Vacunagate:

El investigador principal del Ensayo Clínico Fase III de Sinopharm de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Eduardo Ticona, no sólo se vacunó irregularmente, a espaldas de la población. También arrastró a su familia y a los trabajadores de su empresa, Tropical Levir S.A.C que, como consta en los registros del Instituto Nacional de Salud, ha realizado varios ensayos clínicos en el pasado, como la reducción del tratamiento de la tuberculosis pulmonar de 6 a 4 meses. Haciendo uso de su influencia directa, Ticona vacunó a su esposa Rocío Huaroto Valdivia, administradora de Tropical Levir; a su cuñada Luz María Huaroto Valdivia, quien figura como gerente general; y a su hijo, César Ticona Huaroto, también doctor, quien se presenta como investigador de Tropical Levir.

Además de ellos fueron beneficiados cuatro trabajadores de la mencionada empresa: Wendy Guevara Condorhuamán, Paola Rondán Guerrero, Raquel Muguruza Pineda y Víctor Chávez Pérez.

Pero no solo es Tropical Levir el nexo que los conecta. Tanto Eduardo Ticona, como su esposa Rocío Huaroto Valdivia y Víctor Chávez Pérez forman parte del staff médico del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Germán Málaga, el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pasó de despertar aplausos por liderar el Ensayo Clínico Fase III de Sinopharm a mancillar su honra. No solo vacunó en Palacio de Gobierno al expresidente Martín Vizcarra y a su entorno (su esposa Maribel Díaz Cabello y su hermano mayor César Vizcarra Cornejo) en secreto. Además autorizó que 40 personas fueran inoculadas con tres dosis de la vacuna de Sinopharm. Según él, para reforzar la inmunidad de aquellos pacientes que no generaban anticuerpos con dos dosis. Sea como fuere, en el momento en que Málaga dio la orden, en septiembre de 2020, la vacuna de Sinopharm no era una vacuna aprobada sino un producto en investigación.

Málaga, al igual que Ticona, inmunizó a su familia. A su esposa Ana Francisca Zúñiga Rivera, a su cuñada, la ingeniera, Pamela Zúñiga Rivera y a su hija Ariana Málaga Zuñiga. Esta última, de 22 años, reside en Europa y solo vino a Lima, a fines de diciembre de 2020, para recibir la vacuna.

Málaga, quien fue suspendido de sus funciones por la Universidad Cayetano Heredia, inoculó a una serie de personajes que nada tenían que ver con el proyecto, bajo la fachada de consultores o, simplemente, invitados. La más notoria: la politóloga Cecilia Blume, una conocida lobista. ¿La razón? Según dice, para conseguir fondos para construir su propia Unidad de Cuidados Intensivos.

El infectólogo Eduardo Gotuzzo es uno de los más reputados científicos que sucumbieron a sus intereses personales durante la pandemia. Era uno de los frecuentes doctores que consultaban los medios de comunicación para entender la evolución del coronavirus. Gotuzzo formó parte del comité de expertos que asesoró al Ministerio de Salud respecto a sus políticas sanitarias. Sin embargo,su organización de investigación por contrato, Gotuzzo Asociados S.A.C, fue contratada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para supervisar el Ensayo Clínico Fase III de Sinopharm. Es decir, era juez y parte.

Además de Gotuzzo, gerente general, fueron vacunados ocho trabajadores de la empresa, entre ellos su esposa Oliva Elías de Gotuzzo. La lista continúa con Michelle Real Ludowieg, Andrea Nomura Sakata, Jenny Torres Almerco, María Duffoo Rosales, Marjorie Guerrero Vergara, Cristina Leguía Alegría y Paloma Verne Ugarte. Esta última, por cierto, es hija de la médico cirujano Claudia María Teresa Ugarte Taboada, directora general de la Dirección General de Personal de Salud del Minsa.

Suiza Lab, uno de los laboratorios más grandes del Perú, con diez sedes en el país y 25 años de experiencia en el rubro, es otra de las instituciones privadas que sacó ventaja del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm. Suiza Lab fue designada para analizar los exámenes clínicos de los 12 mil voluntarios del ensayo. Es decir, todo lo concerniente a pruebas serológicas y moleculares, así como análisis de sangre y orina.

Pero así como Suiza Lab asumió tamaño encargo, su gerenta general, Claudia Gianoli Keller se preocupó por aprovechar su posición para vacunar a su plana mayor y a sus familiares. Fueron inoculados sus hijos Christopher Wiegering Gianoli, gerente comercial de la empresa; Daniel Wiegering Gianoli, socio del laboratorio; Sergio Orellana Marambio, el gerente administrativo quien a su vez vacunó a sus hijos Fabrizio Orellana Aznaran y Fhariddy Orellana Aznaran.

También se favorecieron: Carlos López Méndez, Santiago Villegas Cárdenas, Yuleysi Quispe Ruiz, Yakelin Gonzales Campos, Gary Valqui Espinoza, Flor Perales Rojas, Yemina Jordan Schwarz, Evelyn Salcedo Burga y Ronald Maguiña Putpañi. A ellos se les suma dos personas relacionadas al exesposo de Claudia Gianoli: Emily Moses Wiegering e Isabela Moses Bessa.

El médico cirujano Alejandro Aguinaga, exministro de Salud durante el fujimorato, y actual candidato al Congreso por el partido Fuerza Popular, es uno de los vacunados irregularmente en su condición de consultor. Así es como figura en la lista entregada por Germán Málaga, investigador principal del ensayo clínico. Aguinaga, quien como se sabe es el médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, ha defendido el hecho alegando que en varias ocasiones ha estado expuesto.

No obstante, aun cuando el informe presidido por Fernando Carbone ya ha sido emitido, no se sabe el tipo de consultoría que brindó Aguinaga. “Estamos esperando los anexos”, ha dicho el secretario general del partido, Luis Galarreta. Lo cierto es que el plazo otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones para las renuncias de los candidatos venció el 10 de febrero. Por tal motivo, Aguinaga solo sería juzgado en un proceso interno.

Aguinaga, de 71 años, también consiguió que vacunaran en secreto a su esposa Fabienne Sonia Weber, quien en su momento participó activamente del Comité de Damas del Congreso de la República.

En abril de 2020, apenas un mes después de haberse decretado el Estado de Emergencia, el Instituto Nacional de Salud conformó un Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación (CNTEI) que sería decisivo en esta historia. Fueron sus integrantes quienes finalmente dieron el visto bueno para que Sinopharm llevara a cabo la tercera fase de sus ensayos de la vacuna en el Perú. Fueron ellos quienes validaron el diseño científico del estudio.

Ada Roxana Lescano Guevara, la secretaria técnica de este comité, vio enlodada su imagen, cuando se descubrió que su hermano, Guillermo Lescano Guevara, y su esposa, Kelika Anne Konda, figuraban en la lista de vacunados en secreto. Konda integraba el Comité de Monitoreo y Seguridad de Datos del ensayo clínico. Una vez develado el conflicto de interés, Ada Roxana Lescano presentó su carta de renuncia.

Otros beneficiados del Instituto Nacional de Salud fueron Luz Paola Quevedo Ramos, exasistente de Alta Dirección de la Jefatura del INS y a su vez esposa de Luis Tasayco Gonzales, auxiliar administrativo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

Decepcionada e indignada. Esas fueron las primeras sensaciones de Tania Rosalia Rodas Malca, congresista de Alianza para el Progreso, cuando se enteró que su esposo, Manuel Alipio Cedano, doctor del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, figuraba entre los vacunados. Pero no solo él, sino también la hija de Cedano, Claudia Elizabeth Cedano Burga.

“Me siento traicionada. Ha hecho esto a espaldas mías. ¿Por qué ha expuesto su vida? ¿Cómo se pudo haber puesto una vacuna que ni siquiera tenía un registro sanitario?”, declaró la congresista Rodas en aquel entonces. Pero Rodas no es una parlamentaria más. Ella perteneció a la Comisión Especial de seguimiento a la covid-19. “Yo no aparezco en ninguna lista, eso que quede bien en claro. Trabajo visitando hospitales y poniendo en riesgo mi vida y salud”, señaló enfática. A pesar de lo que pueda decir, un nexo, a todas luces, ineludible.

Aunque las declaraciones de la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, donde denota indolencia (“no podía darme el lujo de caer enferma”), es lo que más se ha insertado en la memoria colectiva, existe un funcionario que ha tenido un papel protagónico en el Vacunagate: Jorge Arturo Jarama Alván, exdirector de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tanto el doctor Málaga, como el Informe de la Comisión Carbone, lo han señalado como uno de los encargados de asignar el lote de vacunas por fuera del ensayo clínico formal. La forma cómo actuó Jarama no es muy diferente a la de los otros: también vacunó a su familia. A su esposa, Darlene Mendizábal Quiñones, a su cuñado Víctor Mendizábal Quiñones y, además, a su suegra Violeta Quiñones. Jarama, por cierto, formó parte de la Comisión Multisectorial sobre Vacunas y Tratamiento contra la covid-19.

Otros implicados que tuvieron que renunciar a sus cargos son Francisco Tenya Hasegawa, secretario general de Cancillería; Rafael Suárez Peña, cónsul general del Perú en Canadá; los ministros Manuel Augusto González Chávez, Javier Martín Sánchez- Checa Salazar y Jorge Efraín Lazo Escalante, y la servidora CAS Claudia Pamela Halabi Almeyda.

La química farmacéutica Sofía Salas Pumacayo, directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), es uno de los grandes alfiles del Vacunagate. Fue ella quien autorizó el permiso para importar un lote de un millón de dosis de la vacuna en enero de 2021, cuando se había vacunado previamente entre septiembre y octubre de 2020. Fue ella también quien dio su visto bueno, en agosto de 2020, para la “importación de productos complementarios” al ensayo clínico de Sinopharm. Se sabría después que esos productos complementarios no eran otra cosa que “donaciones” enviadas por Sinopharm para el Ministerio de Salud y la Universidad Cayetano Heredia. Ventiladores mecánicos, concentradores de oxígeno, termómetros, mascarillas y trajes de protección valorizados en US$ 861,040.

También figuran en la lista negra Cecilia Arrese Mogollón, asistenta de gerencia; Yuber Sucso Grandez, evaluadora; Yolanda Cortez Chaupin y William Oswaldo Cortez Mendoza, funcionario de la Dirección de Productos Farmacéuticos.

Todos ellos se vacunaron gracias a un sorteo realizado por Carmen Ponce Fernández, la directora general de Digemid. Un sorteo que, evidentemente, no fue público.

Cabe anotar que Lidia Castillo Solórzano, ejecutiva adjunta de Digemid, es hermana de Carlos Castillo Solórzano, el enlace en el reparto de vacunas entre el Ministerio de Salud y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Pilar Mazzetti, ministra de Salud en tres periodos y ministra del Interior en el segundo gobierno de Alan García, fue la primera funcionaria del Estado en poner su cargo a disposición a propósito del Vacunagate. Lo hizo antes a mediados de febrero, tan solo dos días después de asegurar que sería la última de su sector en vacunarse.

“Como corresponde, el capitán es el último en abandonar el barco”, declaró. Sus acciones, claramente, demostraron lo contrario. Mazzetti recibió las dos dosis en su casa entre el 12 de enero y el 6 de febrero. En tanto, Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública, se vacunó junto a su esposa, la neuropediatra Inés Caro; su hermana María del Carmen Suárez Ognio; sus hijos Juliet Suárez Caro y Luis Suárez Caro; y sus sobrinos Mario Acha Suárez y María de Fátima Acha Suárez. La justificación de Suárez Ognio: eran las personas a quienes podía contagiar debido a su alta exposición.

El mismo argumento emplearon otros funcionarios del Minsa para inmunizar a su familia. Tal y como ocurrió con la médica cirujana Gladys Ramírez Prada, Ejecutiva Adjunta II del Despacho Viceministerial de Salud Pública, quien benefició a su padre, José Ángel Ramírez Pareja, a su hermano José Carlos Ramírez Prada y tres de sus sobrinas, Gabriela Ramírez Arredondo, Mariella Ramírez Merida y Diana Ramírez Arredondo. Otra funcionaria es Rita Abanto Rojas, quien como jefa del Despacho Ministerial del Minsa vacunó primero a su hija Graciela Garay Abanto antes de recibir sus dosis.

Así como Jorge Arturo Jarama Alván coordinaba la asignación de las vacunas en la Cancillería, Carlos Castillo Solórzano era el enlace del Minsa. Castillo Solórzano era asesor de inmunizaciones, pero también hombre de confianza de Pilar Mazzetti. Tan es así que fue designado como su representante ante la Comisión Multisectorial encargada de seguir las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra la covid-19. Castillo Solórzano vacunó a su esposa Elena Vera el 9 de enero, un mes antes de que iniciara la vacunación del personal de primera línea a nivel nacional.

Otro caso que ha saltado a la luz es el de Mónica Pun Chinarro, quien integró la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, así como de la OPS/OMS. Pun Chinarro sacó ventaja para vacunar a su madre Julia Chinarro y a sus hermanos Juan Félix y Ana Patricia Yolanda.

Aunque Germán Málaga haya concitado la atención mediática, Hugo García Lescano es el otro gran personaje del Vacunagate. Es más, este experimentado investigador clínico fue el primer nexo con el laboratorio chino Sinopharm. García Lescano era coordinador del equipo de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pero también presidía el Laboratorio de Cisticercosis CBI del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN). Curiosamente se vacunaron en secreto investigadores ligados al INCN, como Javier Bustos Palomino; Danilo Sánchez Coronel, jefe del Departamento de Investigación y Atención Especializada; Luis Alejandro Laveriano Medina, tecnólogo médico; y Juan de Dios Altamirano Del Pozo, un jubilado del INCN que figura como consultor del estudio, como tantos otros.

Bajo la etiqueta de invitados, diversas personalidades ajenas al Ensayo Clínico Fase III de Sinopharm se inocularon un producto que todavía estaba en investigación. El principal: el expresidente Martín Vizcarra, junto a su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.

Se trata de 18 invitados entre los que también figura la politóloga Cecilia Blume; la exdirectora del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CD), Gladys Ramírez Prada y sus familiares; Washington Toledo Hidalgo, especialista en inmunizaciones del Minsa; el gerente comercial de Suiza Lab, Christopher Wiegering Gianoli y la doctora Ibire Lorena Hurtado Castro; y también los ministros embajadores, Jorge Efraín Lazo Escalante y Manuel Augusto Gonzales Chávez de Cancillería.

El Vacunagate ha manchado también el prestigio de dos centros académicos insignes en el Perú como lo son la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como hemos visto, fueron los investigadores principales de los ensayos en ambas partes quienes lideraron y permitieron esta vacunación irregular. Pero a Germán Málaga y García Lescano (UPCH) y Eduardo Ticona (UNMSM) se suman autoridades de la plana mayor de la universidad. Tal es el caso del rector de la Cayetano Heredia, Luis Fernando Varela Pinedo; el vicerrector de investigación, Alejandro Bussalleu River, y el vicerrector académico, José Ronald Espinoza Babilón. Todos ellos, por cierto, ya fueron removidos de su cargo. Algo que no ha sucedido en San Marcos, donde el rector Orestes Cachay aún permanece en su cargo a pesar de haberse vacunado con el lote extra. A pesar de las protestas quien también se ha atornillado a su puesto es el vicerrector, Felipe Antonio San Martín Howard.