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Uno de los pilares para que el tratamiento con antirretrovirales tenga éxito es que las personas con VIH lo cumplan con disciplina y constancia. Sin embargo, en Perú esto es imposible para muchos porque sus medicinas no llegan a tiempo, se las entregan de manera fraccionada o, incluso, con fechas vencidas.  

El Seguro Social y Fosalud pagaron hasta menos de la mitad de lo que el Minsal desembolsó para adquirir protectores faciales de Insema, la empresa familiar de Jorge Aguilar, un funcionario del gobierno de Nayib Bukele que en junio fue separado tras las revelaciones de Salud con lupa.

La farmacéutica suspendió el ensayo clínico del antígeno contra el COVID-19 debido a que uno de los participantes sufrió "una enfermedad potencialmente inexplicable", informó un portavoz de la compañía.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó en una conferencia que el Gobierno ha facilitado los procesos de ensayos clínicos como parte de los compromisos para acceder a distintas alternativas de vacunas que logren inmunizar contra el COVID-19 en el menor tiempo posible al 60 % de la población del país.

Un reciente reporte de Amnistía Internacional alerta que México registra al menos 1.320 trabajadores del sector salud muertos a causa del COVID-19. Es el país del mundo que más bajas ha sufrido de personal sanitario en la primera línea de acción contra la pandemia.

Un equipo internacional de diecinueve investigadores propone suministrar la futura vacuna contra el COVID-19 con un criterio que priorice la reducción de las muertes prematuras. Su trabajo, publicado en la revista Science, se basa en un marco ético para su distribución que no tiene que ver con dar dosis proporcionales a cada población ni con poner primero al personal de salud o a los adultos mayores.

Una baja inversión en salud durante décadas, un sistema sanitario fragmentado y con déficit de médicos y camas, una informalidad generalizada y una población obesa son algunas de las razones que han confluido para que el Perú sea el país con la mayor mortalidad relativa del mundo por COVID-19.

La Secretaría de Comunicación del Poder Ejecutivo de Brasil dice que "invertirá en la producción de la vacuna contra el coronavirus”, pero no obligará a la población a vacunarse. "Nadie puede obligar a nadie a ponérsela", afirmó el presidente Bolsonaro.

A pesar de la urgencia por encontrar una vacuna contra el COVID-19, la OMS pide a las agencias reguladoras poner freno al uso prematuro de cualquier vacuna experimental "con un perfil de seguridad que no sea aceptable".

El Gobierno argumenta que el país tiene la más alta tasa de mortalidad en el mundo por COVID-19 al hecho de haber incluido la cifra de muertos sospechosos por la enfermedad en el conteo de fallecidos oficial.