La licitación para la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia de Tarapacá, al extremo norte de Chile, dejó una serie de dudas respecto a los criterios que se utilizaron para adjudicar estos millonarios contratos. Solo se invitó a dos empresas, una particular y una agrupación religiosa, a la abultada licitación cerrada. Ninguno de ellos tenía experiencia ni giro comercial en el rubro de la venta al por mayor de alimentos.
El contrato a la banquetera Lorena Barrientos Ramírez, quien solo aparece con pequeños contratos anteriores por coffee breaks con entidades estatales, terminó develando algunas de las irregularidades en la compra de cajas de alimentos. Fue ella misma a través de Facebook, después de que un contacto la felicitara por haber ganado este contrato, quien explicó que solo había prestado el nombre, pero era otra empresa la que estaba armando las cajas: C&A Eventos. “Yo no estoy haciendo las cajas es cya eventos, yo presté el nombre… No he recibido ni un peso al respecto”, dijo en esa red social el 18 de junio, pero después borró el comentario. Eso sí, Contraloría alcanzó a registrar la “confesión”.
La subcontratación fue objetada por Contraloría, ya que C&A Eventos está impedida de realizar contratos con el Estado debido a una deuda en el boletín laboral.
C&A Eventos además fue la empresa que según Contraloría, se encargó del contrato entregado a la YMCA, por 6 mil cajas, por lo cual en ese caso también la asociación cristiana solo habría “prestado el nombre”.
Otra empresa favorecida en los contratos de las cajas de alimentos en Tarapacá fue DID producciones, conocida en Iquique por la organización de eventos, pero sin experiencia en venta de abarrotes. De hecho, amplió su giro comercial para incorporar ese rubro 20 días después de adjudicarse el trato directo con la Intendencia.
Todo lo anterior está detallado en un informe de Contraloría con fecha 22 de julio, en el que ese organismo no da curso a las resoluciones de la Intendencia para los contratos, a pesar de que las cajas ya habían sido adquiridas y pagadas por el Gobierno Regional.
Pero hay otra vinculación que no está en los informes de Contraloría. DID producciones es la empresa que realizó los cierres de campaña electoral, el año 2017, de la actual senadora por Tarapacá Luz Ebensperger y del diputado Ramón Galleguillos, según los informes de gastos en el Servicio Electoral. En total, estas autoridades le pagaron $10.686.000 a DID en ese momento. La senadora Ebensperger y el actual intendente de Tarapacá -Miguel Ángel Quezada- son del mismo partido: la UDI, mientras que el diputado Galleguillos es de RN. Todos de Chile Vamos, la alianza gobernante.
No es la única irregularidad detectada al revisar la documentación relativa a estas contrataciones. En los correos enviados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia de Tarapacá invitando a participar a las empresas, llama la atención que el escrito a la banquetera Lorena Barrientos está dirigido a [email protected], que pertenece a C&A Eventos, la empresa que estaba inhabilitada de realizar contratos con el Estado. Incluso uno de los mensajes enviados por la Intendencia a esa casilla, y en que se adjuntan los logos que se deben pegar a las cajas, está dirigida a un “Juan Carlos”, nombre que coincide con el de uno de los dueños de C&A Eventos: Juan Carlos Araya.
Actualmente el Ministerio Público, tras una denuncia interpuesta por el diputado Hugo Gutiérrez, el consejero regional Pedro Cisternas y el concejal Matías Ramírez, inició una investigación por hechos que podrían revestir caracteres de delitos.
El fiscal regional de Tarapacá Raúl Arancibia, declaró que “dada la gravedad de la denuncia, decidí que fuera la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de esta Fiscalía Regional la que asumiera la investigación, y en específico será el fiscal Juan Zepeda quien la estará liderando. Él, junto a un equipo de la Policía de Investigaciones, deberán esclarecer si existen o no delitos en los hechos denunciados y quiénes podrían haber participado”.
En el marco de esta investigación además se revisaron los precios pagados por las cajas de alimentos. Mientras en la primera contratación se pagó más de $50 mil por caja (siendo la más cara la ofertada por Lorena Barrientos a $52.500), posterior a los cuestionamientos de Contraloría se realizó otra licitación, la que fue ganada por la empresa E-Food, con experiencia en venta de alimentos. En esta se pagó $36.500 por cada una de las cajas.
Eso sí, la lista de productos de la primera entrega (cuestionada por Contraloría) y la segunda (adjudicada por E-Food), difieren en algunos artículos. La entrega de E-Food tiene un kilo de azúcar menos, un kilo de legumbres menos, y no incluye un tarro de jurel y una mermelada de 250 gramos. Pero lo compensa con otra serie de productos que incluso superan en precio a los que se omitieron: un tarro de atún, seis sobres o cremas de 50 gramos, un tarro de fruta de 400 gramos, un cereal de 300 gramos, un paquete de 16 unidades de toallas femeninas y tres unidades de preservativos.
Se le enviaron consultas para conocer sus versiones a DID producciones, Ciudad Eventos, Lorena Barrientos y a la Intendencia Regional, pero no hubo respuesta de parte de ellos.
En el caso de la YMCA, la organización está vinculada directamente al intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, quien formó parte de su directorio hasta el 5 de marzo de 2018. A su vez, Quezada mantiene una sociedad comercial con Juan Ignacio Salgado Magna, quien es miembro del actual directorio de la asociación.
Solo la YMCA contestó a las preguntas enviadas en el marco de esta investigación.
El presidente de YMCA Iquique Juan Torres reconoció que el intendente Quezada “perteneció por muchos años a la YMCA. Él renunció a esa condición en 2018, en el momento que es nombrado intendente”.
Al ser consultado sobre si otra empresa (C&A Eventos) habría ejecutado el contrato adjudicado por la YMCA, Torres respondió que “YMCA, de acuerdo con lo establecido en el convenio con el Gobierno Regional, ejecutó todas las fases del proyecto. Contrató servicios y proveedores; controló y supervisó la logística de armado de cajas; atendió las auditorías permanentes de la Contraloría y el Gore; realizó un exhaustivo control en terreno de la distribución y verificó el cumplimiento riguroso de la trazabilidad de las cajas entregadas; realizó informes y las rendiciones correspondientes, aceptadas sin observación. Todo en un rango de 20 días”.
También se enviaron preguntas a los parlamentarios que tuvieron contratos anteriores con DID producciones (empresa beneficiada con la adquisición de cajas de alimentos en Tarapacá), la senadora UDI Luz Ebensperger y el diputado RN Ramón Galleguillos.
Galleguillos enfatizó que “yo no he influenciado en nada (en la contratación de DID). Porque el intendente es UDI y yo soy Renovación Nacional. Y hoy día ambos partidos tienen constantemente diferencias. Eso hace que las personas no tengamos buenas relaciones”.
De parte de Ebensperger, no hubo declaraciones.
