicado interno de la Gerencia de Gestión de Personas, donde se mencionaba que en las próximas horas solicitarían la incorporación de los hospitales obviados del padrón. Esta información fue desautorizada poco después por la Oficina de Relaciones Institucionales. En un nuevo comunicado, indicaron que el proceso de vacunación está siguiendo todas las pautas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa) y están haciendo las coordinaciones para que todo el personal de primera línea sea vacunado. Ninguna línea sobre los hospitales excluidos del padrón. En ese momento, eran cuatro. El Hospital Guillermo Kaelin, el Hospital Barton del Callao y dos establecimientos en Áncash: el Hospital II de Huaraz y el Hospital III de Chimbote.
Rosario Paz y sus colegas sienten que no existen para el gobierno. Más aún al ver fotografías de personal en otros centros de salud que están siendo vacunados sin ser necesariamente de primera línea. “He visto en la misma publicidad de la Presidencia la foto de una médica auditora recibiendo la vacuna, cuando los médicos auditores no tienen contacto con pacientes”, comenta. Mientras tanto, del total de personas trabajando en UCI, emergencias y hospitalización en el Hospital Guillermo Kaelin, solo unos pocos se han vacunado porque trabajan también en otros centros de salud.
Jamille Pasco Ulloa, médica intensivista del Hospital Alberto Barton, en el Callao, confirma a Salud con lupa y El Foco que ella y sus colegas tienen el mismo problema. No entienden por qué no fueron incluidos en el padrón si ellos son quienes están en primera línea. Jamille se dedica a monitorear a los pacientes, manejar su situación respiratoria, prevenir y tratar infecciones, intubar y extubar a los enfermos graves y muchas veces, dar a los familiares noticias duras, tratando de mantener el ánimo. “La vacuna es importante para nuestra protección, pero también es un asunto emocional”, dice. Como ella, el personal que labora con pacientes con Covid-19 llega a casa con temor de abrazar a sus hijos, a quienes ven poco, pues regresan agotados por el trabajo. Su indignación también es por ellos. “No solo somos médicos, somos personas como el resto de la gente. Y si pedimos las vacunas es sobre todo para seguir trabajando, para atender a la gente que está sufriendo”, expresa Jamille. Es el mismo sentimiento de Rosario. “Si nosotros seguimos vivos, podemos ayudar a más gente”, explica.
Poco antes de la llegada del primer lote de vacunas de Sinopharm a nuestro país, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que estas dosis serían destinadas al personal de salud más expuesto. “Hemos podido identificar a aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos como las primeras personas que se encuentran en la lista”, comentó en RPP. Esas palabras incumplidas suenan casi a burla para el personal que quedó fuera del padrón de vacunación luego de haber trabajado en las UCI de sus respectivos hospitales desde el inicio de la pandemia.
Se calcula que en el Perú existen 700 médicos intensivistas y alrededor de 2 mil enfermeras especializadas para atención en UCI. Estos profesionales, sumados a los auxiliares, terapistas, nutricionistas, personal de laboratorio y de limpieza trabajan en las áreas encargadas de los pacientes con Covid-19 en estado más crítico. “Nosotros hemos salvado a miles de personas y nos exponemos a diario. Realmente es injusto”, dice Rosario Paz.
El 11 de febrero, el equipo en la UCI del Hospital Guillermo Kaelin difundió una foto tomada durante su guardia, mostrando carteles de protesta. Cuatro días después, la indignación se mezcla con el desaliento. El sábado 13 de febrero arribó a nuestro país un segundo lote con 700 mil vacunas de Sinopharm, pero siguen sin saber si esas dosis llegarán a ellos. Peor aún, se manifiestan abatidos por la falta de comunicación por parte de EsSalud y Minsa. Hasta el momento ninguna autoridad del sector sanitario se ha expresado directamente sobre sus casos.
Ni públicos ni privados
Los hospitales Guillermo Kaelin y Alberto Barton pertenecen a la Red Rebagliati y a la Red Sabogal de EsSalud, respectivamente. Sin embargo, funcionan bajo el modelo de asociaciones público privadas y son gestionados por las sociedades operadoras Villa María del Triunfo SAC y Callao Salud SAC, pertenecientes a IBT Group.
Desde la gerencia general de estos consorcios, el 8 de febrero llegó al correo de los trabajadores de Guillermo Kaelin y Alberto Barton un mensaje que les informaba que se ha coordinado con EsSalud para la vacunación en ambos complejos hospitalarios. “Se ha logrado que todos los colaboradores de la organización sean vacunados en nuestros propios centros, de acuerdo con el cronograma y listas nominales que determine el Minsa”, se lee en el comunicado. Un día después, otro mensaje de la gerencia afirmaba que ambos hospitales habían sido considerados por EsSalud dentro de su padrón general. Sin embargo, como ya se conoce, no figuran en el padrón oficial del Minsa.
¿A qué se debe esa exclusión? De acuerdo al comunicado interno de EsSalud, que luego fue desautorizado por otra oficina de EsSalud, el padrón generado por el Minsa no consideró la propuesta inicial del seguro social que priorizaba al personal de áreas críticas. Sin embargo, no daba una explicación sobre la situación particular de Kaelin, Barton y los dos hospitales de Áncash.
Una hipótesis que manejan médicos del Hospital Guillermo Kaelin es que la exclusión está relacionada con su condición de asociación pública privada. Según la versión que refieren profesionales contactados por Salud con lupa y El Foco, inicialmente Kaelin y Barton estaban siendo incluidos como parte de EsSalud pero la Contraloría General de la República observó el hecho de que eran “hospitales privados” y por eso el Minsa ya no los consideró. Consultamos con las áreas de prensa de EsSalud y la Contraloría sobre la veracidad de esa versión, pero no recibimos respuesta. Lo cierto es que actualmente, de los cuatro establecimientos de EsSalud a los que no se entregó ninguna vacuna, Kaelin, Barton y el Hospital III de Chimbote continúan sin solución.
Investigación por ausencias en el padrón
En el segundo día de vacunación a nivel nacional, el 10 de febrero, personal del Hospital II de EsSalud Huaraz realizó un plantón en protesta por la exclusión de su establecimiento de trabajo del padrón de vacunación. Tampoco se había considerado al Hospital III de Chimbote, que alberga a 9 de los 12 médicos intensivistas que hay en todo Áncash. La rabia se hizo más grande al saber que las vacunas de Sinopharm sí habían llegado a la Clínica San Pablo, e incluso Ramón De la Cruz, gerente regional de EsSalud, se unió al pedido de una explicación por parte del Minsa. Después de todo, se trataba de los dos establecimientos donde se atienden la mayoría de casos de Covid-19 en Áncash.
Un día después de las protestas, se conoció que el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo, había firmado un oficio informando del envío de 232 vacunas para el Hospital II de Huaraz el día viernes 12 de febrero. Ese mismo día, el Ministerio Públicó informó que el equipo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación sobre la distribución de vacunas en la región, haciendo caso a las protestas ocurridas en dicho establecimiento. Sin embargo, el hospital en Chimbote continúa sin vacunas y según medios locales, habría 450 trabajadores del área Covid-19 dejados de lado.
La Contraloría General de la República, que supervisa el proceso de vacunación a nivel nacional, confirmó el pasado viernes que el padrón inicial de vacunación presenta inconsistencias. En una nota de prensa, precisaron que sus auditores reportaron falta de actualización del padrón en 15 regiones del país, lo que había ocasionado que se incluya a personas que no laboran en los establecimientos de salud, que están de licencia o que trabajan de manera remota, además de omitir a personal que trata directamente casos Covid-19. Pero no se comunica explícitamente sobre la situación del personal de salud en hospitales que fueron excluidos en su totalidad. “¿Cómo creen que nos sentimos, metidos ahí (en la UCI) sin vacunas, solo para salir y ver que afuera sí se vacunan a otros? Algunas enfermeras ya no quieren entrar, pero siguen por vocación, porque los pacientes no tienen la culpa”, lamenta la médica intensivista Rosario Paz.
Hoy, a la molestia por la vacunación a personal administrativo por encima de los trabajadores de primera línea contra la Covid-19, se suma la indignación por los funcionarios del Estado que recibieron vacunas de Sinopharm fuera de los ensayos clínicos en nuestro país. Esto fue revelado por el periodista Carlos Paredes, quien sostuvo que el expresidente Martín Vizcarra se inoculó la vacuna en experimentación de Sinopharm de manera secreta, por fuera del ensayo clínico. Sin embargo, Vizcarra aseguró haber sido voluntario del ensayo a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero fue desmentido por la institución. Luego, se sumaron las declaraciones del viceministro de Salud Luis Suárez y de la canciller Elizabeth Astete, quienes admitieron haber recibido las dosis y renunciaron a sus cargos. Esto después de que la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, renunciara a su cargo debido a las presiones del Congreso por la vacunación irregular de Vizcarra. Todo en la primera semana de vacunación contra la Covid-19 en el país.
Días antes de que se conocieran estos hechos, Rosario Paz comentaba con ironía que mientras la primera línea protestaba por las vacunas, el país parecía estar en otras cosas. “Imagino que no somos importantes. Pero mientras todo pasa afuera, somos nosotros quienes salvamos vidas todos los días”, asegura.
