Entre 2022 y 2024, el Estado debía destinar más de S/ 1,200 millones para la compra de alimentos a los agricultores familiares. Sin embargo, menos del 1% de esos recursos llegaron realmente a ellos. En su lugar, colegios públicos, ollas comunes y guarderías están recibiendo productos procesados, provenientes de empresas que han sido sancionadas.
La falta de interés del Midagri y los programas sociales en aplicar la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar favorece a empresas de productos procesados. Un equipo de Salud con lupa estuvo en Junín y Huancavelica con campesinos y cooperativas que, pese a su esfuerzo, chocan contra un sistema que los excluye.
Entre 2021 y 2024, Cadisel y Procesadora de Alimentos del Centro, empresas de los hermanos Castro Yangali, ganaron contratos por más de S/ 389 millones con Qali Warma en Junín, Huancavelica y Lima a pesar de haber vendido conservas contaminadas, falsificar documentos y estar involucradas en una intoxicación de escolares con leche en mal estado. Sólo en enero de este año ya se adjudicaron más de S/ 90 millones en desayunos.
En las áreas naturales protegidas del Perú, más de 900 guardaparques dedican su vida a cuidar la biodiversidad. Pero, a pesar de su entrega, trabajan en condiciones precarias y sin derechos laborales reconocidos. Incluso con cerca de treinta fallos judiciales a su favor, el Estado sigue dándoles la espalda. Este reportaje cuenta la historia de Graciela Hilares y Agustín Vásquez, quienes han pasado décadas protegiendo la naturaleza sin recibir el reconocimiento ni la seguridad que merecen.
Miles de peruanos con diabetes dependen de la insulina, un medicamento de alto costo que no suele estar disponible en farmacias del Estado. Esta situación los obliga a gastar entre el 10% y 20% de un salario mínimo para comprar sus dosis del mes y a usar menos de la que necesitan. A pesar de que Perú otorga beneficios tributarios a las farmacéuticas que venden insulina, su precio no se ha reducido.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador y Nicaragua por obligar a tres niñas sobrevivientes de violencia sexual a ser madres, marcando un hito global en derechos reproductivos. Las sentencias ordenan garantizar el acceso al aborto seguro, combatir la violencia sexual y reparar a las víctimas.
Perú entrega licencias de pesticidas de carácter indefinido y no suele revisar evidencia actualizada sobre los riesgos y daños de las sustancias.Por eso, Syngenta puede vender aquí 42 pesticidas prohibidos en la Unión Europea y en Suiza, además de cinco sustancias vetadas en China.
Esta investigación colaborativa muestra evidencias de cómo el dinero de la industria tabacalera llega a organizaciones que promueven los cigarrillos electrónicos en América Latina. Expone también que integrantes de las asociaciones de consumidores de vapeadores en Perú y Colombia son en realidad comerciantes de estos productos.
La hiperconexión nos acerca, pero también nos atrapa. Jonathan Haidt analiza cómo las redes sociales han moldeado a una generación con más ansiedad y menos bienestar, y ofrece ideas para recuperar el equilibrio en un mundo digital.
Detrás de los problemas con drogas de muchas mujeres, hay historias de violencias y conflictos emocionales que las llevaron a depender de ellas. Pocas aún buscan ayuda o tardan en pedirla por miedo al estigma. En Perú, los 248 centros de salud mental comunitaria han abierto unidades de prevención y control de adicciones donde más de cuatro mil personas reciben tratamiento, pero aún hace falta que se adapten a las necesidades de las usuarias.
Desde comunidades nativas de Loreto y Amazonas, siete becarios de la Red de Comunicadores por la Salud de la Amazonía reportan en podcast y videos las historias que amenazan las condiciones de vida de sus pueblos.
