Una ministra con sangre de empresaria

En la web del Ministerio del Interior, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sonríe. Las dos primeras líneas del texto tipo perfil que acompañan su fotografía rezan que es “la primera mujer en ocupar ese cargo en el país”. También citan sus cargos políticos y, entre esos, que fue congresista desde 1998 hasta 2010.

Pero no hay huellas de la subgerencia que ocupa en Principia Médica SAS, ni de su membresía como fundadora del Banco de Sangre Hemolife, una fundación que reportó $19 mil millones en ventas a finales de 2017; menos que su esposo es el presidente del banco de sangre, que a su vez contrata bajo figuras de régimen especial y convenios con hospitales y empresas prestadoras de salud (EPS). Huellas que sí están en los documentos públicos y oficiales de ambas entidades.

Como ministra, Gutiérrez figura en dos acuerdos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) que parecen favorecer a Principia, la empresa con la cual está relacionada. Aunque en uno de los Conpes se declaró impedida, Gutiérrez figura en el documento aprobado.

En el caso de Principia Médica, la ministra aparece en las actas y documentos registrados en la Cámara de Comercio y en el Registro Único Empresarial (RUES) como subgerente desde el 27 de febrero de 2017 hasta la fecha. Mientras que su esposo Miguel Germán Rueda figura como el único accionista desde julio de 2013 hasta hoy.

En la fundación Hemolife ambos son fundadores. Gutiérrez ingresó oficialmente el 7 de diciembre de 2012 y renunció días antes de asumir el Ministerio del Interior. “Expreso mi pesar por tener que retirarme de la Fundación Hemolife, por cuanto asumo responsabilidades públicas que limitarán mi tiempo, lo que resulta incompatible con la dedicación que exige ser parte del Consejo de Fundadores”, escribió la ministra el 23 de julio de 2018.

Antes de encontrarse en las empresas, Gutiérrez y Rueda comenzaron a convivir en el 2009 y se casaron en el 2012.

El doctor Rueda fue director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en 1999 hasta el 2001 cuando pasó a ser viceministro de salud. Luego fue representante legal de Epsifarma, farmacéutica de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Saludcoop, en tiempos del depuesto presidente Carlos Gustavo Palacino, investigado por presuntamente desviar miles de millones de pesos públicos de la salud para la construcción de clínicas privadas y el multimillonario resort Villa Valeria en Restrepo, Meta.

Principia un carrusel

La historia en los documentos comerciales y públicos indica que Principia Médica fue creada en enero del 2008. Inicialmente se llamaba Inversiones DJM SA. Hemolife, que se dedica a fines no lucrativos, entre ellos la donación de sangre y la comercialización de glóbulos rojos, los glóbulos rojos filtrados, irradiados, las plaquetas, el plasma fresco y congelado, fue fundada en 2009.

Ambas parecen funcionar como una especie de carrusel: Principia es una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) que comparte con Hemolife no solo al esposo de la ministra Gutiérrez.

La compenetración de ambas entidades está plasmada en el objeto social de Principia: “podrá representar firmas comerciales, industriales ya sea dentro del ramo propio de los negocios de la empresa o en otros diferentes al mismo, nacionales y/o extranjeras”. Entre otros siete puntos. ¿Cómo se ve esto en la práctica?

Entre las actividades de Principia está importar insumos del mercado de la sangre de China (bolsas de sangre y dispositivos médicos) y obtener los registros sanitarios ante el Invima. Hemolife, por su parte, usa bolsas de sangre y aparatos tecnológicos importados parecidos a los que trae Principia Médica.

El carrusel gira cuando, por ejemplo, Hemolife redistribuye sus beneficios en la compra de elementos tecnológicos, entre los que provee Principia, como el que está en la página web de Hemolife llamado Plaquetaféresis, marca Nigale-Sichuan Nigale Biomédical. “Hemolife cuenta con la mejor tecnología actualmente dispone (sic) para la recolección de plaquetas por aféresis de una manera segura y eficiente”, reza en la pestaña que promociona la tecnología de Hemolife. Da la casualidad que ese dispositivo médico fue importado por Principia Médica SAS y el registro en Invima también está bajo esa compañía.

Una prueba más. En el acta 22 de 2016 de Hemolife plantearon el “incremento en la utilización de la tecnología Nigale”, la misma del Plaquetaféresis importado por Principia. Acto seguido, tomaron la decisión en esa misma acta de distribuir $177 millones de excedentes de la fundación Hemolife en activos fijos.

Y la última decisión sobre reinvertir los beneficios de Hemolife en tecnología fue propuesta en el balance del 2018 por el esposo de la ministra, el que es, a su vez, el único accionista de Principia Médica: “El presidente [Miguel Germán Rueda] propone a la reunión ordinaria del Consejo de Fundadores reinvertir el beneficio neto del ejercicio del año 2018 en compra y reparación de elementos tecnológicos necesarios para la operación del Banco de Sangre”, según el acta 35 de marzo del 2019. La propuesta fue aprobada.

Todos los caminos parecen indicar que parte de los dineros de Hemolife fluyen hacia Principia Médica bajo la inversión en tecnología que constantemente hace la fundación. No es su único cliente ni el único objeto social, también está “la venta de toda clase de medicamentos y en general toda clase de productos y/o insumos para uso en la industria farmacéutica y hospitalaria”.

Sea como fuere, dineros de ambas entidades han ido y vuelto a través de créditos. Al revisar el informe de gestión de 2017 de Hemolife se encuentra que Principia también le sirve de prestamista: “Se cancelaron en su totalidad los créditos originales (...) con Principia Médica por 202.500.000”.

Cuando se destapan las cartas de la empresa Principia Médica y la fundación Hemolife estas resultan compartir algunos socios fundadores, algunas personas en las representaciones legales, en los registros de importación y los registros ante el Invima. Aunque no siempre ocupan los mismos cargos en ambas empresas ni al mismo tiempo.

Hasta ahí no parecen tener relación con las farmacéuticas. No obstante, si se revisa a fondo la fundación y la empresa se abre un ramillete de sociedades conectadas a través de un doctor llamado Carlos Sepúlveda y de Nelson Hernán Delgado.

Cuestión Pública, como parte de la serie regional La salud en la mesa del poder, ha encontrado que Sepúlveda es el hombre camaleón del doctor Rueda y la ministra: hizo parte de la junta directiva de Principia Médica en febrero de 2009, luego pasó a ser parte del consejo fundador de Hemolife y es el actual representante legal. Es bajo su nombre que se firman los contratos y convenios con los hospitales.

A su vez, figuró como representante legal de otra empresa llamada Thomaston Colombia SAS, compuesta por Thomaston Financial Group Inc., firma con sede en Panamá dedicada a actividades inmobiliarias. Su nombre también brilló como gerente suplente de Europack System. Fue representante legal de la farmacéutica Saluspharma y quien tramita algunos registros sanitarios del Invima para esa empresa es su fórmula Nelson Hernán Delgado.

Sepúlveda también le donó dineros a la campaña de un candidato de Cambio Radical, aspecto que se desarrollará más adelante.

El carrusel se expande con Sepúlveda en el ramillete de empresas farmacéuticas que también resultan tener relación con Hemolife. En uno de los apartes del informe de gestión del 2017 de Hemolife titulado: “Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores”, consta que Thomaston le prestó a Hemolife en calidad de “socio, accionista o administrador” $67 millones. El informe no precisa cuál de las tres figuras es la que corresponde con Thomaston.

Del Congreso a los medicamentos

En el 2007, desde la presidencia del Senado, Gutiérrez promovió el proyecto de ley 1166 de 2007, “por medio del cual se aprueba el tratado modificatorio del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia-Estados Unidos”, firmado en Washington junto con el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez.

Dicho acuerdo incluía “la promoción del acceso a medicamentos para todos, en particular los casos relativos al VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, así como situaciones de suma urgencia o de emergencia nacional (...)”.

El apoyo que Gutiérrez brindó desde el Congreso a la venta de medicamentos para el tratamiento del VIH, entre otras enfermedades de alto costo, le traería años después beneficios a las otras empresas relacionadas con Hemolife y con Sepúlveda, que terminaron solicitando registros sanitarios de medicamentos para el VIH, tal y como se contará a continuación.

En el 2011, Sepúlveda solicitó ante el Invima el registro sanitario del fármaco Lamivudina, que sirve para tratar a los pacientes con VIH y hepatitis B. Lo hizo en representación de Saluspharma SAS, cuando aún se llamaba Europack. Para ese año, Sepúlveda ya era fundador de Hemolife.

El registro fue negado. Pero cuatro años después, en 2015, Saluspharma SAS insistió y tuvo éxito, esta vez con el Tenofovir, que sirve para lo mismo. Fue su compañero de fórmula Nelson Delgado quien figuró en el registro del segundo medicamento. Para ese año, además de continuar con sus labores de miembro del consejo de fundadores de Hemolife, Sepúlveda también constituyó en 2012 la empresa Thomaston, en la que también figura Delgado.

Los contratos públicos y Saludcoop

La Constitución Política de Colombia prohíbe que funcionarios públicos celebren contratos con el Estado a nombre propio o a través de intermediarios. Tras la renuncia de la ministra a ser parte del consejo de fundadores del banco de sangre, su esposo el doctor Rueda funge como presidente en consejos directivos de Hemolife. En Principia Médica, como ya se contó, sigue siendo el único accionista.

Cuestión Pública encontró en el sistema de contratación Secop que por las venas de Hemolife corren casi $500 millones en una decena de contratos y convenios con hospitales y empresas sociales del Estado (ESE), celebrados entre 2015 y 2019.

Siendo ministra, Hemolife celebró dos contratos con el hospital San Rafael de Facatativá para suministrar hemocomponentes, el 21 de agosto de 2018 y el 11 de enero de 2019, por $80 millones. Otro con el hospital Susana López de Valencia de Popayán, por $40 millones. Todos mediante contratación de Régimen Especial. Todos firmados por el doctor Sepúlveda, su representante legal a la fecha.

En marzo de 2019, el doctor Rueda, en calidad de presidente del consejo de fundadores de Hemolife, propuso modificar los estatutos con el fin de celebrar contratos para suministrar hemocomponentes y medicina transfusional sin límite de cuantía. La propuesta que fue aprobada en esa misma reunión.

¿Hemolife puede contratar con hospitales públicos, pese a que el esposo de la ministra tiene voz y voto para proponer decisiones como contratar sin límites de mínima cuantía y ser el que preside en ocasiones el consejo de fundadores?

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 8 prohíbe que los cónyuges de los funcionarios públicos contraten con el Estado y lo considera una inhabilidad e incompatibilidad.

Dirán que quien firma los contratos es Sepúlveda y no el doctor Rueda, pero José Roberto Acosta abogado experto en temas de salud dice que hay una “omisión grave” de información: “Estamos frente a una grave conducta de omisión por parte de la Ministra al no revelar, cómo exige la Ley 1434 de 2011, su abierto conflicto de intereses con Hemolife, lo cual deberá ser disciplinado por la Procuraduría y judicializarlo por la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien debería abrir además una investigación para establecer un posible tráfico de influencias en la contratación descrita con entidades públicas y la empresa Hemolife”.

Y si por las venas de Hemolife corren dineros de contratos públicos, por las arterias circularon miles de millones de pesos de Saludcoop, la EPS inmersa en escándalos porque sus dueños desviaron presuntamente dineros públicos de la salud para proyectos propios.

Para 2014 y 2015 “el rubro que más pesó en la caída de los excedentes [de Hemolife], fue el castigo de la cartera provisionada por $1.835.828.358, representada principalmente en Saludcoop por $1.708.163.245”, según consta en el acta 22 de 2016, que registra el balance del año anterior. “Para el año 2016 la gerencia se ha propuesto a trabajar en temas puntuales como: recuperación de la cartera de Saludcoop; en la medida de lo posible, reemplazo de las ventas de Saludcoop”.

Después de la que llegó a ser la EPS más grande de Colombia, el cliente más representativo de Hemolife pasó a ser Esimed, otra prestadora de servicios de salud pero de clínicas privadas. Esimed está compuesto por las clínicas que Medimás le compró a Cafesalud (antes del grupo Saludcoop). “Los clientes más representativos en ventas, fueron el Grupo Esimed y el Grupo Compensar”, según consta en el informe de gestión del 2017 del banco de sangre Hemolife.

En ese mismo informe cuentan que Hemolife pasó de tener $17.322 millones en ventas a $19.329 millones en 2017, lo que incrementó sus ingresos operacionales en un 11,59%. Para ese momento Nancy Patricia Gutiérrez aún hacía parte del consejo de fundadores y en agosto de 2018 sería nombrada ministra del gabinete del presidente Iván Duque.

Los negocios y la política electoral

Cuestión Pública encontró que en el 2010 Principia Médica SAS le donó $5 millones y Carlos Sepúlveda $1,5 millones a Rodrigo Lara Restrepo cuando intentó ser senador por primera vez. Aquel año, Lara y Gutiérrez pertenecían al mismo partido político: Cambio Radical.

Lara –hijo del Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia asesinado por el narco Pablo Escobar en 1984– perdió esas elecciones y pasó a ocupar el cargo de presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asomóvil). Cuatro años después, tras los aportes de campaña de la empresa Principia Médica a Lara, Nancy Patricia Gutiérrez heredó el puesto de Lara en Asomóvil cuando éste logró llegar al Senado en el 2014.

Un año después, Nancy Patricia Gutiérrez recurrió a sus contactos en el sector de la salud para recoger dinero para su campaña a la Gobernación de Cundinamarca. En los registros de Cuentas Claras consta que Laboratorios DAI de Colombia le aportó $10 millones y Thomaston de Colombia SAS (la misma que le prestó los $67 millones a Hemolife en calidad de “socio, administrador o accionista”), otros $20 millones.

Fundada en Venezuela, Laboratorios DAI brinda servicios de banco de sangre y exámenes clínicos. Le sirve de referencia a Hemolife en la Cámara de Comercio y aparece mencionada en Hemolife en el balance de 2015: “En cuanto a los ingresos operacionales, estos disminuyeron en un 58% con relación al 2014, debido a que este año no se dieron las compensaciones por falsos positivos que se dieron por parte de DAI en el 2014”.

En aquella misma campaña electoral a la gobernación, el esposo de Nancy Patricia Gutiérrez, el doctor Rueda, no figuró en las cámaras de televisión. En cambio, se hizo presente con aportes por $80 millones, según Cuentas Claras.

El conflicto de interés

En el ballet de Hemolife y la salud, la ministra parece dar varios giros. Ahora, desde su puesto público figura en dos Conpes que favorecen directamente a Hemolife y a Principia Médica. En uno se declaró impedida, pero en el otro no.

La primera semana de este año 2019, la ministra aprobó el Conpes 3956, que fijó los parámetros gubernamentales para la “Política de formalización de empresas”. En el documento hay un análisis detallado de cómo el Invima –la entidad que le entrega los registros sanitarios, entre otros, a Principia Médica y al doctor Sepúlveda– termina siendo muy incómodo para las empresas que solicitan los registros.

En consecuencia, en las recomendaciones del Conpes 3956 hay una especial para el Invima: “Solicitar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [Invima] implementar la segunda fase de la plataforma Invima a un clic para reducir los trámites y tiempo asociado con la expedición de los registros sanitarios”. Esta recomendación favorece directamente a Principia, la empresa del esposo de la ministra del Interior; además de Salus Pharma y Europack, todas relacionadas con Sepúlveda, el representante legal de Hemolife.

La ley 1434 de 2011 le exige a los funcionarios públicos declararse impedido por varias causales, entre esas: “Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”.

Dice la ley que el funcionario público que no se declare impedido podrá ser recusado.

“Su participación en el Conpes recuerda el caso de Néstor Humberto Martínez Neira con la Ruta del Sol II y la adición Ocaña-Gamarra, en la que están involucradas también las exministras Parodi y Álvarez por legislar en beneficio propio”, acotó el abogado Acosta.

En el Conpes 3957, el gobierno prevé destinar 179 mil millones de pesos para “tener mejores laboratorios y contribuir a mayor innovación en procesos y productos (...) que permitan el desarrollo de patentes”. También para “apoyar la competitividad de los productos nacionales al acceso a mercados internacionales e incrementar la diversificación y la sofisticación del aparato productivo nacional”. Objetivos que, en el caso de la ministra Gutiérrez, suenan a conflicto de interés.

De los 179 mil millones, 159 mil millones están destinados para “mejorar las capacidades técnicas de los laboratorios”. Cabe preguntarse: ¿También para los laboratorios privados como Hemolife, Salus Pharma y Laboratorios DAI? Pese a que Gutiérrez se declaró impedida en el Conpes 3957, en el documento oficial figura su nombre.

Días antes de la posesión, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez terminó la carta de renuncia a Hemolife así: “De esta decisión se desprende renunciar a la Secretaría General del Consejo Directivo [de Hemolife]. Deseo éxito en todas las hermosas tareas de la Fundación”.

La carta, junto con el acta en que consta la renuncia de la ministra, la radicó en la Cámara de Comercio Isabel Cristina Jiménez, la que hoy es la directora de Asuntos Legislativos del ministerio del Interior, su mano derecha en el Congreso y en Asomóvil.

La cereza

En el Congreso se debate y avanza un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que viene de la legislatura pasada. Éste busca que la donación de sangre en el país se mantenga voluntaria y no remunerada. En segundo debate, uno de los ponentes es el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De aprobarse el proyecto legislativo, Hemolife podrá asegurar y mantener vía ley la obtención de los hemocomponentes que comercializa a través de donaciones sin costo alguno como, en efecto, lo viene haciendo.

La cercanía entre la ministra y el expresidente data del segundo mandato de Uribe cuando ella era la presidenta del Congreso. Ahora, su nombramiento en el Ministerio del Interior se debe, en gran parte, por esa empatía uribista purasangre.

Nota del equipo de investigación: días antes de la publicación de este informe la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez fue consultada por parte de Cuestión Pública a través de su jefatura de prensa y de correo electrónico. Por ambas vías, el equipo de investigación le envió un cuestionario cuyas respuestas incluiremos tan pronto sean entregadas.

* Los datos sobre las estadísticas de las donaciones y los bancos de sangre fueron tomados del informe de 2018 de la Red Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud.