Una sala judicial de Buenos Aires ordenó esta semana al Gobierno de la Ciudad que entregue equipos de protección a los pacientes de los cuatro hospitales psiquiátricos de la capital argentina para evitar el contagio de COVID-19 y que se garantice su derecho a comunicarse con sus seres queridos.
El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz. En este documento se lee que las autoridades no sólo deben resguardar el derecho a la salud y a la integridad de los pacientes sino también “condiciones de vida digna, acceso a la información, mantenimiento de los vínculos afectivos y eventuales necesidad de asistencia profesional”.
Un reportaje publicado el 20 de junio por Salud con lupa y el diario Perfil, como parte del Programa Lupa en América Latina, expuso cómo las pacientes del hospital Braulio A. Moyano quedaron aisladas de sus familias y allegados desde el 20 de marzo debido a las restricciones de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.
El hospital psiquiátrico tuvo que restringir las visitas y muchas de las pacientes no tienen celulares o WiFi para comunicarse con sus seres queridos. En el informe periodístico también informamos cómo el personal del hospital debe hacerse cargo de gastos básicos de las pacientes como objetos de aseo personal; y que las mujeres internadas no disponen de alcohol en gel para cumplir con las medidas sanitarias esenciales.
Por eso, la justicia porteña ordenó que se provea a los pacientes de mascarillas y otros insumos de protección. Según el fallo, el acceso a teléfonos y WiFi “se vincularía a dos derechos que revisten suma importancia en la vida de las personas con padecimientos mentales: “el acceso a la justicia” (poder comunicarse con sus representantes legales y defensores) y “el derecho a la familia” (que incluye lazos y contención socio afectiva).
El fallo también resalta que el hospital Tobar García cuenta con WiFi del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero el Moyano “hace 8 meses que no cuenta con líneas telefónicas externas, a pesar de los reiterados reclamos del hospital y el Ministerio de Salud”. Otro de los puntos de la resolución se refiere a la necesidad de un protocolo sanitario específico para pacientes con problemas mentales en casos de COVID-19. La causa se originó con un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
