Los hospitales de Evo Morales que no han servido en la pandemia

El 28 de marzo de 2016, el expresidente Evo Morales llegó a la comunidad de Tolata, a 32 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, para colocar la primera piedra en el terreno donde se construiría el Instituto Nacional de Oncología, uno de los más grandes centros especializados para atender casos de cáncer en Bolivia. Ese día prometió que estaría listo en 3 años y 8 meses para que los pacientes tuvieran al fin atención oportuna sin tener que viajar a otras ciudades. Pero ha pasado más de un año de la fecha establecida para el término de las obras y en ese terreno solamente encontramos un cartel con la imagen del exmandatario en el suelo.

En realidad, el instituto oncológico nunca se empezó a construir y la ceremonia de inicio de obras fue un acto de buenas intenciones y publicidad oficial. En ese momento, el gobierno dijo que había firmado un contrato con la empresa austríaca Vamed Engeneering GmbH por US$ 105 millones para la construcción, equipamiento y manejo del hospital. Pero durante esta investigación, Salud con lupa conoció que el documento que la entonces ministra de salud, Ariana Campero, y un representante de la compañía firmaron fue sólo un acta de entendimiento para las cámaras que luego fue desechada.

Cinco meses después de aquella ceremonia en Tolata, el Ministerio de Salud firmó un contrato con Elevolution Engenharia para hacer el hospital, pero el diseño tuvo observaciones y esta empresa tampoco llegó a hacer la obra. Por eso, en mayo de 2019, el gobierno tuvo que ejecutar una boleta de garantía por US$ 20.289.000 millones, lo que generó un juicio contencioso con esta constructora portuguesa en la Corte de la Magistratura para la cancelación definitiva del contrato. Hasta ahora, según los reportes del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), lo único que se tiene del Instituto Oncológico de Tolata es un expediente jurídico. Se sabe que la misma empresa ahora en conflicto se adjudicó también el hospital de Trinidad en el 2015 y dejó las obras a medias en el 2018.

El Instituto Nacional Oncológico de Tolata es una de las 54 obras que figuran en el Plan de Hospitales para Bolivia, lanzado en septiembre de 2015 por Evo Morales. La necesidad de mejorar la infraestructura de salud en nueve departamentos del país era urgente y el gobierno prometió encargarse de hacer una histórica inversión como parte de la Agenda Patriótica 2025, como se denominó al proyecto de desarrollo para el bicentenario.

Este plan fue uno de los caballitos de batalla con los que Morales buscó su reelección en 2016 y una de las promesas que sus opositores más criticaron por la improvisación de las obras a pesar de la envergadura del gasto público comprometido: US$ 2 mil millones. Para conseguir parte del dinero Bolivia se endeudó con el Banco Mundial por US$ 300 millones y con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 275 millones. Además, el gobierno recaudó US$ 1.000 millones con la emisión de bonos soberanos en mercados internacionales.

Para el 2020 se esperaba que el país tuviera una red hospitalaria renovada, con suficientes camas, equipos y profesionales sanitarios para responder ante cualquier emergencia como una pandemia. Pero el Covid-19 llegó a una Bolivia donde los hospitales modernos siguen siendo una promesa y los enfermos en estado crítico no tienen dónde conseguir atención médica oportuna.

Para este reportaje, Salud con lupa hizo una base de datos con la información que recogió sobre el estado de cada una de las obras incluidas en el Plan de Hospitales para Bolivia. Así conoció que de los 54 hospitales proyectados, solamente nueve fueron construidos y están en funciones, como describimos en la infografía adjunta.

Durante nuestra revisión encontramos también diez hospitales que sí llegaron a construirse en varios departamentos con una inversión total de US$ 61 millones, pero actualmente no reciben pacientes por falta de equipamiento y de personal de salud. Entre ellos figuran los establecimientos José de la Reza, Punata y Capinota, ubicados en la ciudad de Cochabamba; Plus Madre Obrera, LLallagua, Ocurí y Colcha K, en Potosí; Culpina, en Chuquisaca; y Ascensión de la Frontera, en Santa Cruz.

Varias de las empresas responsables de las obras que fueron contactadas para este informe argumentan que no finalizaron las obras porque el Ejecutivo no hizo los desembolsos de dinero comprometidos.

Hay otros ocho hospitales que aún están en construcción pese a que debieron ser entregados hace más de un año e implican una inversión de US$ 311 millones. Mientras que veintisiete proyectos hospitalarios siguen en fase de estudio o en proceso de licitación. Ahora, en la emergencia por el coronavirus, el enorme desorden administrativo con el que se manejó el plan de hospitales se tendría que incluir entre los factores que aceleraron el colapso del sistema de salud boliviano en la pandemia.

Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el país tenía antes de la pandemia 430 camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los hospitales públicos, privados y servicios de las Cajas de Salud. Con esta infraestructura solamente se llegaba a cubrir el 35% de la demanda de atenciones. El 60% de camas correspondía al sector privado y el resto a los servicios de la seguridad social y el sector público.

Con la llegada del Covid-19, los bolivianos que no tuvieron dinero para atenderse en una clínica lamentaron que la mayoría de hospitales públicos prometidos no estuvieran en funciones para salvar sus vidas. Solo en junio, cuando empezaron a subir exponencialmente los casos, cincuenta personas fallecieron porque no pudieron conseguir una cama en cuidados intensivos.

Bolivia acumula 130.000 personas contagiadas de Covid-19 desde marzo pasado, cuando se registraron los primeros casos, y se ubica en el cuarto lugar de los países con las más altas tasas de mortalidad: 72 muertes por cada 100.000 habitantes. Según los reportes oficiales, 8.262 bolivianos fallecieron a causa del coronavirus hasta los primeros días de octubre.

Las entidades responsables del Plan de Hospitales para Bolivia son el Ministerio de Salud y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). Ninguna ha rendido cuentas aún sobre los problemas en el plan de hospitales con el argumento de que la ejecución de las obras no fueron decisiones del actual gobierno. Tampoco se han iniciado investigaciones fiscales y administrativas a ex autoridades y a ejecutivos de las constructoras por los incumplimientos en los contratos.

Luis Arce, exministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales y actual candidato presidencial, señaló que al menos once hospitales de los proyectados debieron ser entregados en marzo de este año y responsabilizó al actual gobierno de que no estén terminados y operativos. “Pudieron haberse utilizado en la lucha contra la pandemia”, indicó sin dar mayores cuentas sobre la responsabilidad de la gestión en la que fue funcionario público.

Varias empresas constructoras justifican los retrasos de las obras con la falta de cumplimiento del calendario de pagos. Esta respuesta nos dio la compañía española JOCA, que se adjudicó la construcción y el equipamiento del hospital de Coripata, en La Paz, a mediados de 2018, por un monto de 15 millones de dólares La obra debía entregarse a finales de 2019, pero se encuentra aún a la mitad.

"El hospital de Coripata está en construcción, aún no se terminó y básicamente es por la falta de pago del Estado. Es una obra sencilla y cuanto antes la finalicemos mucho mejor para nuestra empresa", señaló Domingo García, gerente general de JOCA.

Esta no es la única licitación que se adjudicó esta empresa española en Bolivia. Se encarga también del tranvía metropolitano de Cochabamba. Los trabajos están paralizados y con avance menor al 50% de la infraestructura planificada pese a que debía hacerse una entrega parcial este mes.

Cochabamba es el departamento con la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta del país. En el 2019 debía estar listo el hospital Villa Tunari, en la zona del Chapare, pero las obras recién están a la mitad y no pudo servir como una sede para la atención de pacientes en la crisis por el coronavirus.

El proyecto hospitalario en Villa Tunari representa una inversión de US$ 75 millones, pero ha sido cuestionado por su distante ubicación del resto de servicios de salud de la zona. Se supone que fue planificado para ayudar a descongestionar el hospital Viedma, de 136 años de antigüedad, pero la obra se encuentra a 163 kilómetros de la ciudad.

Si el hospital Villa Tunari hubiera estado listo antes de la pandemia, Cochabamba tendría 200 nuevas camas hospitalarias y un helipuerto. Según el director del Servicio Departamental de Salud, Yercin Mamani, recién estará en funciones en junio de 2021. La empresa austriaca Vamed Engineering GmbH es responsable de su ejecución.

La segunda obra entregada a esta misma empresa es el hospital Santiago II, de la Caja Nacional de Salud de El Alto. Una primera parte fue inaugurada en abril de este año y se habilitaron 120 camas para responder a la emergencia sanitaria. Sin embargo, su capacidad llegó al límite en julio, cuando se tuvieron 138 pacientes con necesidades de hospitalización, explicó su director, Patricio Gutiérrez.

Vamed Engeneering GmbH también es la ejecutora del hospital de tercer nivel de Trinidad, en el departamento de Beni. En 2019, esta empresa asumió la responsabilidad de una infraestructura que inicialmente fue entregada a la compañía Evolution, que dejó inconclusa la obra por tres años debido a problemas de administración, según información publicada por el diario Página Siete.

Cuando tomó las riendas del proyecto, Vamed se comprometió a entregar en 24 meses la obra valorizada en US$ 68.5 millones, pero tampoco la terminó. En agosto de este año, el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, desembolsó recursos a la empresa para retomar las obras del hospital del departamento donde nació. Según un reporte oficial, se le entregó US$ 11.52 millones para que reinicie los trabajos.

El hospital de Beni se ha diseñado para ser un servicio con 125 camas de internamiento, 60 de cirugías, 13 de terapia intermedia y 7 de terapia intensiva. Además, se construirán cinco quirófanos y se habilitarán 22 consultorios con equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Por ahora, en plena pandemia, los habitantes de este departamento solo cuentan con el hospital Germán Busch que ha tenido escaso personal médico para responder a la emergencia.

“Si el gobierno de Evo Morales hubiera priorizado la salud en los 14 años que estuvo en el poder, los resultados de la pandemia no serían tan trágicos”, indica la asambleísta Lizeth Beramendi sobre la construcción de hospitales que no tomaron en cuenta las necesidades reales de cada departamento.

En los últimos diez años, Bolivia sólo se enfocó en construir hospitales de alta complejidad para responder a las enfermedades y olvidó la inversión en los centros del primer nivel de atención, donde podrían prevenirse e identificarse en forma temprana las dolencias de sus habitantes, explica el especialista en infraestructura en salud, Jaime Catacora.

En la pandemia, los abandonados centros primarios de salud no pudieron apoyar en el rastreo y el diagnóstico temprano de enfermos de Covid-19. Eso explica en parte la escalada de contagios y la alta tasa de mortalidad que ni la estricta cuarentena dispuesta por el gobierno interino pudo contener en el momento más crítico.

“Muchas vidas pudieron salvarse de haber tenido las condiciones para responder en la emergencia. Pero el virus llegó a un país donde ocho millones de habitantes no tenían garantizado el acceso a la salud por las grandes brechas y limitaciones de los servicios sanitarios”, dice el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres.

Otro problema desatendido que evidenció la crisis por el coronavirus es el escaso personal de salud disponible a pesar de que el país estaba en procesos de fortalecer su red hospitalaria. Según el Colegio Médico de Bolivia, hacen falta 15.000 plazas de salud para responder a la demanda de atenciones. De ese total, 6.250 son puestos para médicos, 5.000 para enfermeras y 3.750 para auxiliares de enfermería.

El Ministerio de Salud no abrió nuevas plazas en años con la justificación de que no se contaba con suficiente presupuesto. Otra decisión que evidencia la falta de planificación y el desorden administrativo aún cuando se consiguieron importantes préstamos con organismos internacionales para el sector salud. Ahora todos los bolivianos pagan con sus impuestos una deuda por hospitales que no pueden usar en el momento que más los necesitan.