En 2023, el Congreso aprobó la ley del canon hídrico, inspirada en las demandas de comunidades de Huancavelica, pero hasta hoy no se aplica: carece de reglamento y enfrenta trabas que la Autoridad Nacional del Agua no ha resuelto. Mientras el agua trasvasada de las lagunas altoandinas sostiene a productores, abastece a ciudades y nutre el acuífero explotado por la agroexportación en Ica, pueblos alpaqueros siguen cargando con los daños y con la tarea de preservar las cuencas de origen sin recibir compensación alguna.